Por J. Jesús Esquivel

Tres organizaciones independientes demandaron al gobierno estadunidense para que no construya un canal que abastecería de agua a San Diego, California, a costa del manto del Valle de Mexicali. Dicho proyecto viola un tratado bilateral y la ley de Estados Unidos, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores no parece dispuesta a impugnarlo. El abogado de los inconformes dice que de esa forma el presidente Fox evita meterle ruido a la eventual aprobación de la reforma migratoria en el Capitolio.
WASHINGTON.- Con tal de que el Congreso de Estados Unidos apruebe una reforma a las leyes migratorias todavía en su sexenio, el gobierno de Vicente Fox estaría dispuesto a permitir que la administración Bush se robe 86.3 millones de metros cúbicos de agua en el Valle de Mexicali.
Incluso, el mandatario mexicano aceptaría los daños ecológicos irreparables que causaría a la zona la construcción del llamado Canal Todo Americano II (All American Canal II, AACII), señalan la comunidad de Mexicali, el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali (CDEM) y la organización no gubernamental estadunidense Ciudadanos Unidos por los Recursos y el Medio Ambiente (CURE, por sus siglas en inglés), que impugnaron judicialmente la pretensión de Washington.
“Es posible que el gobierno de México, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), no esté presionando a Estados Unidos porque no quiere hacer enojar al gobierno de Bush y pretende evitar complicaciones en el tema de la reforma migratoria”, señala en entrevista el abogado William J. Snape III, representante de las tres organizaciones que pretenden evitar la construcción de ese canal, mediante el cual se pretende abastecer de agua a la ciudad de San Diego, California, entre otros lugares.
“Políticamente es un punto válido, pero debe quedar perfectamente entendido por los mexicanos que Estados Unidos les quiere robar el agua y parecería que el gobierno de México lo va a permitir”, anota Snape. El litigio está en manos del juez federal Philip M. Pro, jefe de la Corte Federal de Distrito del estado de Nevada, quien en los próximos días dará a conocer su fallo.
El caso es complicado. México y Estados Unidos arrastran el problema desde 1994, cuando Washington anunció la construcción del primer canal, debido a que los derechos de propiedad de las aguas subterráneas no están estipulados en el Tratado de Aguas firmado por los dos países en 1944.
Sin embargo, los demandantes insisten en que la construcción del AACII es una violación de ese tratado por el gobierno estadunidense, que a su vez aprovecha las facilidades que le da la inacción de la SRE.
Y es que, a decir de Snape, el gobierno de Fox ha dado apoyo a las quejas por los posibles daños ecológicos y económicos a la población del Valle de Mexicali, e incluso la del Imperial County, pero la posición oficial mexicana es complaciente con Washington:
“Si miramos históricamente a esta situación, nos pone nerviosos la posibilidad de que la SRE esté buscando llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Aunque puede ser también que estén esperando ver cuál será el resultado del juicio”, matiza el abogado.
Por su parte, Gerónimo Gutiérrez, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, niega que el gobierno foxista permanezca inactivo en el caso por intereses políticos: “El tema ha sido abordado en múltiples reuniones de trabajo con todo tipo de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluso lo han abordado directamente los presidente Fox y Bush. Por ello, no comparto esa apreciación de los demandantes”.
Daños previsibles
Este semanario cuenta con copia de la carta que el 3 de marzo pasado le envió José Luis Luege, titular de la Semarnat, a Gale Norton, responsable del Departamento del Interior del gobierno estadunidense.
“Esta Secretaría –dice Luege– le ha manifestado y le reitera su preocupación respecto a este proyecto (AACII). Repetidamente hemos procurado un diálogo que permita alcanzar una solución bilateral al conflicto. Fue en ese sentido que hicimos entrega al Departamento a su digno cargo, de la información preliminar sobre los impactos previsibles para México por el revestimiento del Canal Todo Americano. Ahora observamos que el conjunto de documentos emitidos por dependencias del Departamento del Interior, al margen del diálogo propuesto, formula conclusiones con inconsistencias.”
Según el abogado Snape, dichas inconsistencias son las mentiras del gobierno de Bush sobre las conclusiones de los estudios de daño ecológico y económico en ambos lados de la frontera por el canal. El abogado le presentó al juez de la Corte de Nevada 35 estudios realizados por organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos y gobiernos locales acerca de tales efectos.
Sin embargo, en el litigio ante el juez Pro, el gobierno de Estados Unidos descarta que el proyecto pueda ocasionar la pérdida de zonas pantanosas, ponga en riesgo a miles de aves migratorias, incremente el paso ilegal a Estados Unidos de personas indocumentadas procedentes del Valle de Mexicali, o acabe con algunas especies vegetales, entre otras consecuencias.
Esta posición implica que la administración de George W. Bush incumple también el capítulo II del Acta de Acuerdos de los Derechos de Agua de los Indios de San Luis Rey, que lo obliga a compensar cualquier pérdida incidental de la vida marina, salvaje y silvestre por daños ecológicos derivados de la realización de trabajos como la construcción de un canal o de vías ferroviarias.
Continúa la carta de Luege a Norton:
“Como ejemplo de esas inconsistencias, le cito las afirmaciones del Buró de Reclamos o Recuperación (Bureau of Reclamation, BOR) –del Departamento del Interior– (Anexo B) y del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (Anexo C), de que no existen nuevas circunstancias o información relevante en materia ambiental relativa al proyecto o sus impactos, ello a pesar de que en el mismo documento manifiestan no tener datos ni haber procurado el acceso a sondeos o a la observación necesaria para evaluar cualquier efecto. Luego entonces, el documento del BOR formula conclusiones sin fundamento.”
Por otra parte, el Departamento del Interior del gobierno de Bush rechazó una petición de Proceso para entrevistar a Gale Norton. Mediante uno de sus voceros, la dependencia respondió que se trata de un asunto interno, por lo cual no hará ningún comentario mientras la corte no emita su fallo.
“No hay inconsistencia, y ya hemos realizado todos los estudios de impacto ambiental requeridos, por eso no compartimos el punto de vista del gobierno de México”, fue lo único que declaró el portavoz. Sin embargo, en la misiva de Luege Tamargo se dice lo siguiente sobre dichos estudios: “De la lectura de los lineamientos en cemento, se desprende que existe la obligación legal del gobierno de los Estados Unidos de evaluar los impactos ambientales trasfronterizos de las obras del Canal”.
Indecisión
En la citada carta, el gobierno mexicano indirectamente acusa al de Estados Unidos de mentiroso, pero a decir de las organizaciones demandantes la Secretaría de Relaciones Exteriores no presiona a Washington, como tendría que hacerlo como parte del Grupo Interinstitucional.
Esta última instancia gubernamental mexicana está conformada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (CNA) y el gobierno de Baja California. El grupo sirve como foro en el cual se acuerdan las acciones del gobierno de México sobre el AACII, pero dentro de él –dicen las organizaciones demandantes– sólo la Semarnat y el gobierno bajacaliforniano asumen la defensa de los intereses que se podrían ver afectados por la acción unilateral de Washington; no así la SRE.
El subsecretario Gerónimo Gutiérrez dice estar dispuesto a explicarles el asunto a los quejosos, pero al pedírsele que detalle la estrategia de la cancillería mexicana, intenta justificar la falta de acciones:
“Estamos buscando primero, por una vía, todos los instrumentos bilaterales que nos permitan defender los derechos del Valle de Mexicali, y todos están activados. Dos, todas las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos van en ese sentido. Número tres, lo que estamos haciendo es revisar todas las vías de cooperación que puedan evitar una afectación al Valle de Mexicali, y eso se está haciendo con independencia del litigio en curso.”
–Como parte del Grupo Interinstitucional, ¿la SRE le ha hecho ver al gobierno de Estados Unidos lo que dice la carta de la Semarnat? ¿Le ha hablado el presidente Fox al presidente Bush sobre las inconsistencias? –se le pregunta al funcionario.
–Lo que la carta refleja, no sé si la palabra correcta sea “inconsistencia”, es que de acuerdo al propio marco legal estadunidense, no se han cumplido ciertos procedimientos que son necesarios… No es obvio el hecho de que se trata de un tema bastante complejo y que, por lo tanto, las discusiones y consultas han sido difíciles.
Consultado aparte, William J. Snape III coincide en que se trata de un caso complicado en materia de la interpretación del Tratado de 1944, pero reitera que el gobierno estadunidense está cometiendo todo tipo de irregularidades con tal de construir el canal para llevarse el agua de los mexicanos. Además, añade, en el caso de los derechos de las aguas subterráneas que están en juego en el Valle de Mexicali, la construcción del AACII es una violación implícita a los capítulos 33 y 1344 del Acta de Agua Limpia de Estados Unidos.
Además, afirma que el gobierno de Bush está levantando una cortina de humo en la disputa ante la Corte de Nevada a favor de los intereses de algunos constructores de San Diego, a donde está llegando el agua subterránea del Valle de Mexicali: “El gobierno de Estados Unidos quiere que San Diego siga creciendo, que siga floreciendo la industria de la construcción de condominios de lujo rodeados de campos de golf. Eso, ante los ojos de cualquier persona, es una injusticia”.
El abogado indica que si el gobierno de Fox quiere mantenerse al margen del caso para no hacer ruido ahora que se debate la reforma migratoria en el Capitolio, aun a costa de la población agrícola de Mexicali, al menos debería disfrazarlo con una estrategia de pantalla. “Si el agua se va para San Diego, ¿adónde se van a ir los agricultores de Mexicali? A Estados Unidos, empeoraría el problema de la inmigración indocumentada”, argumenta.
Una de las teorías de los demandantes sobre la pasividad de la SRE surgió de un documento que el encargado del Distrito de Riego de Imperial County, Jesse P. Silva, le envió el 21 de abril del año pasado a una de las empresas que construirán el AACII. Ahí, el funcionario asegura que el gobierno foxista le pidió a Estados Unidos una compensación de 55 millones de dólares como compensación por los daños económicos, sociales y ecológicos que el canal provocaría en el Valle de Mexicali.
“No tenemos la certeza de que esa sea la razón por la cual (las autoridades mexicanas) no quieren meterse con Estados Unidos, pero si eso es lo que están buscando, bueno, ojalá entiendan que los billetes verdes no generan productos agrícolas y el agua sí. Mis clientes no están interesados en dinero, están interesados en el agua”, enfatiza Snape.
Al preguntarle sobre esa versión, el subsecretario Gutiérrez anota: “No existe ningún acuerdo de recibir una compensación por las cantidades que han sido mencionadas, a cambio de esto. Lo único que se ha discutido, de manera preliminar e interior en México, hasta donde yo tengo conocimiento, es que ciertas obras que podrían recuperar volúmenes de agua necesarias para evitar una afectación tienen esos montos”.
En cuanto al próximo fallo del juez Pro, el litigante afirma que será una decisión favorable para la causa de las organizaciones que representa, pero prevé que el mismo juez puede confundirse respecto de los derechos de pertenencia del agua a causa del complicado lenguaje del Tratado de 1944, así como por las posiciones de los gobiernos de ambos países. En consecuencia, explica, el juez evitaría emitir su fallo en este momento, alegando que es necesario llevar a cabo un juicio más completo.
“El fallo del juez será que el gobierno de Estados Unidos ha violado sus propios estándares y leyes de medio ambiente. Estoy confiado en que ordenará que se suspenda la construcción del canal durante por lo menos seis meses o un año para determinar qué solución podría dársele. Nosotros utilizaríamos entonces esa prórroga para abordar el tema de los derechos de propiedad del agua”, concluye.

Vía: Revista Proceso