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Arrastrada por la lluvia de la temporada, casi 5,000 toneladas de basura procedente de unos 14 municipios de la zona, satura cada año al Cañón del Sumidero, uno de los principales atractivos turísticos del estado de Chiapas.
Redacción / El Economista.com.mx

Tuxtla Gutiérrez.- El Cañón del Sumidero, uno de los principales atractivos turísticos del sureño estado de Chiapas, enfrenta graves problemas de contaminación a consecuencia de las 5,000 toneladas de basura que acumulan sus aguas cada año.

Arrastrada por la lluvia de la temporada, la basura procedente de unos 14 municipios de la zona satura este canal, que forma parte del cauce del Río Grijalva, impide la navegación de los turistas y obstaculiza el tránsito de los cocodrilos de la zona.

En las partes con mayor densidad de basura, el agua queda totalmente oculta y las aves se pasean entre los despojos y los troncos arrastrados por las corrientes.

Según las autoridades federales y estatales de Chiapas, este problema, que se repite cada año en la época de las lluvias, es consecuencia de la desembocadura de aguas sucias y residuos orgánicos e inorgánicos que arrastran al menos 14 municipios a causa de las “fuertes” precipitaciones.

Violeta Corzo, portavoz de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), dijo a Efe que de las 5.000 toneladas de residuos extraídos anualmente, el 85 por ciento es madera arrastrada por la corriente, un 10 por ciento piedras y lodo y un 5 por ciento plásticos y otros residuos inorgánicos.

“El problema de la basura no es un problema del Cañón sino de un mal manejo de residuos sólidos urbanos principalmente”, dijo la representante de CONANP, para quien la conservación de las áreas depende de la participación e implicación de los habitantes de los municipios cercanos.

El pasado mes de agosto se acumularon más de 700 toneladas de desechos en el río Grijalva y hasta la fecha sólo se ha logrado recolectar unas 234,4 toneladas, según explicó a Efe el secretario local de Turismo, José Luis Zebadúa.

El pasado 9 de septiembre se declaró una “alerta” para iniciar los trabajos de limpieza de este paraje en los que participan 700 personas procedentes del gobierno de Chiapas, de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena).

Zabadúa aseguró que en quince días se podrá desbloquear el cañón y retirar las casi 500 toneladas de basura que aún flotan en sus aguas.

El lugar enfrenta otro problema de contaminación por la llegada de aguas negras aunque, según Zabadúa, gracias al programa de tratamiento de las mismas, su grado de contaminación no es “grave”.

El Cañón del Sumidero, que fue declarado Parque Nacional en 1980, es considerado uno de los sitios turísticos más visitados en Chiapas y se localiza a unos 10 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

Se trata de una falla geológica, con paredes abruptas y vegetación selvática, que alcanza hasta los 1.000 metros de altura y que cuenta con variedad de animales, entre ellos cocodrilos, aves y mamíferos como monos araña y pumas.

El Parque Nacional Cañón del Sumidero pertenece a una cuenca de ríos en los que desembocan los afluentes de más de catorce municipios entre ellos San Fernando, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Lucas y Venustiano Carranza.

Este parque ecológico recibe cada año más de 400.000 visitantes, que dejan unos beneficios de unos 20 millones de pesos (unos 2 millones de dólares), cifra inferior al coste del tratamiento de aguas sucias y recolección de basura que asciende a 26 millones de pesos anuales (unos 2,3 millones de dólares).

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“Realmente no pasó eso que dicen que pasó. Yo me hospedé en el hotel, ahí me dormí y me atendieron muy bien”, aseguró La Premio Nobel de la Paz.

Guatemala.- La Premio Nobel de la Paz y candidata presidencial guatemalteca, Rigoberta Menchú, negó haber sido víctima de algún tipo de discriminación en un hotel de Cancún, México, y adelantó que pedirá aclarar esa noticia que consideró falsa.

“Realmente no pasó eso que dicen que pasó. Yo me hospedé en el hotel, ahí me dormí y me atendieron muy bien”, aseguró Menchú consultada la víspera por periodistas sobre una versión de prensa originada en el estado mexicano de Quintana Roo.

La activista indígena puntualizó que “hubo un momento en que se formó un tumulto de gente (en el lobby del hotel) porque querían fotos y me pidieron autógrafos, y tal vez en ese momento haya pasado algo con los medios, pero conmigo no”.

Menchú asistió en Cancún a la XXI Asamblea de la Asociación Nacional de Agua Potable y Saneamiento, donde expuso sobre el agua y la religión en la cosmovisión indígena.

El periodista David Romero, conductor de un noticiario de radio de Quintana Roo, dijo en su programa haber sido testigo de cómo el lunes pasado personal de seguridad del hotel donde se alojó Menchú “intentó sacarla por la fuerza” de la sala de recepción, pero que la acción fue evitada por personas que la reconocieron.

Romero, según su narración en la radiodifusora y retomada por medios locales, dijo que presenció la acción porque asistió al hotel para realizarle una entrevista de prensa a la candidata presidencial por el minoritario partido Encuentro Por Guatemala.

“Voy a exigir que se me haga una disculpa pública porque me parece que es una noticia muy irresponsable y porque no es cierto”, enfatizó Menchú a la prensa en la popular y capitalina Feria de Jocotenango, donde realizó actividades proselitistas de cara a las elecciones presidenciales del 9 de septiembre próximo.

Notimex

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La asociación de cronistas de Guanajuato que agrupa a 46 historiadores e investigadores, exigen a la Iglesia, en la figura del Papa Benedicto XVI, revoque la sentencia de excomunión que le dictó la Santa Inquisición en el siglo XIX.
17-Septiembre-07

Con vistas al Bicentenario de la Independencia de México, los guanajuatenses demandan al Episcopado mexicano que Miguel Hidalgo, el Padre de la Patria, sea rehabilitado en su dignidad sacerdotal que le fue degradada canónicamente, un día antes de su fusilamiento, el 29 de julio de 1811

La asociación de cronistas de Guanajuato que agrupa a 46 historiadores e investigadores, exigen a la Iglesia, en la figura del Papa Benedicto XVI, revoque la sentencia de excomunión que le dictó la Santa Inquisición en el siglo XIX.

Cuando Hidalgo da el Grito en la Iglesia de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, llama a sus parroquianos a levantarse contra la autoridad virreinal de la Nueva España y se transforma en delincuente ante la corona.

Con el tiempo, las instituciones nacionales lo reivindican y por Decreto del 19 de abril de 1823, el Soberano Congreso Mexicano lo nombra el “Padre de la Patria”, señala Alberto Gloria, cronista de la ciudad de Dolores Hidalgo.

“De esa misma manera, la Iglesia debe rehabilitarlo, porque le violó sus derechos, lo ofendió, denigró y le arrebató su condición sacerdotal. Lo raparon y con un cuchillo le rasparon las yemas de los dedos, además de todos los lugares de su cuerpo donde lo habían ungido con los santos óleos, un 16 de agosto de 1778 cuando fue ordenado sacerdote. Además, lo hicieron abjurar, lo vistieron con sus ornamentos, los desvistieron y lo maldijeron”.

“Los historiadores de la asociación de cronistas del estado estamos elaborando un expediente para fundamentar nuestra petición según el derecho canónico, nuestra petición es que a la brevedad Miguel Hidalgo sea rehabilitado en su condición sacerdotal, con base en la justicia y en la verdad histórica”, precisa el cronista.

Por su parte, el doctor Alfredo Ávila, secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, confirma que el cura Miguel Hidalgo y Costilla nunca se manifestó en contra de la religión; más bien, comulgó con la intolerancia religiosa, pues sostenía que el catolicismo debería ser la única doctrina en México, por lo cual, no se le puede acusar de hereje.

Cuando estalla el movimiento de la Independencia, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, al pasar por Atotonilco Hidalgo toma de la imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte.

En la exposición de motivos del movimiento independentista Hidalgo subraya que no conoce otra religión que la católica.

Historia del caso
Basados en el derecho canónico los historiadores piden la emisión de un decreto para invalidar la excomunión impuesta a Miguel Hidalgo y Costilla, ya que en el momento en que fue degradado por el tribunal eclesiástico, éste no hizo uso de ningún derecho religioso; simplemente, hizo suyas las instrumentales del juicio militar al que fue sometido el padre Hidalgo y los utilizó como instrumentales de juicio canónigo.

“Eso es de una total incompetencia jurídica, el juez eclesiástico aplicó una ley que n o debió haber aplicado; así que, teniendo como base esta inconsistencia en la degradación sacerdotal, esperamos simplificar nuestra petición para que el padre Hidalgo sea rehabilitado y creo que puede corresponderle a la propia Iglesia hacer el análisis juicioso y razonado, fundado y motivado en el derecho canónigo para rehabilitar la padre Hidalgo, que a 200 años del grito de Dolores lo tiene merecido”.

El edicto del Santo Oficio de México contra Hidalgo, durante el papado de Pío VII, fue emitido el 13 de octubre de 1810, en este documento se le imputan los cargos de herejía y apostasía que ya figuraban en el proceso que tenía abierto desde 1800.

De acuerdo con los anales de la historia, fue en ese momento que su verdugo Francisco Fernández de Valentín exclamó: te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir que recibiste con la unción de las mano, de los dedos… te desnudamos de toda orden clerical, y por ser indigno de la profesión eclesiástica, te devolvemos con ignominia al estado de hábito seglar”.

Curiosidades
Muchos desconocen el verdadero nombre del Padre de la Independencia: Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga Mandarte y Villaseñor, según consta en una copia del acta de bautismo.

Al seguir el rito del Cura Hidalgo, de liberar a los presos de la cárcel de Dolores, en 1985, el ex Presidente Miguel de la Madrid se topó con un delincuente que le contestó con groserías: “yo no me salgo de aquí, porque estoy muy calientito”.

Vía: Milenio Diario

Por Jesús Cantú

Si tras la reforma electoral los dueños de los medios electrónicos y sus "comunicadores" lloran por los miles de millones de pesos del erario que se les fueron, los legisladores aprovechan para constitucionalizar la partidocracia. ¿Y los ciudadanos? Siguen relegados al papel de espectadores...

Enfrentamiento entre el poder económico y mediático (poder fáctico) contra el Poder Legislativo (constitucionalmente establecido) a raíz del proyecto de reforma electoral, es una buena noticia para la incipiente democracia mexicana, pues demuestra en los hechos que los equilibrios (pesos y contrapesos) funcionan en este régimen. Lo lamentable es el nivel del debate y la utilización oportunista que, en el discurso, hacen de la ciudadanía y la libertad de expresión.

De una parte, los comunicadores de-tienden los ingresos, que sólo en la elección federal de 2006 les representó por lo menos 2 mil 500 millones de pesos, y los empresarios exigen que se les mantenga la posibilidad de incidir en la contienda electoral, como lo hicieron el año pasado.

Por otro lado, los legisladores aprovechan para constitucionalizar la partidocracia. Mientras tanto, la ciudadanía es relegada prácticamente a un papel de mero espectador, pues los comunicados de algunas organizaciones de la sociedad civil (salvo por ciertos analistas políticos que los retoman, difunden y comentan) son en general minimizados por los medios de comunicación masiva.

Los medios de comunicación electrónicos, encabezados por Televisa y TV Azteca, reaccionaron de inmediato ante la mera posibilidad de que el proyecto de reforma electoral prohibiera la compra de espacios para la propaganda electoral. Su discurso de defensa abarcó tres etapas: primero, descalificaron la propuesta porque, desde su perspectiva, la remoción anticipada de los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral atentaba contra la autonomía de dicha institución; después, arguyeron que las nuevas disposiciones aniquilaban la libertad de expresión, y finalmente dejaron claro que el problema real era la pérdida de ingresos.

Los concesionarios de radio y televisión protestaron y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas que discutían el anteproyecto de reforma les dieron audiencia, en una reunión inédita en la historia política contemporánea realizada el martes 11. Los medios se enlazaron en cadena nacional y transmitieron en vivo ese encuentro, en el que cuestionaron a los legisladores y demandaron tiempo para plantear sus puntos de vista.

El primero que reveló el verdadero móvil de su protesta fue Rogerio Azcárraga Madero, presidente de Organización Radio Fórmula y vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, quien expresó: "Quieren ustedes tiempo doble A y triple A; esto nos lleva a 30% de la parte comercial de la que viven todas las estaciones de radio y televisión. ¡Es casi expropiatorio el 30%!", y sentenció que eso podría llevar a la quiebra a 950 emisoras de radio que transmiten en la banda de amplitud modulada.

Al día siguiente, el miércoles 12, la CIRT convocó a una reunión en su sede, en la que participaron como invitados los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación de Cámaras Industriales. Emitieron sus pronunciamientos en cadena nacional y en boca de Sergio Sarmiento, de TV Azteca, demandaron la realización de una consulta para conocer la opinión de la ciudadanía antes de que se apruebe la reforma. Dijeron que sería un "referéndum por la libertad".

Incongruencias
Los argumentos de los opositores a la reforma carecen de fortaleza y se derrumban ante la historia reciente. Las televisoras alegan que la remoción anticipada de los consejeros constituye un atentado contra la autonomía del IFE, pero basta recordar la campaña de TV Azteca en contra de algunos de los integrantes del anterior Consejo del IFE para constatar la incongruencia de su discurso.

Otra de las quejas de los concesionarios es que las limitaciones impuestas por la reforma acabarán con la libertad de expresión. Por fortuna, ésta no depende de la posibilidad de comprar espacio en los medios electrónicos, pues en ese caso sólo sería un privilegio para las minorías. Las batallas por la libertad de expresión comenzaron mucho antes de que existieran los actuales medios de comunicación masiva, y lo que la reforma prohíbe es la compra de espacios, no la difusión de las ideas ni de las posiciones políticas.

El Consejo Coordinador Empresarial, así como ciertas organizaciones de membrete que surgieron en 2006 para apoyar la campaña del ahora presidente Felipe Calderón, podrán seguir manifestándose a favor del modelo de nación que su gobierno impulsa y rechazar los postulados de otros candidatos o partidos por considerar que son un peligro para México. Lo que la reforma les impide es montar una campaña propagandística y romper la equidad en la contienda, como lo hicieron en la pasada elección presidencial.

La libertad de expresión no se verá limitada, pues sólo se prohíbe "contratar mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos".
Lo único que podría considerarse como un límite a esa libertad es otra prohibición: la que tiene que ver con las llamadas campañas negativas. Sin embargo, al menos la redacción constitucional parece aceptable: "En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas".

Aquí no se reproduce toda la serie de violaciones que sí contempla el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: diatriba, infamia, injuria o difamación. Son difíciles de calificar y en muchos casos sí implicará establecer límites estrechos.

Los lineamientos establecidos en la Constitución básicamente protegen a las instituciones y a los partidos políticos, y sancionan las mentiras o falsedades. Además, de acuerdo con la redacción actual se evita la censura, en la medida que lo que hacen es facultar al IFE para iniciar un procedimiento sumario, lo cual implica que no habrá revisión previa, sino que el mensaje se difundirá y se sujetará al emisor a responsabilidades ulteriores, previa garantía de audiencia, tal como lo establecen los tratados internacionales.

Golpe al bolsillo
Es innegable el daño económico que los concesionarios de medios electrónicos resentirán por las reformas constitucionales, ya que sus ingresos disminuirán no sólo porque la propaganda político-electoral se limitará a los tiempos del Estado, sino también debido a la reforma al artículo 134 constitucional, que señala:

"La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público."

En el primer caso, porque la prohibición elimina todos los ingresos que recibían en cada proceso electoral federal o estatal; en el segundo, porque al prohibir la promoción personal de los servidores públicos, éstos limitarán la publicidad oficial a los tiempos gratuitos que les correspondan, pues ya no tendrán ningún incentivo adicional para distraer dinero público de actividades sustantivas.

Los recursos que reciben de esta publicidad no son nada despreciables. Basta revisar el número de horas de promocionales que las televisoras nacionales difunden mensualmente del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Precisamente por eso la preocupación de Paty Chapoy, de si por llamarlo guapo en su programa se convertiría en delincuente, no era menor. Pero más significativos son los más de mil 500 millones de pesos que gastó en televisión el presidente Vicente Fox entre enero y abril del año pasado.

En caso de que las reformas hubieran estado vigentes antes de las elecciones federales de 2006, el duopolio televisivo no habría recibido más de 4 mil millones de pesos del erario. Y eso sin considerar los promocionales del Consejo Coordinador Empresarial y de las otras organizaciones de membrete que surgieron en el último tramo de la campaña presidencial.

Ahora, a los concesionarios sólo se les demandan tres minutos adicionales diarios a los que ya tienen obligación legal de ceder dentro de los tiempos del Estado. Desde el 10 de octubre de 2002 (cuando mediante decreto presidencial Vicente Fox les rebajó la obligación de tiempo fiscal a sólo una décima parte de lo que era anteriormente) saben que este tiempo no lo pueden dedicar a publicidad comercial, sino a la difusión de los promocionales del gobierno (48 minutos para la televisión) entre las seis de la mañana y las 12 de la noche. Hoy no se les impone ninguna obligación adicional.

Hay que destacar que los representantes de los medios de comunicación tienen razón cuando señalan que la reforma contribuye al fortalecimiento de la partidocracia y al debilitamiento de la autoridad electoral, aunque no sea por los motivos que ellos esgrimen. Para afianzar su poder, los partidos aprovechan que el debate público se enfocó en los promocionales y en la remoción anticipada de los consejeros.

Simulación
En la consolidación de la partidocracia los legisladores aparentaron dar un paso atrás al eliminar del artículo 41 de la Constitución la exclusividad de los partidos políticos para registrar candidatos, pero no lo hicieron del artículo 116, cuyo inciso E establece "que (los partidos políticos tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular". Lo que hicieron en un acto de simulación fue quitar la exclusividad de ese derecho de los partidos de un artículo donde no tenía importancia, ya que la legislación federal no contempla la figura de los candidatos independientes, y dejarlo en otro que obligará a que Sonora y Yucatán, cuyas legislaciones lo permitía den marcha atrás y no puedan registrarse candidatos al margen de los partidos.

La partidocracia se redondea con tres normas fundamentales: se restringe la intromisión de las autoridades electorales en la vida interna de los partidos, así como la posibilidad de los militantes y simpatizantes de interponer recursos contra las decisiones de estos institutos políticos. Se aseguran un alto financiamiento público y limitan las facultades de fiscalización del IFE. El paquete es completo.

En el caso de la autoridad electoral, los partidos minan sus fortalezas y no corrigen sus debilidades. En el primer caso, limitan su autonomía al colocarle un contralor general designado desde la Cámara de Diputados y reducen sus facultades de fiscalización al transferirlas del Consejo General a un órgano técnico. En el segundo, no la facultan para interponer controversias constitucionales ni establecen un procedimiento adecuado para la designación de los consejeros electorales, pues la redacción final no establece ningún compromiso para el nombramiento de éstos, que será: "a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad". Ni siquiera es la Cámara la que debe realizar esta consulta, sino los grupos parlamentarios para integrar sus propuestas. De esta manera, esta facultad queda nuevamente en manos de los partidos.

También hay que dejar claro que la propuesta de los legisladores es consecuencia de la historia reciente: Por un lado, busca limitar el poder excesivo que demostraban los medios electrónicos de comunicación, que pretendían someter a los políticos a sus designios y cuya máxima expresión fue la forma en que pasó la Ley Televisa en el primer trimestre del año pasado. Por el otro, pretende romper el círculo virtuoso que se construyó entre la autoridad administrativa electoral y la jurisdiccional, y que amenazaba con limitar los excesos, arbitrariedades y manejo discrecional de los dirigentes de los partidos políticos.

Una motivación más particular es la del PRD, para evitar que se repita el episodio de la elección de 2006, donde Felipe Calderón conservó para el Partido Acción Nacional la Presidencia de la República, gracias (entre otras cosas, pues es una realidad que sus errores contribuyeron enormemente a su debacle) a las debilidades de la autoridad electoral. Ésta no aplicó estrictamente las reglas electorales y las ambigüedades o inexistencia de otras normas permitieron la iniquidad en la contienda y la intervención de terceros (Vicente Fox, CCE y organizaciones de membrete), además de la campaña negativa. Con las nuevas disposiciones difícilmente se repetirían estos episodios.

La guerra apenas empieza: los dos poderes continuarán su confrontación para defender sus privilegios, y la ciudadanía reclama su momento para intervenir y demandar sus derechos, que no concuerdan fielmente con los que hoy postulan los dos contendientes.

Vía: revista Proceso

Por Denise Dresser

Pocas cosas tan incómodas como estar de acuerdo con Manlio Fabio Beltrones, pero tiene razón cuando afirma que –con la reforma electoral– la clase política acaba de quitarse una pistola de la sien. Una pistola peligrosa que los medios usaban para presionar, chantajear, acorralar. Una pistola cargada, con la cual subyugaban a políticos ávidos de aparecer en la televisión y obligados por el modelo de competencia electoral a centrar su campaña allí. Una pistola cada vez más dañina, cuya sola existencia evidenciaba el poder que ejerce el dinero en la política y cómo la había distorsionado. El fin de la "spotización" entraña el fin del doblegamiento.

Y la posibilidad de transformar un sistema electoral que, en aras de promover la equidad, produjo el abuso. Más de 700 mil spots de campaña transmitidos en radio y televisión. Más de 2 millones de horas de ataques y contraataques monitoreadas por el Instituto Federal Electoral. Más de 2 mil millones de pesos desembolsados por los candidatos para mandar mensajes a través de los medios. Más de 280 mil spots no reportados a la autoridad electoral y que nadie sabe quién pagó. Una crónica de caos, una historia de desorden, una larga lista de irregularidades pagada con el dinero de los contribuyentes. Una era de excesos que se había vuelto necesario trascender, y la nueva legislación abre la oportunidad para hacerlo.

Para limitar recursos, acortar campañas, reducir presupuestos, disminuir gastos y repensar la relación entre la política y los medios. Por ello hay que darle las gracias a esos "adalides" del periodismo profesional, independiente, razonado, como lo son Paty Chapoy, Pedro Ferriz de Con, Luis Niño de Rivera, Javier Alatorre y todos aquellos que -durante horas– usaron una concesión pública para denostar una ley que afecta intereses privados. Sin quererlo siquiera, hicieron un gran servicio público. Con sus sentidas palabras y una fuerza argumentativa sin igual, revelaron cuán cuestionable se había vuelto la actuación de los medios y cuán necesario es acotarlos. Revelaron los abusos que comete la televisión con el espacio que el Estado le otorga. Evidenciaron –al usar el tiempo de la televisión como lo hicieron– el tamaño del problema que el país enfrentaba y que era imperativo resolver.

Porque quienes defendieron la "libertad de expresión" son los mismos que la cercenaron durante el debate sobre la Ley Televisa.

Porque quienes se quejaron de la forma apresurada en que se elaboró el predictamen, son los mismos que avalaron el fast track con el cual se aprobó la Ley de Radio y Televisión. Porque quienes se llenaron la boca en apoyo a la libertad, son los mismos que coartaron la del senador Ricardo García Cervantes cuando los interpeló. Porque quienes hablaron de las garantías individuales de los ciudadanos son los mismos que las han violado –desde hace décadas– al negarles el derecho de réplica. Porque quien denunció la supuesta "opacidad y secrecía" en la cual se produjo la reforma –Javier Tejado Dondé, representante de Televisa– es el mismo que avaló esas prácticas cuando beneficiaron a los intereses que representa.

Todos aquellos que en horario estelar y en tiempo AAA denunciaron la toma del país por los partidos olvidan la forma en la cual fue secuestrado en los últimos años por los medios. Quienes hoy se sienten amenazados por una pistola olvidan que la han usado –una y otra vez– para amenazar a cualquiera que los cuestione. Para intimidar desde la pantalla a quien haya osado hacerlo. Para promover la agenda de los dueños de un sector concentrado y denostar a aquellos que quisieran abrirlo. Hoy los conductores reclaman la pérdida de un derecho adquirido del cual han abusado. Hoy critican una supuesta agresión que palidece ante la que los medios cometen a diario. Como tantos analistas han argumentado: la televisión tiene una deuda histórica con el país y ojalá entienda que debe pagarla.

Lo mismo podría decirse de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. Empresario tras empresario sale a denunciar la quiebra inevitable, la expropiación desatada, la estatización prevista, la destrucción en puerta. Empresario tras empresario convertido en jinete del apocalipsis, anunciando el fin del mundo ante una reforma que contribuirá a disminuir el costo de la democracia e independizar a sus representantes. No pueden evitarlo: muchos miembros de la clase empresarial están atorados en un paradigma perverso que explica –en gran medida– la inexistencia de un capitalismo más dinámico, más emprendedor, más dispuesto a tomar riesgos antes que vivir de subsidios. Piensan que es un derecho hacer negocios multimillonarios con una concesión pública, en detrimento de los consumidores. Piensan que es un derecho recibir el 70% del financiamiento público de los partidos. "Nos van a quebrar", lamentan quienes se han acostumbrado a las ganancias que el erario les provee. Piensan que la pistola es suya y no comprenden el reclamo legítimo de un país que ya no quiere vivir acechado por ella.

Sin duda, la reforma electoral aprobada contiene diversos errores que será importante corregir y varias lagunas que será indispensable llenar. Pero el retiro de un arma con la cual México se había acostumbrado a vivir junto a la sien es un claro avance. Constituye el primer paso en favor de un sistema menos caro y más representativo; menos sujeto a las presiones de la televisión y más dispuesto a regularla mejor. Representa la posibilidad de un reordenamiento urgente cuyo objetivo no debería ser la destrucción del duopolio, sino la construcción de la competencia. La contención de poderes fácticos y la revisión de incentivos económicos. Una nueva Ley de Radio y Televisión que fortalezca la capacidad regulatoria del Estado y establezca las condiciones para una verdadera economía de mercado. Una nueva forma de entender la relación entre los políticos y los medios que beneficie a los ciudadanos. Habrá que destruir la pistola, no sólo cambiarla de manos.

Vía: revista Proceso

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Por Miguel Angel Ferrer

Grisáceo
Fruto del fraude electoral más escandaloso de la historia de México, el gobierno de Felipe Calderón no ha escatimado esfuerzos en su intento de conseguir que los millones de víctimas del crimen del 2 de julio de 2006 se resignen ante la fuerza de los hechos consumados y dejen de señalar que el país vive en un régimen de facto, en una dictadura militar apenas disfrazada.

Para el logro de esos propósitos, Calderón cuenta con el inestimable apoyo de una facción de políticos derechistas incrustada en el PRD desde la fundación misma de esa organización.

Se trata de un grupo relativamente pequeño pero diestro en las maniobras del oportunismo, la simulación y, desde luego, la corrupción. Un reducido pero poderoso clan de individuos enriquecidos de manera inexplicable, cuya negra fama pública es, como diría el clásico, un pálido reflejo de la realidad.

Esa corriente perredista de políticos enriquecidos, simuladores y oportunistas está encabezada, al menos formalmente, por el aguascalentense Jesús Ortega, viejo cuadro formado en las huestes de aquel clásico de la derecha disfrazada de izquierda, hoy en relativo retiro y de triste memoria, que fue Rafael Aguilar Talamantes. El mismo que fundó esa mercancía política llamada Partido Socialista de los Trabajadores, luego convertida en otro engendro del oportunismo, el no menos despreciable y de breve vida Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (el Ferrocarril).

A Ortega, desde luego, no le gusta que se sepa y se recuerde públicamente su condición de político derechista. Y se inconforma con ciudadanos y periodistas que lo califican acertadamente de comparsa de Calderón y enemigo del movimiento, encabezado por López Obrador, de resistencia al fraude electoral y al dominio neoliberal.

Ortega no quiere críticas, Quiere complicidades. Piensa que toda la izquierda es como él. Que toda está corrompida. Bien nos recuerda el refranero mexicano que la damisela y el ladrón creen que todos son de su condición.

En general grisáceo, pero finalmente megalómano, Ortega ya ha hecho saber que pretende encaramarse a la presidencia del PRD. ¿Con esos, sus muy tristes y vergonzosos antecedentes? Pues sí, porque no tiene otros.

Ciertamente, no le será fácil al logrero profesional apuntarse este otro logro. Ya veremos si puede vencer el obstáculo que representan la parte sana del PRD y los millones de honrados votantes y simpatizantes perredistas encabezados por López Obrador.