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HOUSTON, Texas.— Cientos de pequeños empresarios hispanos consideran que la ley estatal que regula la venta ambulante de alimentos, que entrará en vigor próximamente, pondrá en peligro el futuro económico de sus familias.

El Congreso de Texas aprobó el pasado mes de mayo el anteproyecto HB 3672, que exige a las taquerías ambulantes en ciudades con una población mayor a los 2.8 millones de personas que acaten ciertas normas sanitarias.

La ley obliga a los ambulantes a que sus unidades móviles pasen una inspección obligatoria cada 24 horas.

También, a que el dueño de la taquería móvil muestre un permiso firmado por el propietario de un inmueble cercano (90 metros aproximadamente) al área donde estará su unidad para que los comensales puedan usar los servicios higiénicos.

Para Estela Jiménez, activista y líder de la recién formada Asociación de Taquerías Móviles de Houston, esta ley es “injusta” y “discriminatoria” porque sus requisitos “serán difíciles de acatar”.

“Movilizar las unidades a los lugares de saneamiento significa un gasto significativo porque muchos de los dueños de estas taquerías no tienen camionetas para transportarlas. Además, quién va a querer alquilar o prestar un baño privado para que se convierta en público”, cuestionó.

La ley HB 3672, presentada por el representante Dwayne Bohac, requiere también que los comerciantes ambulantes mantengan en vigor una póliza de seguro automotor.

Jiménez denunció que la intención de esta ley tiene intereses creados por parte de varias asociaciones de restaurantes del área que apoyaron económicamente la campaña política de Bohac. “Habría que preguntarse cómo es posible que esta medida, que se supone está confeccionada para todo el estado, afecte solamente a Houston, en donde existe mayor cantidad de taquerías ambulantes que en cualquier otra ciudad de Texas”, dijo Jiménez.

Según Mario Rodríguez, abogado de la Asociación de Taquerías Móviles de Houston, para revocar esta ley primero hay que encontrar más elementos sólidos para que un tribunal federal estudie esa posibilidad.

“La próxima semana presentaremos a un juez federal una orden de restricción temporal para que la medida no entre en efecto el 1 de septiembre como estaba establecido”, dijo. Luego habrá que presentar argumentos y probar que atentan contra la Constitución de este país, como por ejemplo el hecho de que esta ley sólo afecta de manera sustancial a una región y no a todo el estado”, agregó.

Desde que se supo que la HB 3672 había sido aprobada por el pleno del legislativo de Texas, se han llevado a cabo varias manifestaciones en diferentes lugares de Houston, desde la oficina del representante Bohac a las instalaciones del ayuntamiento.

Napoleón Presa es uno de los propietarios de taquerías ambulantes que ha participado en varias marchas de protesta porque, según cuenta, su familia depende de ese negocio desde hace años.

“Nosotros no somos delincuentes, tampoco existe un caso de envenenamiento o de salubridad para que se nos trate de esa manera. La policía y los bomberos ya nos están acosando y a veces nos tratan como si fuéramos delincuentes”, aseguró Presa.

Hermelinda Patiño, también propietaria de una de estas unidades móviles, cree que no podrá acatar los requisitos porque su negocio, ubicado al norte de la ciudad, no le rinde los suficientes dividendos.

La Asociación de Taquerías Móviles de Houston calcula que deben existir más de 700 taquerías móviles en el condado Harris, donde se asienta Houston, y de esa cifra, más de 200 podrían dejar de funcionar si la HB 3672 entra en vigor.