Por José Antonio Ortega

Más allá de las controversias que provoca, el abogado penalista José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, investigó y documentó las razones por las cuales México encabeza la lista mundial en el delito de secuestro. El origen y crecimiento de este flagelo (en el país se cometen 448 plagios al año en promedio), el rol de las autoridades ante el fenómeno, la crisis de inseguridad y la situación de las víctimas, entre otros aspectos, son materia de estudio de Ortega en su libro El secuestro en México, que Planeta pondrá en circulación esta semana. Con autorización de esa editorial, reproducimos las partes sustanciales del epílogo: "¿Hay protección contra el secuestro?"

El problema del secuestro está muy lejos de ser resuelto. Al momento de entregar el manuscrito de esta obra, había signos muy claros de que estamos ante la tercera gran oleada del secuestro en México y de que los plagios están repuntando.

Los grupos subversivos están cometiendo más secuestros, además de atracos contra transportes de valores. Supuestamente, el EPR y otros grupos estarían acumulando grandes cantidades de dinero, ya sea para incursionar en grande en el narcotráfico (como las FARC) o para preparar una campaña terrorista de alto perfil con motivo del bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la Revolución mexicana.

En 2007, los secuestros de alto impacto denunciados crecieron 33% con relación al año anterior. En los primeros cinco meses de 2008, los plagios aumentaron en forma acelerada en distintos puntos del país.

En Tabasco, durante el gobierno de Manuel Andrade Díaz, hubo una burda manipulación de datos para simular seguridad y eficacia de la procuración de justicia. Supuestamente no hubo secuestros, aunque sí los hubo, según dieron cuenta numerosas notas periodísticas. Pero en 2007, y sobre todo en 2008, la situación se ha agravado aceleradamente.

En 2007, oficialmente hubo 10 secuestros en Tabasco. Pero hasta el 30 de marzo de 2008, según reportes de prensa, ya se habían cometido 28, y de mantenerse este ritmo el año podría concluir con más de 100 plagios, es decir, 10 veces más que el año anterior.

En la Chontalpa (compuesta por los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo y Paraíso), una de las cinco regiones del estado, entre el 23 de febrero 2007 y el 8 de febrero de 2008 ocurrieron 20 secuestros cuyos autores casi en su totalidad están impunes.

En el Distrito Federal, en el primer cuatrimestre del año habían subido 76% respecto al mismo período del año anterior. De mantenerse la tendencia, al final de 2008 podrían haberse cometido más de 200 plagios de alto impacto.

La capital del país podría entrar así en su peor etapa de plagios. En el Estado de México, de mantenerse las tendencias del primer trimestre de 2008, el año terminará con 46% secuestros más que en 2007.

En Baja California, con 23 denunciados en el primer cuatrimestre, al final del año habría 70, lo cual significaría un incremento de 250% en relación con el año anterior.

Es un hecho que, más allá de las cifras oficiales, en Tijuana los plagios se triplicaron desde 2006 y se cometen más de 100 por año.

Secuestro y subversión

Los plagios se están perpetrando en lugares inesperados. Tal es el caso del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, de gran importancia turística y con una población que no supera los 180 mil habitantes. Ahí no ocurrían secuestros, y de pronto en 2007 hubo nueve. Es decir, debe tratarse de la localidad con más plagios en el mundo: 50 por cada millón de habitantes.

Por lo demás, y como se ha insistido por años, el número real de secuestros es superior al de los denunciados. Mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) registró 435 en 2007, la Policía Federal Preventiva (PFP) contabilizó mil 17, cifra 134% mayor.

Según la PFP, en el Distrito Federal no hubo 112 en 2007, como consta con base en las denuncias ante la procuraduría capitalina, sino 481; en el Estado de México en realidad hubo 347 en total frente a 52 denunciados.

Ante la nueva oleada del secuestro, dos hechos son motivo adicional de alarma. Por un lado está la negociación que mediante intermediarios el EPR mantiene con el gobierno federal, negociación que era secreta hasta que la denunciamos y se tuvo que volver más o menos pública.

Ante la revelación, el EPR negó que negociara con el gobierno y mucho menos "en lo oscurito". La reacción es lógica, pues el capital político del grupo terrorista se finca en la intransigencia y la "pureza" revolucionaria. Pero esa pureza no es tan pura.(...)

El gobierno se equivoca al negociar con terroristas, y peor aún con unos que ni remotamente están dispuestos a deponer las armas. No va a resultar de ello nada bueno para el país, y sí, en cambio, un fortalecimiento del grupo subversivo.

Es falsa la disyuntiva entre negociar o aplastarlos. Se debe aplicar la ley a todo aquel que la transgreda. Punto. Nos oponemos a toda acción ilegal y criminal para combatir el delito. Así como condenamos el secuestro, condenamos las detenciones ilegales, las desapariciones forzosas e involuntarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o la toma de familiares como rehenes.

Se nos dirá que no se puede ni se debe combatir con represión a los problemas sociales y que "la violencia solamente engendra más violencia", pero analicemos cada uno de estos argumentos.

Veamos primero las supuestas raíces sociales del terrorismo y en general de la delincuencia. Existe una cantidad abrumadora de evidencia que demuestra que no hay tal determinación económico-social del crimen. Ni el nivel de desarrollo de un país, ni el índice de desarrollo humano o de marginación, ni el índice Gini o grado de desigualdad en la distribución del ingreso, ni el grado de carestía, ni el ritmo de crecimiento de la economía o el desempleo explican las diferencias en la incidencia criminal entre jurisdicciones o en diferentes momentos.

La pobreza no es la raíz del terrorismo, fenómeno universal que ha alcanzado a las naciones más ricas. Los terroristas en su gran mayoría tampoco son pobres, sino que se encuentran por arriba de la media de ingresos (el "pobre" Osama Bin Laden apenas tiene una fortuna de 300 millones de dólares).

Por lo que hace al trillado y equivocado aforismo de que "violencia solamente engendra violencia", es demasiado obvia la refutación, pero hay que repetirla: si lo contrario –la no violencia– impidiera la violencia, ésta hace mucho que no existiría, pues la inmensa mayoría de quienes la sufren ni siquiera intentan hacer uso de su derecho natural a defenderse.

No. Lo que engendra la violencia, lo que envalentona a los terroristas y a los criminales en general, es la no resistencia, la omisión del Estado en su función y las políticas claudicantes de apaciguamiento y negociación de la ley. Pedir que ante el delito violento el Estado –quien tiene el monopolio de la violencia legítima– no reprima, equivale a instaurar la ley de la selva y garantizar la impunidad de los violentos.

El otro gran hecho ominoso respecto al secuestro es el retorno a la idea de que la mejor manera de combatir este delito es perseguir a sus víctimas.

El 24 de noviembre de 2007, representantes de todas las procuradurías del país que conforman el Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Delito de Secuestro acordaron reformas legales a fin de que se congelen las cuentas bancarias y demás bienes de las víctimas de plagio y de sus familiares, para que así, supuestamente, ya no se paguen rescates.

Con esto, aseguraron los representantes de las procuradurías, se lograría la erradicación del secuestro, pues ante la imposibilidad de obtener rescates los plagiarios dejarían de ver un negocio en la privación de la libertad de las personas.

Pero en realidad el objetivo de esta monstruosa medida no es reducir o erradicar el secuestro, sino impedir que los plagios se denuncien para simular así que ese delito baja o quitarse la presión de la opinión pública.

De darse la reforma legal, las procuradurías se enterarían de los secuestros de la manera en que hoy lo hacen en forma mayoritaria: gracias a las denuncias. Así, tendrían conocimiento de muy pocos casos, pues los familiares de las víctimas no presentarían las denuncias ante el temor de poner en mucho mayor riesgo la vida de sus seres queridos, pues las cuentas bancarias quedarían de inmediato congeladas.

Los secuestradores, iracundos, tomarían las mayores represalias. ¿Qué ocurrirá entonces? Los familiares tendrán que negociar con los delincuentes sin intervención de las procuradurías ni la menor posibilidad de que los plagiados puedan ser rescatados y los secuestradores detenidos.

Y esto hará que los secuestradores negocien desde una mayor posición de fuerza y cometan actos de mayor crueldad para obtener rescates más cuantiosos, a sabiendas de que no habrá operativos de rescate y no serán detenidos.

La reforma legal, en suma, tendría tres efectos principales: Cesaría la presión sobre las procuradurías para que combatan al secuestro. Se aumentarían los riesgos de mutilación, tortura y asesinato de los secuestrados. Se garantizaría la impunidad de los secuestradores y, consecuentemente, habría muchos más plagiarios y mucho más secuestros.

De lo que se trata con esta reforma no es en modo alguno de combatir al secuestro, sino de acallar la protesta. El mensaje implícito en la renovada amenaza de castigar a las víctimas es: "cállense o les va a ir peor".

Por tanto, las perspectivas del secuestro en México son muy oscuras. La clase política y las burocracias del sistema de justicia penal, lejos de representar el interés de la sociedad, se han confabulado en contra de los gobernados.

El caso Martí

El secuestro y asesinato de Fernando Martí desencadenó una ola de indignación social en México en contra de los plagios y la inseguridad pública en general. Además, al clima de crispación social ha venido a sumarse una ola de violencia homicida jamás vista, en la cual los protagonistas son bandas de narcotraficantes.

El 30 de agosto de 2008, en más de 40 ciudades del país, marchamos cientos de miles de manifestantes en demanda de que, de una vez por todas, se ponga fin a esta situación intolerable.

Durante los actos resonaron las palabras de Alejandro Martí, padre de Fernando, quien en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 21 de agosto de 2008 les espetó a nuestros gobernantes el sentir de la inmensa mayoría de mexicanos: "Si no pueden, ¡renuncien!".

En dicha reunión fue aprobado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el cual consta de 75 medidas con las que supuestamente la crisis será superada y el país regresará a los niveles de seguridad relativa que imperaban 30 años atrás.

Pero en ese documento no hay nada que mueva al optimismo. Algunas medidas son atinadas, las veníamos proponiendo desde hace tiempo y no entendemos por qué no se habían aplicado. Otras son erróneas y, lejos de ayudar a combatir los plagios, limitarán todavía más las libertades. Los políticos mexicanos nunca entienden la extrema simulación que implica pretender combatir delitos prohibiéndolos (cuando ya están prohibidos en el Código Penal), pues precisamente lo que caracteriza a un delincuente es su propensión a violar la ley. Tal es la intención que se halla detrás del hecho de casi prohibir la telefonía celular de prepago, como si los registros draconianos fueran a detener a los plagiarios.

Algunas medidas como el "observatorio ciudadano" han sido concebidas –muy en el estilo de los políticos autoritarios mexicanos– para la mediatización del descontento social, la cooptación de autonombrados "representantes de la sociedad civil" y la invención de interlocutores cómodos ("constructivos") para los gobernantes.

Los ciudadanos no quieren zanahorias, atole con el dedo, ni simulación. Quieren resultados tangibles. No necesitamos juntas de notables, ni intermediarios, ni tutores. Los ciudadanos quieren justamente aquello de lo que carece el documento: compromisos concretos de reducción del crimen y la impunidad (en términos de porcentajes, tasas y cifras absolutas), a cumplirse en plazos perentorios, con sanciones para quienes no cumplan.

Lo único que haría viable un verdadero principio de solución ante el secuestro y la inseguridad sería que los gobernantes adoptaran estos seis compromisos mínimos:

1. Reducción de la incidencia de secuestros en 50%, al nivel de 2005, que según la estadística oficial es el más bajo en 15 años.

2. Cumplir la totalidad de las órdenes de aprehensión de secuestradores y confinar a los ya presos en penales de alta seguridad.

3. Reducir la incidencia de delitos en 10%, sobre todo los graves.

4. Aprobar un programa nacional con metas para reducir progresivamente los delitos, y en el caso del secuestro, para erradicarlo a más tardar en 2012.

5. Dar inicio a una radical y completa depuración de las policías, al mismo tiempo que se mejoran en 100% los salarios de los agentes a fin de atraer a las filas de las corporaciones a las mejores y no a las peores personas.

6. Cese inmediato de las violaciones a los derechos a la libertad de tránsito y a la libertad personal. Fin a retenes, redadas y revisiones ilegales de personas y vehículos. No sólo son anticonstitucionales y facilitan los abusos, sino que han probado ser absolutamente ineficaces contra la delincuencia. Al crimen no se le combate cometiendo crímenes.

Ante la casi absoluta carencia de voluntad de las autoridades del Estado mexicano, los ciudadanos debemos redoblar la lucha ciudadana para obligarlas a cumplir con la tarea que les hemos encomendado y por la cual pagamos una parte sustancial de la riqueza que generamos.

La lucha será ardua y difícil. Pero acostumbrarnos a vivir en el terror no es una opción.

Vía revista Proceso