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Consumen en promedio el 35% del presupuesto destinado a ese nivel educativo
Por: Leticia Robles de la Rosa
30/07/2007

Las prestaciones laborales de los sindicatos universitarios ponen en jaque la situación económica de la mayoría de las 70 instituciones públicas de educación superior en todo el país, pues consumen en promedio el 35% del presupuesto federal destinado a ese nivel educativo; es decir, al menos 20 mil millones de pesos anuales.

Estas conquistas laborales, a las cuales acceden las autoridades universitarias para evitar el estallido de huelgas, obligan a las instituciones a cubrir diversos gastos, como la compra de biberones, pañales y chambritas; el pago de hasta tres meses de licencia para quien tramita su jubilación; el pago de bonos denominados “ayuda integral de la familia” y hasta la entrega a domicilio de un kilo de huevo a cada trabajador.


La compra de los edificios sindicales, el costo de algunas fiestas como el Día de las Madres o el Día del Niño, también están a cargo del presupuesto universitario.
Tema recurrente desde hace diez años, por la crisis económica que le provocó al 60% de las universidades públicas del país, las jubilaciones de los sindicalizados de este sector, todavía son un problema, pues aun cuando la federación ha destinado al menos diez mil millones de pesos en los últimos ocho años a su reestructuración, a la fecha la mayoría de las instituciones afectadas registran avances a paso lento.

Con base en un análisis elaborado por un grupo de especialistas para el Senado de la República, en marzo del año pasado, se sabe que este 35% del presupuesto federal universitario se va al pago de prestaciones de los sindicatos y se resaltan algunas peticiones contenidas en los contratos colectivos de trabajo que vencen el próximo año, porque la mayoría son bianuales.

El análisis está basado en reportes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en el libro Artículo Tercero Constitucional y la Contratación Colectiva en las Universidades, de Manuel Barquín Álvarez y en el análisis de los contratos colectivos de algunas universidades públicas.

De acuerdo con el sitio de transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en lo que va de este año han erogado dos mil 500 millones de pesos en primas vacacionales, defunciones, separaciones del empleo, jubilaciones, cuotas de seguridad social y “otras prestaciones” no definidas en el documento oficial.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), por ejemplo, debe pagar casi 200 millones de pesos por concepto de vales de despensa, vale por “insumo familiar”: apoyo alimenticio; apoyo al estudio; vales para libros y “ayuda integral a la familia”.

La información de transparencia de esta universidad pública federal, que muestra el contenido íntegro del Contrato Colectivo de Trabajo firmado con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM), deja ver que de los tres mil 500 millones de pesos que recibió este año por subsidio federal, tres mil once millones son consumidos por el pago de nómina y prestaciones de sus trabajadores.

En el análisis elaborado para el Senado el año pasado se establece que entre 80% y 90% del subsidio ordinario federal a las universidades públicas va a la nómina. Sin contar los salarios, las prestaciones que consiguen los gremios en las negociaciones salariales representan, al menos, 35% de ese subsidio federal.

Durante 2007, el subsidio federal a la educación superior, incluida licenciatura y posgrado, que son los niveles que ofrecen todas las universidades públicas, se canalizan poco más de 58 mil millones de pesos; si las prestaciones significan 35% de ese monto, entonces resulta que este año las prestaciones absorberán 20 mil millones de pesos.

El documento deja ver que los sindicatos con representación mixta tienen mayores oportunidades para obtener más prestaciones, que aquellos que sólo representan a administrativos o a académicos.

Vía: El Excélsior