Por Miguel Ángel Granados Chapa

Mientras más crece la percepción pública sobre la brutalidad de la agresión policiaca en San Salvador Atenco desplegada el 4 de mayo, porque cada día se conocen nuevas evidencias de la barbarie y se multiplican las quejas por violaciones a los derechos humanos, principalmente de mujeres, más se entercan los funcionarios del Estado de México en disimularla, o en justificarla cuando no pueden ya fingir que no la hubo. El gobernador Enrique Peña Nieto (que adquirió sin remedio el tic de dispendiar recursos públicos) en una masiva y atosigante presencia pagada en los medios electrónicos; y sus subordinados Humberto Benítez Treviño y Wilfrido Robledo Madrid se ufanan de haber restablecido el orden y el estado de derecho en la comarca donde ocurrieron los asaltos policiacos. Y como cuentan para la aceptación de los argumentos con la necesidad de seguridades que alberga buena parte de la población, sienten haber triunfado políticamente, aunque cunda la conciencia de que los abusos policiacos constituyen una derrota del cometido institucional que les corresponde.
A pocos meses de iniciado el gobierno de Peña Nieto queda claro el sentido de las designaciones de Benítez Treviño y de Robledo Madrid. Son hoy los capitanes de la agresión. Parece haberse previsto que lo fueran. Con ellos en esos cargos, se tiene a un perseguidor, un procurador en la Secretaría de Gobierno. Y a un espía ejercedor no de la mano dura, sino de la represión a ultranza en la policía, donde se cree que el orden es sinónimo de seguridad.
Benítez Treviño formó parte del grupo cercano al profesor Carlos Hank González. A los 27 se inició en la administración pública en Auris, la gigantesca iniciativa de poblamiento (y comisiones por contratos de construcción de viviendas y fraccionamientos) que desarrolló Hank en los años en que gobernó su estado natal. Cuando el profesor pasó al Departamento del Distrito Federal, Benítez Treviño tuvo adscripciones variopintas en el gobierno capitalino: coordinador de defensores de oficio, subdirector de reclusorios, director de Boletrónico, delegado en Benito Juárez. Y todavía en la Secretaría de Turismo, un sexenio después, Hank lo nombró director de administración.
Pero su vocación verdadera parece ser la investigación ministerial, el desempeño de la procuración de justicia, con los significados que la expresión y su práctica tienen entre nosotros. Apenas salió de la Escuela de Derecho de la Universidad mexiquense, en el Distrito Federal fue durante tres años (1969-72) agente del Ministerio Público, visitador y auxiliar. Tiempo más tarde volvería a esa oficina como titular, como procurador de justicia del Distrito Federal durante unos meses de 1994. Antes, bajo el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza (con quien ya había trabajado en la Secretaría de la Contraloría), fue procurador de Justicia del Estado de México. De allí pasó a ser en 1993 subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República (de donde se ausentó brevemente para encabezar el Ministerio Público capitalino) y retornaría como titular de la PGR, el último de la quinteta nombrada sucesivamente por el presidente Salinas, y que incluyó a Enrique Álvarez del Castillo, Ignacio Morales Lechuga, Jorge Carpizo y Diego Valadés.
Fue procurador durante breve tiempo: de mayo a noviembre de 1994. Y su posición conllevó una paradoja: fue subalterno de su subalterno Mario Ruiz Massieu. Cuando Valadés dejó la PGR en abril, Salinas estuvo a punto de nombrar en su lugar a Ruiz Massieu. Pero el secretario de Gobernación Jorge Carpizo recordó al presidente (en la dualidad de sus actitudes ante los Ruiz Massieu, referidas por Mario) que por haber sido hasta hacía poco embajador en Dinamarca, el hermano menor de José Francisco no satisfacía un requisito de antigüedad o residencia, y se le designó subprocurador general dotado de plenos poderes, incluido el de mandar a su jefe. La presencia de éste se atenuó todavía más en los últimos dos meses de su gestión, porque tras el asesinato de José Francisco su hermano menor se encargó de la investigación, convertida en el principal asunto de la procuraduría. Ruiz Massieu, sin embargo, acusó a Benítez Treviño de estorbar sus indagaciones.
Wilfrido Robledo Madrid, por su parte, es un marino que ha pasado en tierra buena parte de su desempeño profesional. Ingresó en la Heroica Escuela Naval Militar en 1964, y sirvió en la Armada de México, en cuyo cuerpo general ha alcanzado el grado de vicealmirante, no obstante que sus últimas promociones las recibió mientras estaba comisionado en otros menesteres. A partir de 1989 se dedicó a lo que eufemísticamente se llaman labores “de inteligencia” en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Cisen, que hasta poco tiempo atrás fue la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del régimen. Sobra decir que el cambio de nombre no significó el de propósitos ni estilos. En ese espíritu se formó la destreza más reciente de Robledo Madrid, en la obtención de información por todos los medios posibles, para toda suerte de fines. A Carmen Aristegui, ante la cual ha mostrado su impaciencia autoritaria oportunamente contenida por su entrevistadora, aventuró que la muerte de Javier Cortés, el infortunado chico de 14 años asesinado de un balazo calibre 38 el 3 de mayo, era resultado de un ajuste de cuentas entre facciones del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra. El fundamento científico de su conjetura es que el chico “le sale” (en sus bitácoras de espionaje, supongo) relacionado, era sobrino, de un dirigente distanciado de Ignacio del Valle.
Del 4 de julio de 1999 al 6 de diciembre de 2000 fue comisionado (jefe, director) de la Policía Federal Preventiva, nacida por decreto del presidente Zedillo en enero de aquel año, el penúltimo de su gestión. Muy poco después de concluido su desempeño allí, se iniciaron varios procesos penales en su contra, por señalamientos de la Secretaría de la Contraloría a cargo de Francisco Barrio y la de Seguridad Pública de que era responsable Alejandro Gertz. Le fueron imputadas irregularidades en la adquisición del equipo aéreo de la PFP. Además de inhabilitaciones administrativas (que le impiden ser contratado en el gobierno federal) en su contra se dictaron órdenes de aprehensión, que no fueron cumplidas, no obstante que el 21 de enero de 2003 un tribunal colegiado revocó un auto de libertad que le había sido concedido en octubre de 2002. La razón para que no fuera aprehendido, en los hechos, estribaba en que un subalterno suyo, Genaro García Luna, igualmente acusado, había sido designado por el procurador general Rafael Macedo de la Concha director de la Policía Judicial Federal que luego transformó su nombre en Agencia Federal de Investigación.
Con un credo análogo, sintetizado en la semejanza del nombre, Robledo Madrid es ahora comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE). Mientras libraba sus procesos Robledo Madrid se arrimó a buen árbol, pues trabajó en las oficinas de seguridad del Grupo Carso. Y volvió a la función pública como secretario de ese ramo en el gobierno de Peña Nieto, en septiembre pasado. Tenía pocas semanas en su cargo cuando la casualidad lo colocó en el aire, a bordo de un helicóptero, cerca del que transportaba a su homólogo federal, Ramón Martín Huerta. Pudo por eso atestiguar cómo el aparato que poco después se desplomaría causando la muerte de sus ocupantes, entró en un banco de niebla que probablemente impidió al piloto advertir el promontorio contra el que se estrelló.
En febrero pasado transformó a su secretaría en agencia. En mayo, al frente de 2 mil 500 de sus miembros participó en la toma de Atenco, sin que a su juicio nadie de los elementos a sus órdenes cometiera desmanes. En cambio, policía al mismo tiempo que agente ministerial y juez, el día de su gloria decretó la naturaleza delincuencial de los dos centenares de personas aprehendidas, muchas de ellas vejadas y heridas.

Vía: Revista Proceso