Por Denise Dresser

Pocas cosas tan incómodas como estar de acuerdo con Manlio Fabio Beltrones, pero tiene razón cuando afirma que –con la reforma electoral– la clase política acaba de quitarse una pistola de la sien. Una pistola peligrosa que los medios usaban para presionar, chantajear, acorralar. Una pistola cargada, con la cual subyugaban a políticos ávidos de aparecer en la televisión y obligados por el modelo de competencia electoral a centrar su campaña allí. Una pistola cada vez más dañina, cuya sola existencia evidenciaba el poder que ejerce el dinero en la política y cómo la había distorsionado. El fin de la "spotización" entraña el fin del doblegamiento.

Y la posibilidad de transformar un sistema electoral que, en aras de promover la equidad, produjo el abuso. Más de 700 mil spots de campaña transmitidos en radio y televisión. Más de 2 millones de horas de ataques y contraataques monitoreadas por el Instituto Federal Electoral. Más de 2 mil millones de pesos desembolsados por los candidatos para mandar mensajes a través de los medios. Más de 280 mil spots no reportados a la autoridad electoral y que nadie sabe quién pagó. Una crónica de caos, una historia de desorden, una larga lista de irregularidades pagada con el dinero de los contribuyentes. Una era de excesos que se había vuelto necesario trascender, y la nueva legislación abre la oportunidad para hacerlo.

Para limitar recursos, acortar campañas, reducir presupuestos, disminuir gastos y repensar la relación entre la política y los medios. Por ello hay que darle las gracias a esos "adalides" del periodismo profesional, independiente, razonado, como lo son Paty Chapoy, Pedro Ferriz de Con, Luis Niño de Rivera, Javier Alatorre y todos aquellos que -durante horas– usaron una concesión pública para denostar una ley que afecta intereses privados. Sin quererlo siquiera, hicieron un gran servicio público. Con sus sentidas palabras y una fuerza argumentativa sin igual, revelaron cuán cuestionable se había vuelto la actuación de los medios y cuán necesario es acotarlos. Revelaron los abusos que comete la televisión con el espacio que el Estado le otorga. Evidenciaron –al usar el tiempo de la televisión como lo hicieron– el tamaño del problema que el país enfrentaba y que era imperativo resolver.

Porque quienes defendieron la "libertad de expresión" son los mismos que la cercenaron durante el debate sobre la Ley Televisa.

Porque quienes se quejaron de la forma apresurada en que se elaboró el predictamen, son los mismos que avalaron el fast track con el cual se aprobó la Ley de Radio y Televisión. Porque quienes se llenaron la boca en apoyo a la libertad, son los mismos que coartaron la del senador Ricardo García Cervantes cuando los interpeló. Porque quienes hablaron de las garantías individuales de los ciudadanos son los mismos que las han violado –desde hace décadas– al negarles el derecho de réplica. Porque quien denunció la supuesta "opacidad y secrecía" en la cual se produjo la reforma –Javier Tejado Dondé, representante de Televisa– es el mismo que avaló esas prácticas cuando beneficiaron a los intereses que representa.

Todos aquellos que en horario estelar y en tiempo AAA denunciaron la toma del país por los partidos olvidan la forma en la cual fue secuestrado en los últimos años por los medios. Quienes hoy se sienten amenazados por una pistola olvidan que la han usado –una y otra vez– para amenazar a cualquiera que los cuestione. Para intimidar desde la pantalla a quien haya osado hacerlo. Para promover la agenda de los dueños de un sector concentrado y denostar a aquellos que quisieran abrirlo. Hoy los conductores reclaman la pérdida de un derecho adquirido del cual han abusado. Hoy critican una supuesta agresión que palidece ante la que los medios cometen a diario. Como tantos analistas han argumentado: la televisión tiene una deuda histórica con el país y ojalá entienda que debe pagarla.

Lo mismo podría decirse de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. Empresario tras empresario sale a denunciar la quiebra inevitable, la expropiación desatada, la estatización prevista, la destrucción en puerta. Empresario tras empresario convertido en jinete del apocalipsis, anunciando el fin del mundo ante una reforma que contribuirá a disminuir el costo de la democracia e independizar a sus representantes. No pueden evitarlo: muchos miembros de la clase empresarial están atorados en un paradigma perverso que explica –en gran medida– la inexistencia de un capitalismo más dinámico, más emprendedor, más dispuesto a tomar riesgos antes que vivir de subsidios. Piensan que es un derecho hacer negocios multimillonarios con una concesión pública, en detrimento de los consumidores. Piensan que es un derecho recibir el 70% del financiamiento público de los partidos. "Nos van a quebrar", lamentan quienes se han acostumbrado a las ganancias que el erario les provee. Piensan que la pistola es suya y no comprenden el reclamo legítimo de un país que ya no quiere vivir acechado por ella.

Sin duda, la reforma electoral aprobada contiene diversos errores que será importante corregir y varias lagunas que será indispensable llenar. Pero el retiro de un arma con la cual México se había acostumbrado a vivir junto a la sien es un claro avance. Constituye el primer paso en favor de un sistema menos caro y más representativo; menos sujeto a las presiones de la televisión y más dispuesto a regularla mejor. Representa la posibilidad de un reordenamiento urgente cuyo objetivo no debería ser la destrucción del duopolio, sino la construcción de la competencia. La contención de poderes fácticos y la revisión de incentivos económicos. Una nueva Ley de Radio y Televisión que fortalezca la capacidad regulatoria del Estado y establezca las condiciones para una verdadera economía de mercado. Una nueva forma de entender la relación entre los políticos y los medios que beneficie a los ciudadanos. Habrá que destruir la pistola, no sólo cambiarla de manos.

Vía: revista Proceso