Avizoran patrimonio destrozado
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El proyecto de ley, que propone reformar, entre otros, los artículos 27, 73 y 124 de la Carta Magna
Ciudad de México (22 mayo 2006).-
El proyecto de ley, que propone reformar, entre otros, los artículos 27, 73 y 124 de la Carta Magna, plantea que las entidades federativas y los municipios participen en la administración del patrimonio nacional, tarea que desempeña actualmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
"La equivocación de esta
El novelista y ensayista es una de las más de 200 personalidades de la cultura que firmaron el pasado viernes un comunicado dirigido a la opinión pública y a las cámaras de Senadores y Diputados para expresar su inconformidad con el dictamen llevado a tribuna por el senador priista César Camacho.
La carta, cuyo responsable es el pintor Gilberto Aceves
"Lo que está pasando con esta ley es que vamos a tener 33 nacioncitas encargadas de cuidar cada quién a su modo el patrimonio nacional, y esto es peligroso porque se despedaza el patrimonio", expresó el escenógrafo Alejandro Luna, también firmante.
Alfredo López Austin, investigador del Instituto de Investigaciones
Señaló que, de aprobarse, habría carta blanca, por ejemplo, para que las zonas arqueológicas se llenen de hoteles, que ya no respetarían limitaciones del INAH.
"Yo creo que es necesario pensar mucho más en la cultura nacional, y mucho menos en convertir todo en negocio", indicó López Austin.
El escritor Alberto Ruy Sánchez dijo que hay empresas internacionales que están luchando para que leyes como ésta les permitan
"Vicente Fox me dijo cuando era gobernador que una solución para el patrimonio arqueológico de México era darlo en concesión a Walt Disney, lo cual implicaba una idea muy de moda entre los economistas: que el Estado no tenga responsabilidad sino que sea la iniciativa privada la que pague el patrimonio; y que el Estado se lave completamente las manos", concluyó Ruy Sánchez.
Vía: Reforma
Por J. Jesús Esquivel
Tres organizaciones independientes demandaron al gobierno estadunidense para que no construya un canal que abastecería de agua a San Diego, California, a costa del manto del Valle de Mexicali. Dicho proyecto viola un tratado bilateral y la ley de Estados Unidos, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores no parece dispuesta a impugnarlo. El abogado de los inconformes dice que de esa forma el presidente Fox evita meterle ruido a la eventual aprobación de la reforma migratoria en el Capitolio.
WASHINGTON.- Con tal de que el Congreso de Estados Unidos apruebe una reforma a las leyes migratorias todavía en su sexenio, el gobierno de Vicente Fox estaría dispuesto a permitir que la administración Bush se robe 86.3 millones de metros cúbicos de agua en el Valle de Mexicali.
Incluso, el mandatario mexicano aceptaría los daños ecológicos irreparables que causaría a la zona la construcción del llamado Canal Todo Americano II (All American Canal II, AACII), señalan la comunidad de Mexicali, el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali (CDEM) y la organización no gubernamental estadunidense Ciudadanos Unidos por los Recursos y el Medio Ambiente (CURE, por sus siglas en inglés), que impugnaron judicialmente la pretensión de Washington.
“Es posible que el gobierno de México, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), no esté presionando a Estados Unidos porque no quiere hacer enojar al gobierno de Bush y pretende evitar complicaciones en el tema de la reforma migratoria”, señala en entrevista el abogado William J. Snape III, representante de las tres organizaciones que pretenden evitar la construcción de ese canal, mediante el cual se pretende abastecer de agua a la ciudad de San Diego, California, entre otros lugares.
“Políticamente es un punto válido, pero debe quedar perfectamente entendido por los mexicanos que Estados Unidos les quiere robar el agua y parecería que el gobierno de México lo va a permitir”, anota Snape. El litigio está en manos del juez federal Philip M. Pro, jefe de la Corte Federal de Distrito del estado de Nevada, quien en los próximos días dará a conocer su fallo.
El caso es complicado. México y Estados Unidos arrastran el problema desde 1994, cuando Washington anunció la construcción del primer canal, debido a que los derechos de propiedad de las aguas subterráneas no están estipulados en el Tratado de Aguas firmado por los dos países en 1944.
Sin embargo, los demandantes insisten en que la construcción del AACII es una violación de ese tratado por el gobierno estadunidense, que a su vez aprovecha las facilidades que le da la inacción de la SRE.
Y es que, a decir de Snape, el gobierno de Fox ha dado apoyo a las quejas por los posibles daños ecológicos y económicos a la población del Valle de Mexicali, e incluso la del Imperial County, pero la posición oficial mexicana es complaciente con Washington:
“Si miramos históricamente a esta situación, nos pone nerviosos la posibilidad de que la SRE esté buscando llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Aunque puede ser también que estén esperando ver cuál será el resultado del juicio”, matiza el abogado.
Por su parte, Gerónimo Gutiérrez, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, niega que el gobierno foxista permanezca inactivo en el caso por intereses políticos: “El tema ha sido abordado en múltiples reuniones de trabajo con todo tipo de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluso lo han abordado directamente los presidente Fox y Bush. Por ello, no comparto esa apreciación de los demandantes”.
Daños previsibles
Este semanario cuenta con copia de la carta que el 3 de marzo pasado le envió José Luis Luege, titular de la Semarnat, a Gale Norton, responsable del Departamento del Interior del gobierno estadunidense.
“Esta Secretaría –dice Luege– le ha manifestado y le reitera su preocupación respecto a este proyecto (AACII). Repetidamente hemos procurado un diálogo que permita alcanzar una solución bilateral al conflicto. Fue en ese sentido que hicimos entrega al Departamento a su digno cargo, de la información preliminar sobre los impactos previsibles para México por el revestimiento del Canal Todo Americano. Ahora observamos que el conjunto de documentos emitidos por dependencias del Departamento del Interior, al margen del diálogo propuesto, formula conclusiones con inconsistencias.”
Según el abogado Snape, dichas inconsistencias son las mentiras del gobierno de Bush sobre las conclusiones de los estudios de daño ecológico y económico en ambos lados de la frontera por el canal. El abogado le presentó al juez de la Corte de Nevada 35 estudios realizados por organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos y gobiernos locales acerca de tales efectos.
Sin embargo, en el litigio ante el juez Pro, el gobierno de Estados Unidos descarta que el proyecto pueda ocasionar la pérdida de zonas pantanosas, ponga en riesgo a miles de aves migratorias, incremente el paso ilegal a Estados Unidos de personas indocumentadas procedentes del Valle de Mexicali, o acabe con algunas especies vegetales, entre otras consecuencias.
Esta posición implica que la administración de George W. Bush incumple también el capítulo II del Acta de Acuerdos de los Derechos de Agua de los Indios de San Luis Rey, que lo obliga a compensar cualquier pérdida incidental de la vida marina, salvaje y silvestre por daños ecológicos derivados de la realización de trabajos como la construcción de un canal o de vías ferroviarias.
Continúa la carta de Luege a Norton:
“Como ejemplo de esas inconsistencias, le cito las afirmaciones del Buró de Reclamos o Recuperación (Bureau of Reclamation, BOR) –del Departamento del Interior– (Anexo B) y del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (Anexo C), de que no existen nuevas circunstancias o información relevante en materia ambiental relativa al proyecto o sus impactos, ello a pesar de que en el mismo documento manifiestan no tener datos ni haber procurado el acceso a sondeos o a la observación necesaria para evaluar cualquier efecto. Luego entonces, el documento del BOR formula conclusiones sin fundamento.”
Por otra parte, el Departamento del Interior del gobierno de Bush rechazó una petición de Proceso para entrevistar a Gale Norton. Mediante uno de sus voceros, la dependencia respondió que se trata de un asunto interno, por lo cual no hará ningún comentario mientras la corte no emita su fallo.
“No hay inconsistencia, y ya hemos realizado todos los estudios de impacto ambiental requeridos, por eso no compartimos el punto de vista del gobierno de México”, fue lo único que declaró el portavoz. Sin embargo, en la misiva de Luege Tamargo se dice lo siguiente sobre dichos estudios: “De la lectura de los lineamientos en cemento, se desprende que existe la obligación legal del gobierno de los Estados Unidos de evaluar los impactos ambientales trasfronterizos de las obras del Canal”.
Indecisión
En la citada carta, el gobierno mexicano indirectamente acusa al de Estados Unidos de mentiroso, pero a decir de las organizaciones demandantes la Secretaría de Relaciones Exteriores no presiona a Washington, como tendría que hacerlo como parte del Grupo Interinstitucional.
Esta última instancia gubernamental mexicana está conformada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (CNA) y el gobierno de Baja California. El grupo sirve como foro en el cual se acuerdan las acciones del gobierno de México sobre el AACII, pero dentro de él –dicen las organizaciones demandantes– sólo la Semarnat y el gobierno bajacaliforniano asumen la defensa de los intereses que se podrían ver afectados por la acción unilateral de Washington; no así la SRE.
El subsecretario Gerónimo Gutiérrez dice estar dispuesto a explicarles el asunto a los quejosos, pero al pedírsele que detalle la estrategia de la cancillería mexicana, intenta justificar la falta de acciones:
“Estamos buscando primero, por una vía, todos los instrumentos bilaterales que nos permitan defender los derechos del Valle de Mexicali, y todos están activados. Dos, todas las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos van en ese sentido. Número tres, lo que estamos haciendo es revisar todas las vías de cooperación que puedan evitar una afectación al Valle de Mexicali, y eso se está haciendo con independencia del litigio en curso.”
–Como parte del Grupo Interinstitucional, ¿la SRE le ha hecho ver al gobierno de Estados Unidos lo que dice la carta de la Semarnat? ¿Le ha hablado el presidente Fox al presidente Bush sobre las inconsistencias? –se le pregunta al funcionario.
–Lo que la carta refleja, no sé si la palabra correcta sea “inconsistencia”, es que de acuerdo al propio marco legal estadunidense, no se han cumplido ciertos procedimientos que son necesarios… No es obvio el hecho de que se trata de un tema bastante complejo y que, por lo tanto, las discusiones y consultas han sido difíciles.
Consultado aparte, William J. Snape III coincide en que se trata de un caso complicado en materia de la interpretación del Tratado de 1944, pero reitera que el gobierno estadunidense está cometiendo todo tipo de irregularidades con tal de construir el canal para llevarse el agua de los mexicanos. Además, añade, en el caso de los derechos de las aguas subterráneas que están en juego en el Valle de Mexicali, la construcción del AACII es una violación implícita a los capítulos 33 y 1344 del Acta de Agua Limpia de Estados Unidos.
Además, afirma que el gobierno de Bush está levantando una cortina de humo en la disputa ante la Corte de Nevada a favor de los intereses de algunos constructores de San Diego, a donde está llegando el agua subterránea del Valle de Mexicali: “El gobierno de Estados Unidos quiere que San Diego siga creciendo, que siga floreciendo la industria de la construcción de condominios de lujo rodeados de campos de golf. Eso, ante los ojos de cualquier persona, es una injusticia”.
El abogado indica que si el gobierno de Fox quiere mantenerse al margen del caso para no hacer ruido ahora que se debate la reforma migratoria en el Capitolio, aun a costa de la población agrícola de Mexicali, al menos debería disfrazarlo con una estrategia de pantalla. “Si el agua se va para San Diego, ¿adónde se van a ir los agricultores de Mexicali? A Estados Unidos, empeoraría el problema de la inmigración indocumentada”, argumenta.
Una de las teorías de los demandantes sobre la pasividad de la SRE surgió de un documento que el encargado del Distrito de Riego de Imperial County, Jesse P. Silva, le envió el 21 de abril del año pasado a una de las empresas que construirán el AACII. Ahí, el funcionario asegura que el gobierno foxista le pidió a Estados Unidos una compensación de 55 millones de dólares como compensación por los daños económicos, sociales y ecológicos que el canal provocaría en el Valle de Mexicali.
“No tenemos la certeza de que esa sea la razón por la cual (las autoridades mexicanas) no quieren meterse con Estados Unidos, pero si eso es lo que están buscando, bueno, ojalá entiendan que los billetes verdes no generan productos agrícolas y el agua sí. Mis clientes no están interesados en dinero, están interesados en el agua”, enfatiza Snape.
Al preguntarle sobre esa versión, el subsecretario Gutiérrez anota: “No existe ningún acuerdo de recibir una compensación por las cantidades que han sido mencionadas, a cambio de esto. Lo único que se ha discutido, de manera preliminar e interior en México, hasta donde yo tengo conocimiento, es que ciertas obras que podrían recuperar volúmenes de agua necesarias para evitar una afectación tienen esos montos”.
En cuanto al próximo fallo del juez Pro, el litigante afirma que será una decisión favorable para la causa de las organizaciones que representa, pero prevé que el mismo juez puede confundirse respecto de los derechos de pertenencia del agua a causa del complicado lenguaje del Tratado de 1944, así como por las posiciones de los gobiernos de ambos países. En consecuencia, explica, el juez evitaría emitir su fallo en este momento, alegando que es necesario llevar a cabo un juicio más completo.
“El fallo del juez será que el gobierno de Estados Unidos ha violado sus propios estándares y leyes de medio ambiente. Estoy confiado en que ordenará que se suspenda la construcción del canal durante por lo menos seis meses o un año para determinar qué solución podría dársele. Nosotros utilizaríamos entonces esa prórroga para abordar el tema de los derechos de propiedad del agua”, concluye.
Vía: Revista Proceso
Por Miguel Ángel Granados Chapa
Mientras más crece la percepción pública sobre la brutalidad de la agresión policiaca en San Salvador Atenco desplegada el 4 de mayo, porque cada día se conocen nuevas evidencias de la barbarie y se multiplican las quejas por violaciones a los derechos humanos, principalmente de mujeres, más se entercan los funcionarios del Estado de México en disimularla, o en justificarla cuando no pueden ya fingir que no la hubo. El gobernador Enrique Peña Nieto (que adquirió sin remedio el tic de dispendiar recursos públicos) en una masiva y atosigante presencia pagada en los medios electrónicos; y sus subordinados Humberto Benítez Treviño y Wilfrido Robledo Madrid se ufanan de haber restablecido el orden y el estado de derecho en la comarca donde ocurrieron los asaltos policiacos. Y como cuentan para la aceptación de los argumentos con la necesidad de seguridades que alberga buena parte de la población, sienten haber triunfado políticamente, aunque cunda la conciencia de que los abusos policiacos constituyen una derrota del cometido institucional que les corresponde.
A pocos meses de iniciado el gobierno de Peña Nieto queda claro el sentido de las designaciones de Benítez Treviño y de Robledo Madrid. Son hoy los capitanes de la agresión. Parece haberse previsto que lo fueran. Con ellos en esos cargos, se tiene a un perseguidor, un procurador en la Secretaría de Gobierno. Y a un espía ejercedor no de la mano dura, sino de la represión a ultranza en la policía, donde se cree que el orden es sinónimo de seguridad.
Benítez Treviño formó parte del grupo cercano al profesor Carlos Hank González. A los 27 se inició en la administración pública en Auris, la gigantesca iniciativa de poblamiento (y comisiones por contratos de construcción de viviendas y fraccionamientos) que desarrolló Hank en los años en que gobernó su estado natal. Cuando el profesor pasó al Departamento del Distrito Federal, Benítez Treviño tuvo adscripciones variopintas en el gobierno capitalino: coordinador de defensores de oficio, subdirector de reclusorios, director de Boletrónico, delegado en Benito Juárez. Y todavía en la Secretaría de Turismo, un sexenio después, Hank lo nombró director de administración.
Pero su vocación verdadera parece ser la investigación ministerial, el desempeño de la procuración de justicia, con los significados que la expresión y su práctica tienen entre nosotros. Apenas salió de la Escuela de Derecho de la Universidad mexiquense, en el Distrito Federal fue durante tres años (1969-72) agente del Ministerio Público, visitador y auxiliar. Tiempo más tarde volvería a esa oficina como titular, como procurador de justicia del Distrito Federal durante unos meses de 1994. Antes, bajo el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza (con quien ya había trabajado en la Secretaría de la Contraloría), fue procurador de Justicia del Estado de México. De allí pasó a ser en 1993 subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República (de donde se ausentó brevemente para encabezar el Ministerio Público capitalino) y retornaría como titular de la PGR, el último de la quinteta nombrada sucesivamente por el presidente Salinas, y que incluyó a Enrique Álvarez del Castillo, Ignacio Morales Lechuga, Jorge Carpizo y Diego Valadés.
Fue procurador durante breve tiempo: de mayo a noviembre de 1994. Y su posición conllevó una paradoja: fue subalterno de su subalterno Mario Ruiz Massieu. Cuando Valadés dejó la PGR en abril, Salinas estuvo a punto de nombrar en su lugar a Ruiz Massieu. Pero el secretario de Gobernación Jorge Carpizo recordó al presidente (en la dualidad de sus actitudes ante los Ruiz Massieu, referidas por Mario) que por haber sido hasta hacía poco embajador en Dinamarca, el hermano menor de José Francisco no satisfacía un requisito de antigüedad o residencia, y se le designó subprocurador general dotado de plenos poderes, incluido el de mandar a su jefe. La presencia de éste se atenuó todavía más en los últimos dos meses de su gestión, porque tras el asesinato de José Francisco su hermano menor se encargó de la investigación, convertida en el principal asunto de la procuraduría. Ruiz Massieu, sin embargo, acusó a Benítez Treviño de estorbar sus indagaciones.
Wilfrido Robledo Madrid, por su parte, es un marino que ha pasado en tierra buena parte de su desempeño profesional. Ingresó en la Heroica Escuela Naval Militar en 1964, y sirvió en la Armada de México, en cuyo cuerpo general ha alcanzado el grado de vicealmirante, no obstante que sus últimas promociones las recibió mientras estaba comisionado en otros menesteres. A partir de 1989 se dedicó a lo que eufemísticamente se llaman labores “de inteligencia” en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Cisen, que hasta poco tiempo atrás fue la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del régimen. Sobra decir que el cambio de nombre no significó el de propósitos ni estilos. En ese espíritu se formó la destreza más reciente de Robledo Madrid, en la obtención de información por todos los medios posibles, para toda suerte de fines. A Carmen Aristegui, ante la cual ha mostrado su impaciencia autoritaria oportunamente contenida por su entrevistadora, aventuró que la muerte de Javier Cortés, el infortunado chico de 14 años asesinado de un balazo calibre 38 el 3 de mayo, era resultado de un ajuste de cuentas entre facciones del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra. El fundamento científico de su conjetura es que el chico “le sale” (en sus bitácoras de espionaje, supongo) relacionado, era sobrino, de un dirigente distanciado de Ignacio del Valle.
Del 4 de julio de 1999 al 6 de diciembre de 2000 fue comisionado (jefe, director) de la Policía Federal Preventiva, nacida por decreto del presidente Zedillo en enero de aquel año, el penúltimo de su gestión. Muy poco después de concluido su desempeño allí, se iniciaron varios procesos penales en su contra, por señalamientos de la Secretaría de la Contraloría a cargo de Francisco Barrio y la de Seguridad Pública de que era responsable Alejandro Gertz. Le fueron imputadas irregularidades en la adquisición del equipo aéreo de la PFP. Además de inhabilitaciones administrativas (que le impiden ser contratado en el gobierno federal) en su contra se dictaron órdenes de aprehensión, que no fueron cumplidas, no obstante que el 21 de enero de 2003 un tribunal colegiado revocó un auto de libertad que le había sido concedido en octubre de 2002. La razón para que no fuera aprehendido, en los hechos, estribaba en que un subalterno suyo, Genaro García Luna, igualmente acusado, había sido designado por el procurador general Rafael Macedo de la Concha director de la Policía Judicial Federal que luego transformó su nombre en Agencia Federal de Investigación.
Con un credo análogo, sintetizado en la semejanza del nombre, Robledo Madrid es ahora comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE). Mientras libraba sus procesos Robledo Madrid se arrimó a buen árbol, pues trabajó en las oficinas de seguridad del Grupo Carso. Y volvió a la función pública como secretario de ese ramo en el gobierno de Peña Nieto, en septiembre pasado. Tenía pocas semanas en su cargo cuando la casualidad lo colocó en el aire, a bordo de un helicóptero, cerca del que transportaba a su homólogo federal, Ramón Martín Huerta. Pudo por eso atestiguar cómo el aparato que poco después se desplomaría causando la muerte de sus ocupantes, entró en un banco de niebla que probablemente impidió al piloto advertir el promontorio contra el que se estrelló.
En febrero pasado transformó a su secretaría en agencia. En mayo, al frente de 2 mil 500 de sus miembros participó en la toma de Atenco, sin que a su juicio nadie de los elementos a sus órdenes cometiera desmanes. En cambio, policía al mismo tiempo que agente ministerial y juez, el día de su gloria decretó la naturaleza delincuencial de los dos centenares de personas aprehendidas, muchas de ellas vejadas y heridas.
Vía: Revista Proceso
Por Enrique Semo
¿Pugna entre líderes? ¿Conflictos personales entre Napoleón Gómez Urrutia y los ejecutivos del Grupo México, entre los cuales figuran en forma prominente varios excolaboradores del gobierno de Salinas que privatizó la industria? ¿Jugosas ganancias especulativas del Grupo México por las huelgas? Sin duda.
Pero para los mineros se trata de algo muy diferente, mucho más vital, más emotivo, más personal. Algo que está presente en su trabajo, en su vida cotidiana: el ambiente inhóspito de la mina y el miedo a los accidentes probables, a la falta de condiciones de seguridad y a las enfermedades inevitables; así como sus pasatiempos, su fuerte conciencia de solidaridad y su identificación, a veces hereditaria, con el gremio. Los mineros tienen sin duda sus propias voces, pero hasta ahora apenas las hemos podido escuchar. Sólo en los momentos y lugares más críticos nos llegan, y eso, a cuentagotas.
Los mineros y metalúrgicos están en huelga en San Martín y Sombrerete, Zacatecas; en Agua Prieta, Sonora, y en Sicartsa, de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. Perdieron 65 compañeros en Pasta de Conchos y dos en Ciudad Cárdenas, además de que hubo 100 heridos, 18 de bala. Los familiares de los muertos de Pasta de Conchos siguen hablando, pero nadie quiere escucharlos. Por el contrario, ante la indiferencia de autoridades y legisladores, han sido amedrentados con represalias económicas e incluso físicas si siguen exigiendo el rescate de los cuerpos y la aclaración de las causas del desastre. Y eso, pese a los estudios que muestran que éste nada tuvo de casual.
Un charrazo clásico está en marcha. En plena revisión de contrato, el sindicato es dividido por la empresa Grupo México, que ha estado firmando con las secciones más dóciles, al tiempo que amenaza con cerrar las minas en las que continúa el paro. Su sindicato está siendo intervenido directamente por el gobierno, que primero ratificó como dirigente a Gómez Urrutia y luego, sin decir agua va, de acuerdo con Villacero y Grupo México, transfirió su reconocimiento a Elías Morales. El PAN, heredando del PRI, sin pudor, las prácticas corporativas.
Los mineros comprenden que los sucesos los han colocado en el centro álgido de un complejo y confuso proceso de reforma que está dividiendo al movimiento sindical nacional, con una participación cada vez más activa de las bases. El 1 de mayo, en el Zócalo y en un acto que duró apenas 30 minutos, los líderes del Congreso del Trabajo dieron su respaldo a Elías Morales, pese a que en el momento en que Víctor Flores (“¡A sus órdenes, señor presidente!”) levantaba su brazo en señal de triunfo, recibía una prolongada rechifla. Poco después, y ante 80 mil trabajadores, las asociaciones reformistas se pronunciaron por la autonomía sindical y escucharon un mensaje videograbado de Napoleón Gómez Urrutia, quien llamaba desde un misterioso destierro a continuar la lucha contra la intromisión del gobierno de Fox y las empresas en la vida interna del sindicato.
Los obreros vienen sufriendo los efectos de una crisis de la industria que ha redundado en la pérdida de más de 5 mil plazas de trabajo, y sus desgracias actuales no son ajenas a su apoyo a los sindicatos que protestaron contra la reforma Abascal a la Ley del Trabajo. Muchos de ellos saben también que el conflicto ya cobró un carácter internacional. Al rechazo nacional se han sumado poderosas centrales sindicales estadunidenses y canadienses que, reiterando su apoyo a los trabajadores migrantes contra la ley que criminaliza a los indocumentados, condenan la campaña del grupo Villacero y del gobierno contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Ya antes, hace un año, más de 10 mil mineros habían protagonizado protestas simultáneas en diversas ciudades de Estados Unidos, Perú y México, en empresas del Grupo México, para exigir respeto a sus prestaciones y a las leyes y convenios básicos nacionales e internacionales, así como un trato digno.
En Pasta de Conchos, los mineros y sus familias fueron víctimas, pero también pueden ser rebeldes. Tienen una larga historia en que aparecen a veces como lo primero y otras como lo segundo. La rebeldía, cuando se expresa en la huelga, no significa violencia. Hasta ahora, la única violencia habida ha sido la provocada por el ataque del gobierno federal y local en Sicartsa.
24 de mayo de 1985. Estupefactos, los lectores de los principales diarios del país se despertaron para ver en primera plana una fotografía de desnudo multitudinario, que para aquel entonces era un espectáculo insólito: 3 mil 500 mineros de Real del Monte, con el casco en la cabeza, botas y algunos cinturones raídos como únicas prendas, realizaban un paro de más de una hora en protesta porque la directiva de la paraestatal se empeñaba en reajustar personal eventual y reducir prestaciones, entre ellas el reparto de ropa adecuada y equipos de seguridad. (En lugar de mascarillas, sólo usaban un paliacate o un trapo para taparse la boca.) El acto era la culminación de un largo movimiento para lograr condiciones más dignas y un trato más humano en una comunidad en la cual el índice de mortandad era superior al de El Salvador o Guatemala, países que se hallaban sumidos en la guerra civil.
“No nos apena estar encuerados. Peor estamos en el infierno de allá abajo –en la mina–, o mutilados y aplastados por un derrumbe”, señaló un minero entrevistado antes de vestirse para reiniciar sus labores. Con el solo anuncio de nuevos paros y movilizaciones, los mineros lograron que el director de la empresa iniciara las negociaciones. Luego se obtuvo un acuerdo en el cual algunas de las demandas fueron aceptadas. “Aquí la constante es la muerte, ya sea por accidentes en la mina o por la silicosis”, comentó Jaime Mata, quien trabajaba en esa compañía minera desde hacía 30 años. Otro veterano explicó que era la necesidad, la falta de trabajo o la herencia que va pasando de padre a hijo lo que los hacía permanecer en el oficio, a pesar de todo.
16 de octubre de 1950. A las 12:00 horas, 4 mil 500 mineros de Nueva Rosita y Cloete abandonaron las minas para declararse en huelga. El movimiento se había desencadenado contra la ofensiva del gobierno que se proponía imponer una dirección afín a sus intereses, desplazando a los líderes elegidos, y cortar de tajo las demandas de aumentos de salarios después de la reciente devaluación.
Para aquel entonces, los conceptos de charro y charrazo tenían ya carta de naturalización. Su origen fue banal. Dos años antes, un dirigente ferrocarrilero corrupto al servicio del gobierno, de nombre Jesús Díaz de León y a quien apodaban El Charro, se había apoderado de la dirección del sindicato levantando una demanda contra los dirigentes legítimos, Luis Gómez Z. y Valentín Campa, ante la Procuraduría General de la República, por un supuesto desfalco. Mientras ellos iban a parar a la cárcel, El Charro se quedaba con la dirección. Lo mismo estaba sucediendo en el Sindicato de Mineros y Metalúrgicos. Cuando en una convención el gobierno imponía a su dirigente Jesús Carrasco, el resto de los delegados rechazaban la imposición y se constituían en Convención Nacional Independiente, con la participación de la inmensa mayoría de las secciones mineras. Se produjo entonces una feroz represión que se extendió a todo el país.
En Nueva Rosita, la Mexican Zinc Co., subsidiaria de la Azarco, se afanó en provocar a los obreros con constantes violaciones al contrato de trabajo. Éstos protestaron, y la compañía, con el apoyo del gobierno, aprovechó la ocasión para agredir la organización local del sindicato. El Ejército ocupó el local de la sección 14, y los mineros, bajo la amenaza de las ametralladoras que desde ahí apuntaban al pueblo, se lanzaron a la huelga. Se formó el Comité de Huelga y a su cabeza se nombró a un obrero de base, Pancho Solís.
El 25 de octubre se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México un gran acto de apoyo a los huelguistas, mientras se recibían cartas de solidaridad de decenas de sindicatos extranjeros. Los mineros de Nueva Rosita fueron privados de sus fondos de resistencia, de servicio médico y sus niños dejaron de ser recibidos en las escuelas públicas. De muchas partes comenzó a llegar ayuda, pero la situación de los trabajadores y sus familias comenzó a volverse desesperada. El hambre se generalizó y los niños pequeños empezaron a morir. En Nueva Rosita, se impuso el estado de sitio, mientras el presidente Miguel Alemán declaraba que éste era un régimen de derecho y que la ley se iba a aplicar a como diera lugar.
El 20 de enero de 1951, los mineros decidieron marchar a la Ciudad de México a defender sus derechos; 5 mil obreros, muchos de ellos acompañados por sus familias, iniciaron la larga marcha de mil 500 kilómetros. Mes y medio más tarde, llegaban a la capital y miles de ciudadanos se congregaron para acompañarlos hasta el Zócalo. El 20 de marzo, el gobierno dictó su fallo terminante: la huelga era inexistente, la empresa debía buscar la manera de reponer hasta mil trabajadores, considerándolos como de nuevo ingreso, y los demás recibirían ayuda (que nunca llegó) para dedicarse a otras actividades.
¿Se irá a repetir la historia en 2006 bajo el supuesto gobierno del cambio? Felipe Calderón ha dejado muy claro que él está en la línea de Miguel Alemán. El “estado de derecho” es para los ricos. Y, en este caso, los ricos son los dueños de Villacero y Grupo México. Pero ahora hay una diferencia: Los mineros, los obreros en general, son también electores en un sistema en el cual hay otras opciones. Deberán decidir si ha llegado el momento de elegir a un gobierno que garantice la democracia sindical, que respete el derecho de huelga, que mejore las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, que comprenda que la competitividad no puede ya basarse en la miseria y el deterioro de los trabajadores y trabajadoras. Para ellos, el 2 de julio será una fecha decisiva. Su fuerza está en ellos mismos, pero el gobierno que venga puede ser un aliado incondicional de las grandes empresas y los líderes charros, como el actual, o un gobierno más sensible a sus demandas y sus derechos, y ese sólo puede ser el que encabece Andrés Manuel López Obrador.
Vía: Revista Proceso
Por Denise Dresser
“Una peste sobre ambas casas”, exclama Mercutio tres veces en Romeo y Julieta antes de morir. Maldice así a las familias cuya rivalidad lleva a su ruina. Y ese sentimiento de rechazo a ambos bandos también lo produce Atenco. También lo inspira Atenco. El enfrentamiento buscado que engendra la violencia condenable. La confrontación orquestada que incita los peores instintos. Atenquenses contra mexiquenses. Floricultores contra policías. Mujeres contra hombres. Panistas contra perredistas. Mexicanos contra mexicanos. Usando la violencia para cambiar la realidad y ensangrentándola. Condenables, unos y otros.
Atenco representa todo aquello que no funciona. Se ha convertido en el microcosmos de lo que el país no ha logrado resolver. La pobreza y la marginación; la ausencia del estado de derecho y la dificultad para lograr su aplicación; hombres que quieren actuar al margen de la ley y –al mismo tiempo– padecen su uso discrecional. Atenco es ese México repleto de contradicciones. Lleno de exclusiones. Donde se exige la mano dura para quienes toman banquetas pero no para quienes compran casas. Ignacio del Valle encarcelado en una prisión de alta seguridad y Arturo Montiel vacacionando en Whistler. Decenas de personas acusadas de crimen organizado y políticos impunes a quienes el gobierno ni siquiera ha investigado. La ley del pueblo y la ley contra el pueblo.
Porque el problema tiene raíces profundas que van más allá de la coyuntura y quienes se benefician con ella. Tiene que ver con una expropiación mal manejada y una negociación mal llevada. Tiene que ver con la oferta de 7 pesos por metro y la sensación de explotación que eso produjo. Tiene que ver con demandas legítimas de trabajo y la incapacidad gubernamental para satisfacerlas. Tiene que ver con la estrategia política de Santiago Creel y los focos rojos que dejó prendidos. Tiene que ver con grupos radicales que quieren aprovecharse de los tiempos electorales. Atenco 2 es consecuencia de Atenco 1. De todo lo que tenía que hacerse y no se hizo. De todo lo que debía haberse arreglado y tan sólo se postergó. Atenco se vuelve el último refugio de la incompetencia.
Esa incompetencia del gobierno foxista demostrada a lo largo de los años y subrayada allí. Porque algo que comenzó mal se ha vuelto peor. Porque una situación que era insostenible se ha vuelto políticamente explotable. Vicente Fox ignora primero para reprimir después. Vicente Fox dobla las manos primero para empuñar un tolete después. Vicente Fox tuerce la ley primero para exigir su estricta aplicación después. En Atenco 1 decide que más vale la paz social y sacrifica cualquier cosa para lograrla. En Atenco 2 decide que más vale la confrontación y hace cualquier cosa para incitarla. En Atenco 1 resiste los reclamos para la aplicación discrecional del “estado de derecho”. En Atenco 2 se monta sobre ellos. El presidente pusilánime de pronto se convierte en el presidente persecutorio.
Y la intención es clara; el objetivo es transparente. Se trata de mostrarle al país lo que ocurriría –supuestamente– si la izquierda lo gobernara. Se trata de enseñarle a los mexicanos todo aquello que –supuestamente– deberían temer. De ligar a Andrés Manuel López Obrador con los macheteros y los porros y los anarcopunks y los globalifóbicos y los zapatistas. Los abogados del orden evidenciando a los promotores del desorden. Quienes quieren manipular el miedo provocando a quienes lo producen. Quienes se dicen los defensores de la “mano firme” creando oportunidades para usar la mano dura. Vinculando a AMLO con las pedradas y las barricadas. Distorsionando la información para aprovecharse políticamente de ella.
Todo eso es cierto. Todo eso es innegable. Todo eso es condenable. Pero todo eso no justifica el comportamiento de los floricultores y quienes se sumaron a su causa. Pero todo eso no justifica los machetes alzados y los policías golpeados. Los puños empuñados y los funcionarios secuestrados. Las patadas a los testículos y los golpes a la cabeza. La frustración legítima desembocando en métodos que no lo son. El argumento de que los fines justicieros avalan los métodos antidemocráticos. El resentimiento social que todo lo absuelve. Los excesos aplaudidos ante los reclamos desatendidos. La violencia redentora que en realidad no lo es. La convicción de que una causa buena sanciona los métodos malos. Ese viejo desfase entre justicia y ley, haciéndose presente una y otra vez. En San Salvador Atenco y más allá de allí.
Pero México no debe creer que la violencia de los explotados es aplaudible. Pero México no debe pensar que la violencia de los desesperados es aceptable. La violencia –escribe Hannah Arendt– como cualquier otra acción, cambia al mundo pero lo hace para mal. Crea vencedores y vencidos, triunfadores y resentidos. Crea heridas profundas que tardarán mucho tiempo en cicatrizar. Produce sociedades que empuñan el odio en lugar de promover el diálogo. Produce sociedades divididas, llenas de ciudadanos que no pueden reconocer la humanidad esencial de quienes caminan a su lado. La humanidad compartida por quienes venden flores y quienes creen que no deben usar banquetas públicas para hacerlo.
Y por ello mismo, la violencia promovida por y desde el gobierno es algo que ningún mexicano debe aceptar. Que ningún mexicano debe exigir. Que ningún medio de comunicación debe fomentar. Que ningún político de cualquier partido debe justificar. Porque la violencia estatal es una confesión de fracaso, una admisión de incompetencia. Evidenciada allí en los golpes de las macanas. En las casas saqueadas. En la agresividad desmedida de los policías. En las mujeres a las cuales se les sube la ropa por encima de la cintura. En aquellas a las que se les penetra, se les toca, se les hurga. En las exigencias de sexo oral. En las 189 personas arrestadas y encarceladas en un penal de alta seguridad. En ejemplo tras ejemplo de fuerzas públicas que imponen el orden violando la ley.
Autoridades que no saben comportarse como tales. Autoridades como el secretario de gobierno del Estado de México que habla del operativo “exitoso”. Autoridades como Humberto Benítez Treviño, que ante la violencia dice: “No habrá explicación. No hay nada que justificar”. Autoridades como el diputado priista José Rangel quien sugiere: “No lloremos cuando hay un gobernador que ejerce el mando con mano firme”. Autoridades que tardan días en anunciar que habrá sanciones a los policías abusivos, así como habrá otro fiscal para el caso de Arturo Montiel. La brutalidad sin excusa ni pretexto. La revancha permitida y la venganza avalada. El Estado que existe para impedir la ley de la selva pero se vuelve promotor de ella. Porque el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, pero debe usarla con responsabilidad, con proporcionalidad. Con apego a la ley y no con macanazos por encima de ella. Dentro de los límites que marca la Constitución y no con toletazos que la mancillan.
Y medios que padecen el mismo mal, que actúan de la misma mala manera. Erigiéndose en inquisidores; actuando como fiscales; acusando en vez de informar. Promoviendo el pleito en vez de contribuir a su desactivación. Aplaudiendo la violencia en vez de explicar sus causas. Imagen tras imagen que apila el amarillismo y alimenta la estridencia. Medios que se han convertido en parte del problema y no en parte de la solución al depositar –como lo ha argumentado Carlos Monsiváis– toda la culpa de la violencia en los pobres. Porque en lugar del análisis responsable han contribuido a la polarización lamentable. Porque en lugar de calmar los ánimos han ayudado a crisparlos. Sumándose al aplauso colectivo ante la costumbre de ojo por ojo, diente por diente.
Esa costumbre que el país debe desterrar. Erradicar. Condenar en ambos bandos de este conflicto y en ambos bandos rivales de esta guerra de baja intensidad. Porque cada pistola disparada, cada machete empuñado, cada mujer hostigada, cada hombre golpeado, cada policía secuestrado, cada niño asesinado, es una afrenta. Algo que el país entero debe reclamar; algo que todo panista y todo perredista y todo zapatista debe denunciar; algo que todo ciudadano debe parar. Porque nada que vale la pena ha sido construido sobre los cimientos de la violencia. Y la violencia –como apuntó Emerson– no es poder sino la ausencia de poder. La ausencia de aquello que permite mirar a los ojos de otro mexicano y reconocerse en él.
Vía: Revista Proceso
Por Ernesto Villanueva
El 28 de abril de este año se produjeron dos hechos con mensajes encontrados. Por un lado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) derogó los delitos de difamación y calumnias del Código Penal, así como la figura del daño moral del Código Civil, en relación con el ejercicio de las libertades informativas, y aprobó la Ley de Responsabilidad Civil para la Defensa de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, a iniciativa del diputado Carlos Reyes Gámiz.
Por el otro, el juez duodécimo de lo Civil del Distrito Federal dictó sentencia en el expediente 336/2005, promovido por Marta Sahagún Jiménez, contra Olga Wornat y Comunicación e Información, S.A. de C.V. (CISA), editora de Proceso, por presunto daño moral infligido en perjuicio de Sahagún, precisamente la figura jurídica desestimada por los representantes populares de la capital del país por considerar que esa norma era contraria a los mejores estándares internacionales de regulación en la materia.
La sentencia condenatoria contra la revista Proceso es una pieza digna de reflexión porque representa un modo irregular, para decir lo menos, de cómo el juzgador de primera instancia concibe el equilibrio entre derechos y conceptos en tensión: libertad de informar, vida privada, persona pública e interés público. Veamos.
Primero. Es posible advertir a lo largo del texto de la resolución del juez que éste se convierte en parte (es decir, inclina la balanza desde el principio en perjuicio de Wornat y Proceso), en la medida en que llega incluso a lo que se denomina suplencia de la deficiencia de la queja (ayuda a corregir los defectos de la demanda), en perjuicio de los codemandados, Wornat y CISA. Así, por ejemplo, es de llamar la atención cómo una probanza de documental privada es mejor valorada que una testimonial del propio exmarido de Sahagún, lo que justifica la pertinencia de la publicación y que el juez, sin embargo, desechó por considerarla parcial.
Segundo. En un hecho inédito en el registro histórico de México, el juez sostiene que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981, no es aplicable en esta controversia, porque es ¡contrario a la Constitución! por reconocer derechos humanos fundamentales. Se trata, pues, de un caso donde un juez de primera instancia, sin fundar ni motivar (es decir, sin observar los principios de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales), deroga de facto un referente internacional que, dicho sea de paso, forma parte de nuestro derecho interno y es de obligada observancia.
Tercero. El juez decide de manera arbitraria, por si lo anterior fuera poco, el monto de la indemnización, basado únicamente en el precio de los ejemplares vendidos de la revista Proceso. El artículo 1916 –ahora derogado– dispone que: “El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso”. Y en la sentencia no se tomó en cuenta la situación socioeconómica de las partes, en particular de Sahagún; tampoco se valoró su grado de responsabilidad. Cabe apuntar que para fijar la cuantificación del daño se debe tomar en cuenta justamente el daño. En ninguna parte de la sentencia ni en las pruebas que aporta la actora (Sahagún) se encuentran elementos materiales para fijar ese daño supuestamente causado. No hay, por ejemplo, una pericial psicológica para ver su grado de afectación o por lo menos algún elemento material que, relacionado con la publicación, derive en esa pérdida o menoscabo de su patrimonio moral.
Cuarto. Lo que llega al absurdo es que Proceso sea responsable de no haber ejercido la censura previa, principio que representa una garantía de la libertad de informar de hechos de interés público, y con mayor razón si están involucradas personas públicas. Así, la revista es culpable, según esta sentencia, de actuar conforme a lo previsto por los artículos 6º y 7º constitucionales y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Quinto. La parcialidad del juez se pone de manifiesto en el momento en que, antes de entrar a revisar las excepciones legítimas a la protección del derecho a la vida privada, a la mitad de la sentencia condena a Wornat y a CISA. En otras palabras, primero condena y después, en la segunda parte de la resolución, sólo desestima las pruebas de excepción. Hubiera sido menos burdo haber revisado primero las probanzas y valorarlas, y posteriormente, en su caso, resolver lo que corresponda para darle un sentido lógico, racional a la sentencia.
¿Qué hubiera pasado si ese juicio se hubiera desarrollado conforme a la Ley de Responsabilidad Civil para la Defensa de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal recién aprobada por la ALDF?
Primero. Para ambas partes, se hubiera resuelto la ambigüedad que presenta la legislación utilizada, y determinado claramente lo que implica la vida privada. Con lo cual habría disminuido la facultad discrecional del juez, que en esta sentencia fue ejercida en forma amplísima.
Segundo. Para la debida defensa de los codemandados, se habría podido presentar la excepción con la categoría de figura pública de la que goza la demandante (o actora en la jerga jurídica), para revertirle la carga de la prueba y delimitar los alcances del posible daño infligido, lo que no estaba previsto en el daño moral que trataba igual a los desiguales.
Tercero. Con la figura de la malicia efectiva, que por primera vez se integra en una legislación en América, la demandante no sólo debía acreditar la existencia de la publicación, sino los siguientes elementos que contiene la nueva legislación en los artículos 30 y 31: Los servidores públicos afectados en su patrimonio moral por opiniones y/o informaciones, conforme al artículo 33 de la ley, difundidas a través de los medios de comunicación e información, deberán probar la existencia de la malicia efectiva demostrando:
I. Que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad.
II. Que la información fue difundida con total despreocupación sobre si era falsa o no. Y:
III. que se hizo con el único propósito de dañar.
Artículo 31. En el caso de las figuras públicas, la acción procederá siempre y cuando se pruebe la fracción I del artículo anterior.
Cuarto. Cabe destacar, sin embargo, que con esta legislación no se otorga un cheque en blanco para ejercer las libertades informativas con total impunidad. Por el contrario, al determinarse los supuestos y definir con mayor precisión las posibles infracciones, se otorga una mejor defensa a los que sufran daño a su patrimonio moral, de tal suerte que eso protege sustancialmente al ciudadano promedio, pero apunta a equilibrar la balanza tratándose de figuras públicas, que voluntariamente deciden renunciar a una parte de su derecho a la vida privada y someterse por sus actos al escrutinio de la sociedad.
Quinto. Con la nueva ley, el juicio de primera instancia requiere menos tiempo al simplificarse las fases procesales. Llama la atención que en esta sentencia la resolución se haya dictado un día después de cumplido un año de la interposición de la demanda, caso excepcional en los tiempos procesales, que llegan a alargarse por años.
Con todo, el magistrado que conozca de la impugnación no podrá dejar de lado el espíritu del legislador, quien con esta nueva legislación envía un mensaje claro sobre los alcances y límites de las libertades informativas frente a los derechos de personalidad, en donde, si se trata de figuras públicas y existen hechos presumibles de interés público, debe prevalecer la libertad de informar y, en contrapartida, el derecho a conocer de los gobernados.
Vía: Revista Proceso
“Policía”, el sólo oír esta palabra me dejaba un mal sabor de boca… consideraba que estos personajes sólo se dedicaban a robar y/o a extorsionar a las personas que tenían la mala fortuna de caer en sus manos. Seis años después de estar del otro lado, no ha cambiado mucho mi concepción de la policía, justificaciones sobran, unas muy válidas, otras no tanto, lo cierto es que la policía no funciona como debiera…
Esto es lo que le dice a Elena Azaola uno de los más de 400 policías con los que convivió a lo largo de los últimos 4 años. La investigadora deja que hable el villano favorito de México. Y ese villano favorito no tiene una sola voz. Tiene muchas voces. Cada una de ellas relata algo, un infortunio, una queja, una justificación, un trauma, una frustración.
Imposible no hacerlo: Frente al espejo, el policía se mira y reconoce el espanto. Su propio espanto.
“La policía según su propio discurso”, se llama el capítulo II del libro de próxima aparición Imagen y autoimagen del policía, escrito por la doctora en Antropología Social y al cual ha tenido acceso MILENIO Semanal para mostrar apenas unos de tantos testimonios directos recopilados por Azaola en el interior del complejo mundo policiaco.
¿Cómo veían a la policía antes de haber ingresado a la institución y cómo la ven, o se ven a sí mismos como policías, ahora?, lanza como pregunta la investigadora. Y las respuestas van llegando.
En mi época de estudiante, blasfemábamos en contra del sistema gubernamental diciendo de los policías que eran unos gorilas, analfabetas, lacayos del gobierno, seres sin sentimientos y arbitrarios. En la actualidad he observado que no se puede generalizar, ya que existen compañeros muy brillantes con amplios conocimientos técnicos y culturales, con una gran ética y categoría humanista, con gran habilidad y entrega en el servicio, así como también existen policías carentes de escrúpulos y educación, que se escudan en el uniforme para hacer de las suyas, denigrando el uniforme que portan.
Otra voz —algo nostálgica— dice: Mi padre es diferente. Gracias a él yo podía confiar en todo aquel uniformado que perteneciera a nuestra policía, pues me mostró siempre el lado bueno de su profesión. Desafortunadamente, hasta que trabajé en un sector vi de cerca la prepotencia, la violencia innecesaria, el tráfico de influencias y otras cosas de algunos compañeros. Indiscutiblemente, la imagen que tenía de la corporación, cambió mucho.
La experiencia que han ganado en las calles, como muchos de ellos afirman, no sólo está provista de prepotencia, violencia innecesaria y tráfico de influencias. También hay alcohol y drogas.
* La otra preocupación que tengo es que en las filas exista tanto consumo de alcohol y drogas como de éxtasis, crac, cocaína y pastillas psicotrópicas. Sin embargo, es algo que muchos vemos y lo callamos…
* Con ciertos compañeros empecé a deformar mi función como policía granadero pues, al ser algunos drogadictos como yo, lo único que hacíamos en la calle era extorsionar, chantajear, vejar y abusar de la ciudadanía al fabricarles delitos o faltas administrativas, todo producto de mi drogadicción y de mi corrupción con premeditación, alevosía y ventaja. He violado los derechos y garantías de los ciudadanos, todo con el fin de tener dinero que según yo era para mi familia y, sin embargo, sólo me sirvió para romperme mi puta madre y fugarme de la realidad en el infierno de las drogas y a lo largo de estos poco más de 9 años que llevo en la corporación, puedo decir que he sido un elemento negativo, nocivo e indeseable como servidor público…
La corrupción… otro reflejo que es reconocido, que es criticado, que —a su manera— es justificado.
En cuanto uno pisa un sector, le piden dinero para todo: por el uniforme, por la libreta, para que no lo manden a uno a tal lado o a tal tarea y, sobre todo, por una patrulla… Desde que uno entra, es una pedidera. Yo doy el dinero, si lo tengo, porque uno obtiene un beneficio. Antes nadie podía denunciar y, si lo hacía, te ponían el dedo y te apuntaban. Eran arrestos de 15 días los que te daban. Pero yo estaba en la policía porque había dinero para mí y alcanzaba para mi superior; era un beneficio para mí. Entonces, el que soporte todas esas violaciones como los arrestos y las consienta, es porque le está conviniendo... En todos los niveles hay consentimiento.
Personajes sempiternos, clandestinos, inamovibles, son los que integran una extraña hermandad todopoderosa que mira pasar una y otra administración sin inmutarse.
Los mandos superiores son parte de un grupo de poder, de la llamada Hermandad corrupta que no deja que los jóvenes con preparación académica puedan ocupar los puestos de mando, pues a ellos no sólo les ha costado años de servicio, sino también dinero, y no les parece que uno ascienda sin haber pagado el precio. Son dueños de esta secretaría y entre ellos se van rolando los sectores con la ayuda de un padrino (Jefe Halcón). Ha habido jefes de sector que han sido removidos por corruptos pero, en lugar de sancionarlos, sólo los cambian de sector.
El bautismo de un policía en la corrupción —le dicen a Azaola— no necesariamente es algo que se festeja.
La disciplina debe llevarse a cabo, pero lo que rompe la cadena de mando es la corrupción pues ya no podemos ver igual a nuestros jefes después de haberles dado dinero y después de que nos lo han aceptado. Si yo voy a aplicar un correctivo a alguien por no cumplir con su trabajo y si el jefe ya recibió dinero de él, ya no le va a poder aplicar el correctivo porque el subalterno ya no lo va a respetar, por eso se pierde la cadena de mando, por la corrupción.
El policía reta. Se defiende. Incluso pregunta: ¿Sabe por qué es la inseguridad? Y responde diciendo lo que parece obvio a lo largo del estudio antropológico de Azaola: Porque los policías tenemos miedo de nuestra propia seguridad. Ellos también son seres inseguros, pues.
Una vez, por agarrar un fallucazo, me fui al reclusorio, ¿se imagina?… La mafia es una red. Si todo policía que fuese castigado estuviera aparte, sería distinto porque ahorita nos meten con los mismos que detenemos. Estaba yo con un miedo que no le platico, si nosotros también somos seres humanos…. Yo pienso que los derechos humanos deben ser de todos, no sólo de los delincuentes. ¿Por qué no actúa el policía? Por temor, por pensar en su familia. Queremos que, cuando se nos arraigue, que sea en un buen lugar... Por eso el policía tiene miedo de actuar, porque si va a la cárcel, ni quién lo defienda… Para nosotros las penas son más altas, el ciudadano te puede golpear y no le pasa nada, pero si lo hacemos nosotros, la pena es doble. ¿Cómo podemos dar seguridad si el policía no la tiene?
Las interminables jornadas de trabajo a las que se someten (83 por ciento de los entrevistados por necesidad económica, no por gusto) no son reconocidas económicamente como para permitirles mantener a sus familias dignamente.
*Me paro a las 4, paso lista a las 6, hago mi junta de coordinadores hasta las 9:30. El resto del día trabajamos y nos toca sólo dormir 4 o 5 horas pues llegamos a nuestras casas a las 11 o 12 de la noche. El fin de semana estamos francos pero hasta las 10 u 11 de la mañana. Este ritmo es nuestra droga… nos hace sentir activos.
*A los policías judiciales les pagan más del doble que a nosotros: 5 mil pesos a la quincena. En cambio, aquí en la preventiva, el policía primero recibe 2 mil 500 pesos a la quincena, el policía raso 700 pesos y el que le sigue mil 200 pesos a la quincena.
La inconformidad llega hasta la cama del hospital que los aguarda.
Desde el 68 a los policías nos maltratan mucho en el ISSSTE, por eso se necesitan clínicas para policías. Podría hacerse también un panteón con los recursos que tenemos en la caja porque, cuando muere un policía, a nuestras familias les hacen dar vueltas y vueltas para que les den el pago de marcha.
Y si el policía deja de mirarse al espejo para voltear a ver al ciudadano, viene una queja más. Esta, quizá, la más honda.
* Las ventajas que tenemos hacia la sociedad son casi nulas porque al policía lo pitorrean, lo manejan como policía panzón, mosquiento, cuete, con un garrote… así lo dibujan siempre. Es el representante digno de la sociedad cochina, corrompida, es el mal ejemplo. En otros lados lo respetan y entonces aquí sí tenemos ganas de vengarnos de esa sociedad porque nosotros somos representantes de esa sociedad y me ponen con una representatividad así… de vergüenza.
*Los medios de comunicación invaden y perjudican nuestra esfera moral, presentándonos como objetos de la risa de nuestros conciudadanos, mostrándonos como entes ligados a la corrupción y borrando de tajo el esfuerzo que yo y muchos miles de compañeros hacemos por borrar la mala imagen que arrastramos de otras generaciones.
Pero el rechazo y los reclamos tocan la fibra más íntima del policía cuando alcanzan incluso a su familia y aquellos con los que convive.
* Los familiares de mi novia no aprobaron por completo nuestra relación desde que supieron que mi profesión era la de policía. Según ellos, éramos unos rateros, prepotentes, que abusábamos de nuestra autoridad, siendo que así como hay malos elementos, también habemos buenos que queremos salir adelante.
* Es vergonzoso cuando nos paramos, por ejemplo, en la fiesta del día del padre en la escuela de nuestros hijos y que les digan: “¿Tu papá es policía? ¿y roba?…”. Eso preocupa: que avergüencen a nuestros hijos.
Calificaciones y desconfianza
La institución Fundar, Centro de Análisis e Investigación, bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizó un estudio sobre los abusos de poder y maltratos de la policía en el Distrito Federal. La investigación basada en encuestas concluye que de dos millones 300 mil contactos de la ciudadanía con la policía y los agentes encargados de la procuración de justicia, en un millón 170 veces hay algún tipo de abuso (51 por ciento).
Los más frecuentes son solicitud de dinero (29 por ciento), los insultos o tratos humillantes (10 por ciento), amenazas concernientes al levantamiento de cargos falsos (7 por ciento), amenazas para obtener información o una confesión (5 por ciento) y amenazas de posible daño físico (5 por ciento). Adicionalmente, uno de cada 20 abusos es de maltrato físico (70 mil contactos).
La información fue obtenida de la Oficina de Información Pública de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delito y Servicios a la Comunidad del DF. Fundar establece que del millón 680 mil contactos directamente con la policía, en 790 mil casos está involucrado un oficial de tránsito; le sigue la policía preventiva con 590 mil y la policía judicial con 150 mil.
La policía preventiva, agrega, es la corporación que con mayor frecuencia recurre al maltrato físico (un poco más de uno de cada 10 contactos), y comenta que las principales razones por las que existe desconfianza en la autoridad es porque: Son corruptos, siempre demandan dinero, sólo cumplen sus obligaciones si se les paga, roban a la gente, son cómplices de los delincuentes, no resuelven ningún problema, no atienden las denuncias, son arrogantes, son personas violentas, no inspiran confianza, detienen a los inocentes y no a los delincuentes.
Vía: Revista Milenio
El “Día sin inmigrantes”, un bumerán
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La semana pasada, el llamado “Día sin inmigrantes”, se revirtió como un bumerán a causa del intenso patriotismo que los ciudadanos estadunidenses comparten con sus contrapartes del sur del Río Bravo. Los patrocinadores de la reciente manifestación han perdido el piso en el Capitolio.
El 14 de febrero de 1979, el presidente Jimmy Carter pagó una visita de Estado a José López Portillo. Una de las varias actividades que realizó en su breve estancia en la antigua capital azteca sucedió en el Palacio de Bellas Artes. El cavernoso edificio se saturó de dignatarios mexicanos y estadunidenses.
Como era apropiado en una ceremonia binacional celebrada en México, los participantes primero cantaron el Himno Nacional del país anfitrión, y luego siguió el himno de Estados Unidos.
Mientras los mexicanos entonaron orgullosamente el primer verso de su himno, muchos tuvieron dificultad para recordar las palabras de las estrofas subsecuentes. En contraste, los estadunidenses —posiblemente con la ayuda de una hoja con la letra distribuida antes— cantaron vigorosamente los cuatro versos de “Bandera de estrellas brillantes”.
El disgusto de los mexicanos fue palpable. Su orgullo estaba herido. Ahí estaban los estadunidenses —en presencia del jefe del Ejecutivo mexicano— actuando como si estuvieran en casa. El episodio fue sólo uno entre muchos factores que hicieron de aquel encuentro López Portillo-Carter uno de los menos exitosos en la historia de la diplomacia México-EU.
Así como el acto de febrero de 1979 resultó un “tiro por la culata” a causa de las sensibilidades nacionalistas, la manifestación del primero de mayo se revirtió sobre sus organizadores. Varios factores contribuyeron a este efecto adverso.
Primero: los ciudadanos promedio estadunidenses recularon ante las escenas, televisadas de costa a costa, de los manifestantes ondeando banderas mexicanas mientras marchaban por las calles de Los Ángeles, Houston, Chicago y otras ciudades. Igualmente ofensiva fue la ubicuidad de las consignas escritas en español.
Segundo: los estadunidenses tomaron a ofensa la noticia de que una versión del himno “Bandera de estrellas brillantes”, en español, se había preparado con anticipación a las marchas. Aun el presidente Bush, quien con frecuencia inserta frases en español en sus discursos hacia la comunidad hispana, expresó su estridente oposición a esa versión en español.
Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Inmigración, subrayó el desacato que, por ejemplo, sentirían los franceses si La Marsellesa fuera traducida a un idioma extranjero.
Tercero: el llamado a los estudiantes mexicoamericanos a participar en el boicot, en vez de asistir a clases, sorprendió a muchos observadores como algo bizarro, especialmente en vista de que los niños de los inmigrantes mexicoamericanos (al contrario de sus predecesores de Irlanda, Italia, China y otras naciones), terminan menos grados de educación escolar que sus padres y abuelos.
Cuarto: muchos líderes afroamericanos se enfadaron cuando los organizadores de los sucesos del lunes compararon su manifestación con las marchas encabezadas por el fallecido Martin Luther King. El líder negro, señalaron, perseguía derechos civiles para hombres y mujeres cuyos ancestros habían sido traídos desde África como esclavos, y mantenidos en cautiverio hasta su emancipación en los años de la década de 1860.
En contraste, muchos de los activistas del primero de mayo se han colado en Estados Unidos de forma ilegal, provenientes de una nación rica en recursos, cuyos políticos toleran una extendida corrupción mientras rehúsan proveer servicios de salud de calidad y oportunidades educativas para los oprimidos de su nación. ¿Por qué —se preguntan— deben los pobres en Estados Unidos ver sus dólares de impuestos desviados para ayudar a los inmigrantes ilegales procedentes de un país donde las élites —que viven principescamente— prefieren usar sus fronteras como válvula de escape antes que asumir sus obligaciones con su propia gente?
Finalmente, los anglos en Estados Unidos con frecuencia no distinguen a las personas provenientes de diferentes naciones latinoamericanas. Lamentablemente, el “Día sin Mexicanos” coincidió con la nacionalización realizada por Evo Morales del sistema de gas natural de Bolivia. Aunque esta acción no tiene absolutamente nada que ver con México, refuerza el estereotipo de que los latinos son impredecibles y radicales.
Más que alentar la aprobación de una reforma más liberal de inmigración, las manifestaciones del primero de mayo endurecen la mano de los Senadores y Representantes de Estados Unidos que favorecen medidas enérgicas para finalizar la inmigración ilegal, para acabar con los “coyotes” que facilitan su entrada al país, y con los empresarios estadunidenses que violan la ley para contratarlos.
Luego de las manifestaciones, un nuevo sondeo de Zogby con votantes probables, que utilizó un lenguaje neutral (evitó palabras como “amnistía” o “inmigrante ilegal”), encontró que los estadunidenses prefieren, en una relación de dos a uno, que la Cámara de Representantes refuerce su propio proyecto por encima de la propuesta del Senado, que intentaba legalizar a los inmigrantes ilegales y aumentar ampliamente la inmigración ilegal.
Vía: Revista Milenio
San Salvador Atenco.- Entraron por sorpresa. Ni siquiera dieron tiempo a que los pobladores agarraran sus emblemáticas armas. Cuando David despertó y trató de tomar la suya, siete policías federales ya lo habían rodeado. Un minuto de puñetazos de pie, dos y medio de patadas en el piso y varios más de insultos arrastrado, recibió antes de ser subido a un camión de la Policía Federal Preventiva. Su machete, con la hoja de acero diciendo EZLN, se quedaba callado, mirando a su dueño inconsciente y bañado en sangre.
Así, cinco años después de haberlo intentado por primera vez, las autoridades entraban a San Salvador Atenco.
Unas horas antes del arribo policiaco, los campesinos atrincherados habían bajado la guardia de manera evidente. Información errónea, cansancio por la trifulca de cuatro horas ganada el día anterior y una desventaja numérica de cuatro por uno frente a los 3 mil policías enviados, terminaría con la resistencia que logró realizar un grupo de ejidatarios movilizados en 2001 contra la construcción de un aeropuerto sobre sus tierras.
En apenas cinco minutos, los imbatibles campesinos postrados sobre el kilómetro 27 de la carretera Lechería-Texcoco, corrían de prisa, tratando de reorganizar su defensa desde el interior del poblado. A paso redoblado, el contingente policiaco se posicionaba de la vía federal lanzando bombas de gas lacrimógeno, piedras y golpeando a diestra y siniestra. Oswaldo Ramírez, fotógrafo de MILENIO, padeció de ello, igual la fotógrafa alemana Samanta Dietmar, a quien incluso se la llevaron detenida. Pero estos detalles no importaban. Los efectivos estatales y federales ya sentían cerca la victoria.
Después de que tomaron el control de la carretera, por lo menos siete disparos de armas de fuego salieron de ambos lados. De eso no había duda entre los reporteros apostados en una vivienda ubicada justo en medio de la refriega. Pero lo más no eran las balas, sino los petardos de los pobladores y los escopetazos de sal de los federales.
Así transcurrieron otros 17 minutos de enfrentamientos. La batalla de la calle de los Fresnos terminaba con el lanzamiento de más de 50 bombas de gas lacrimógeno que hacían seguir retrocediendo a los cada vez más disminuidos “macheteros”. Para ese momento ya era evidente que el miedo estaba del lado de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Se notaba en el semblante de los jóvenes de la caravana zapatista que tenían unas horas de haber llegado al pueblo para solidarizarse. Este miedo no sólo se notaba en el rostro de los flamantes visitantes, el miedo se notaba incluso en los gritos nerviosos, desesperados, de otros dirigentes experimentados y desafiantes como David Pájaro.
Por eso el arribo a la plaza principal no tardó más de cinco minutos. Por seis accesos distintos, las columnas policiacas entraban y resguardaban de inmediato los principales edificios públicos usados como búnkers por los pocos pobladores que todavía estaban en resistencia. Para ese momento, los derrotados ya tenían nombre. El ya casi célebre auditorio Emiliano Zapata, se los daba: “Atenco, Séptimo Batallón de Caballería del Ejército Zapatista de Liberación Nacional”. Al cabo de las horas, los triunfadores —vestidos de uniforme— reían recostados en el césped de la plaza principal.
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El saldo de todas las batallas: un joven de 14 años de edad muerto a causa de un arma de fuego, otro más en estado de coma, 275 pobladores detenidos, dos periodistas (una alemana y una chilena) apresadas, 34 efectivos heridos.
A diferencia del operativo “blanco” presumido por el comisionado de seguridad pública del Estado de México, Wilfredo Robledo Rincón, el secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, reconoció actos de brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.
“Cuando se usa la fuerza evidentemente en el calor de estas circunstancias a veces hay excesos que no pueden evitarse”, declaró, para luego resaltar que también hubo “brutalidad en contra de los servidores públicos”.
Pero para las organizaciones adherentes a La Otra Campaña zapatista de la cual forma parte el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los motivos detrás del silenciamiento de los machetes de Atenco se remontan cinco años atrás. Un documento hecho entre adherentes de La Otra Campaña —y al cual tuvo acceso MILENIO Semanal— revela el balance interno de las filas zapatistas.
“La agresión contra los compañeros de Atenco, organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, no es una casualidad. El desalojo en Texcoco de vendedores ambulantes de flores parece un incidente menor para lo que ha desatado. Si alguien podría pensar que el incidente ocurrido a 8 floristas de una calle por parte de autoridades municipales era casual, la toma del pueblo de Atenco por aproximadamente 3 mil policías federales, estatales y municipales, representa evidentemente una acción decidida calculando las implicaciones políticas”, explica el escrito circulado entre los adherentes zapatistas.
Mientras el EZLN y centenas de organizaciones definían al cierre de esta edición su respuesta frente a la detención masiva en Atenco, el primer balance desde el cónclave zapatista era que lo ocurrido era “Una agresión y provocación contra La Otra Campaña sin lugar a dudas. Ocurre en el momento en que el recorrido del Delegado Zero prácticamente concluía su paso por el Valle de México, antes de avanzar hacia San Luis Potosí donde, por cierto, se había convocado desde antes a una reunión de La Otra para un plan de lucha por la libertad de los presos y desaparecidos políticos. Los de Atenco son parte de La Otra Campaña, pero no cualquiera. En buena parte de los actos de Marcos en el Valle de México los de Atenco se hicieron presentes y de hecho le acompañaron frecuentemente como parte del cordón de seguridad. Siempre mostrando los machetes que le han simbolizado en su lucha. Fue significativa su participación en la marcha del 1 de mayo y cuando acompañaron a Marcos a la cárcel de Chiconautla, Estado de México, donde está presa Gloria Arenas, muy cerca de Atenco, adonde fue esa misma noche. Es decir, que golpear a Atenco es un golpe dirigido contra La Otra Campaña”.
En el escrito también se reiteran las críticas en contra de los tres principales partidos políticos. Se señala a la policía municipal de Texcoco, ahora gobernado por el PRD y que no resolvió por otra vía el conflicto de ocho floristas, la policía estatal del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, justificando la toma completa de un pueblo porque un supuesto grupo minoritario lo tenía tomado como rehén, y el Gobierno Federal con la gigantesca participación de la policía federal.
Las críticas siguen: “Todo ello apoyado por la dupla televisiva de Televisa y TV Azteca, los recientes beneficiarios de la aprobada ley de medios. Por eso en la manipulación de las noticias que han venido haciendo los medios de comunicación, especialmente la televisión, se busca introducir el miedo a la participación con la demostración televisiva —y en vivo— de la violencia represiva”.
El regreso a Atenco
El miércoles por la tarde, luego de que la violencia estallara en San Salvador Atenco, el subcomandante Marcos decidió permanecer atrincherado en la casa de seguridad que estableció en la colonia Obrera del Distrito Federal. Desde ahí conoció la información sobre las detenciones en Atenco luego de la entrada de las fuerzas del orden la madrugada del jueves. Pasado el mediodía del viernes Marcos y cientos de sus seguidores iniciaron una movilización hacia el municipio mexiquense.
La primera escala fue en la Universidad Autónoma de Chapingo. Ahí se le unió otra centena de universitarios que por la mañana habían secuestrado varios camiones de la red de Transporte Público del Distrito Federal que tuvieron que abandonar al ser interceptados por la policía capitalina. Allí se decidió iniciar una marcha hasta Atenco, a unos siete kilómetros de distancia. Estudiantes de Chapingo, la UNAM, de los distintos CCH y miembros del Ejército zapatista, formaron un contingente de cerca de cuatro mil personas.
Marcos estuvo todo el tiempo al frente de la marcha custodiado por integrantes del Frente Popular Francisco Villa. A su paso por Texcoco realizaron pintas en las paredes de bancos y de empresas transnacionales como Burger King, exigiendo la libertad de los “presos políticos”. Previo a su llegada, las opiniones de los pobladores de San Salvador Atenco en torno a la visita de Marcos se dividía. Algunos consideraban que la presencia del Delegado Zero no era conveniente ya que “causaría inestabilidad y confusión”. Unos más aseguraban que luego de las detenciones realizadas el jueves, “el EZ ya no tiene nada que hacer aquí”. El trayecto fue a pie y duró más de hora y media. A su llegada, asombró a los simpatizantes del EZLN la ausencia de las fuerzas de seguridad que un día antes se aglomeraban a la entrada del poblado. Durante su recorrido, Marcos se detuvo frente a la casa donde fue detenido el líder de los comuneros, Ignacio del Valle, y después marchó hasta el auditorio Emiliano Zapata, en el centro del poblado, donde América del Valle —que tiene una orden de aprehensión— telefónicamente le hizo un recuento de lo ocurrido y convocó a la resistencia.
Marcos anunció que permanecerá en la Ciudad de México el tiempo necesario hasta que liberen a los “presos políticos”; convocó a la resistencia y a la protesta, y calificó al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, de “inepto” y a los medios de comunicación de engañar sobre los hechos. El sábado por la mañana encabezó una asamblea.
El EZLN libre para estar en Atenco: SSP
Sobre la presencia del subcomandante en San Salvador Atenco, el procurador general de la República Daniel Cabeza de Vaca, aseguró que “este hombre podrá pararse donde quiera a manifestarse y a expresar sus ideas”. Funcionarios de la secretaría de Seguridad Pública Federal y de la PGR detallaron que no existían órdenes de detener o modificar las actividades de la denominada Otra Campaña, y mucho menos la intención de ingresar de nueva cuenta a San Salvador Atenco con motivo de la presencia del líder zapatista.
Los funcionarios consultados explicaron que mientras todas las actividades ocurran dentro del marco de la ley y no existan hechos de violencia, la autoridad federal e incluso estatal no intervendría. (Daniel Venegas y Diego Enrique Osorno/ enviado)
La invitación de Marcos
A lo largo de los cuatro meses DE La Otra Campaña, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha establecido alianzas con un millar de organizaciones sociales y políticas de más de 20 estados. Todas tienen en común su desmarque de los partidos políticos con registro, el definirse de izquierda anticapitalista y el asumir la realización de un Programa Nacional de Lucha que permita una nueva Constitución.
San Salvador Atenco, es uno de los focos de conflicto “civil y pacíficamente” visitados por el Delegado Zero. La lista va de los campesinos sin tierra de Palenque; los damnificados de Stan; los artesanos de Chichén Itzá, comuneros de La Parota; otomíes de Guanajuato; el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, hasta el mismo Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
En febrero, MILENIO Semanal, ahondó sobre la conformación de estas redes sociales promovidas por el EZLN, a fin de organizar “desde abajo y a la izquierda”, un movimiento que “sacuda a este país”, tal y como lo ha declarado el subcomandante Marcos. Apenas el pasado 26 de abril, el líder zapatista estuvo en el municipio de San Salvador Atenco. “Aquí hay gente digna, que no se dobla ante los intereses económicos ni políticos y que luchó y sigue luchando por su tierra, su vida, su libertad”, dijo entonces.
Marcos, ante miles de pobladores, aseguró en su discurso: “Venimos a reconocerles cómo nuestros hermanos mayores, porque nos han enseñado también a desafiar al poderoso, a enfrentarlo y a defender con nuestra propia fuerza aquello que nos quieren quitar: la tierra, la libertad y la vida. Esta tierra digna de Atenco tiene mucho que enseñar, no a sólo a nosotros como zapatistas, sino a toda la gente que está luchando”.
El dirigente precisó que “resulta que en cualquier lugar donde se está luchando aparecen los machetes de ustedes dando apoyo, alegría, combatividad a la gente que está sufriendo, no importa lo grande o pequeño que sea ese movimiento”. A los macheteros, Marcos los convenció de unirse a La Otra Campaña. “Compañeros, tienen que hacer una valoración como pueblo y como organización. Han conquistado la tranquilidad en estas tierras, pudieran quedarse así. Estamos seguros de que nadie se las quitará, con esta organización y esta decisión, si pudieran optar por unirse a La Otra Campaña y correr de nuevo los riesgos para defender sus tierras, nada más que ahora para defender una cosa que tal vez muchos ignoran y que nosotros llamamos patria.
“Los necesitamos; necesitamos su decisión, su experiencia. Necesitamos sobre todo su corazón, que es de abajo y es de izquierda. En el caso de que decidieran quedarse donde están, no cambiaría la admiración y respeto que sentimos por ustedes, pero en caso que decidan marchar con nosotros en este nuevo horizonte que pensamos que es la única posibilidad de sobrevivir como seres humanos, como seres dignos, sepan que nuestra alegría será tan grande que rebasará las fronteras”. En la explanada principal de San Francisco Acuexcomac, vecino a Atenco, Marcos habló ante el Frente. “Ahora se trata de mantener esa lucha, de no perder la organización y unirse a otras organizaciones. Les pedimos eso: no suelten la lucha, no suelten la organización, empiecen a tender sus manos, sus voces, a otros compañeros y compañeras, a otros campesinos, indígenas, estudiantes, maestros, toda la gente pobre que hay en este país. Hay mucho que nos tienen que enseñar a todos”. Una semana después de Marcos, entraron 3 mil policías federales y estatales al poblado. (DEO)
Vía: Revista Milenio
Some very human genes
HAVING been trumped last week by the decision of the chimpanzee genome sequencing consortium to publish in their rival, Nature, the editors of Science have now got somewhat of their own back with a trio of papers that look at genes which seem to be involved in the evolution of the human brain.
Two of these papers reported studies carried out by Bruce Lahn, of the University of Chicago, and his colleagues. Dr Lahn has been studying two genes that tell the brain what size to grow to. If either of these genes, known as Microcephalin and ASPM, fails to do its job properly, the result is a brain that, though normal in its structure, is far smaller than it ought to be somewhere between a quarter and a third of the normal volume—and which does not work properly. One of the characteristics of Homo sapiens is an exceedingly large brain, and some biologists have speculated that changes in these two genes might be part of the cause of this enlargement. Those speculations have been sup-ported by evidence that these genes have changed significantly since the human and ape lines separated several million years ago.
Dr Lahn has added to that evidence, and has shown that this evolution continued even after Homo sapiens became a species in its own right, less than 200,000 years ago. One variant of Microcephalin, now widespread, came into existence only about 37,000 years ago, while a wide-spread version of ASPM originated a mere 5,800 years ago—meaning that it post-dates the beginning of civilisation.
Dr Lahn and his team were able to estimate the dates that the two gene-variants first appeared by looking at which groups of people have them. The past two decades have revealed a lot about how humanity has spread across the globe, and when. By tracing branches of the family trees containing the variants in question backward until they join, the dates at which the variants appeared can be worked out.
That the two variants have spread by natural selection rather than chance can be seen from the speed with which they have become established. If they had no positive consequences, their frequency would rise, if at all, by chance—a process known as neutral drift.
The third paper, by Toshiyuki Hayakawa and Takashi Angata, of the University of California, San Diego and their col-leagues, looks at a molecular receptor for a chemical called sialic acid. This chemical caused a stir a few years ago when it was discovered that human sialic acid is different from that found in apes—and, indeed, any other mammals. Dr Hayakawa and Dr Angata have found a receptor for sialic acid that occurs in human brain cells (though the cells in question are support cells rather than actual nerve cells), but not in those of apes. The gene that encodes this receptor molecule seems to have been cob-bled together from bits of two other genes one of which, in a curious twist, had itself stopped working properly during the course of evolution.
What all this means is still mysterious. The study of brain evolution is still in the stamp-collecting phase that begins most branches of science, when researchers are looking for interesting facts to stick in their albums, rather than assembling overarching hypotheses. These three stamps, though, are very pretty. Eventually, they may turn out to be precious.
Vía: The Economist
