Voto en EU: otro mito genial
Durante años se ha insistido en el voto de los mexicanos en el extranjero. Los partidos, sobre todo los que eran oposición en la época priista, estaban convencidos de que ese era el refugio de millones de electores potenciales. Tanto se presionó que en la reforma electoral de 1996, ese fue uno de los capítulos que impuso, sobre todo Porfirio Muñoz Ledo, como un punto que estaba fuera de negociación para el PRD. Los demás los apoyaron y desde entonces, se implementó una reforma constitucional que abría esa posibilidad. Para las elecciones del 97, 2000 y 2003, no hubo posibilidades ni ganas de implementarlo. Pero se decidió iniciar la experiencia en este 2006.En realidad nadie estaba muy convencido de la necesidad y la posibilidad de llevar a cabo una elección de esas características. Los problemas técnicos eran demasiados, comenzando por el básico: no existía posibilidad de supervisión de las autoridades mexicanas de un proceso verdaderamente abierto en países como Estados Unidos con millones de electores potenciales y, por lo tanto, con la misma potencialidad de que ocurrieran irregularidades electorales; el costo era altísimo y las posibilidades de organización escasas. Existían otras consideraciones no menos importantes a tomar en cuenta: ¿era lógico y legítimo que quienes habían emigrado, en ocasiones desde hace décadas, decidieran el destino de un país en el que ya no viven?, ¿una elección realmente abierta no propiciaría la posibilidad de una intervención de los grupos de poder estadunidenses en el proceso electoral mexicano?, ¿no era mucho más conveniente para nuestros paisanos presionar para votar, pero en las elecciones de EU, utilizar esos mismos recursos para ayudar a su organización y empadronamiento en ese país, de forma tal que pudieran reflejar en presencia política?Pero lo partidos, empeñados en un discurso demagógico, no querían responder públicamente esas preguntas. Pero tampoco podían ignorar la situación. Por eso decidieron establecer un mecanismo lo más cerrado posible, de forma tal que el proceso de votación en el extranjero no se saliera de cauce y de control. Se decidió que podrían votar sólo las personas que tuvieran credencial expedida en México, que deberían llenar una solicitud emitida por el IFE, regresarla por correo certificado a México para ser incorporados a una suerte de lista nominal de votantes en el extranjero antes del 15 de enero próximo; a su vez el IFE les enviaría las boletas electorales para que una vez llenas fueran regresadas a México antes de la jornada del 2 de julio próximo. Como no se podía establecer ningún mecanismo operativo en el exterior, se decidió que el trabajo de promoción pasara por los consulados, por los mismos consulados que el congreso redujo en forma notable en su número y presupuesto. Alguien estimó que de esta forma podrían votar hasta cuatro millones de compatriotas en el extranjero.Hubo discusiones sobre si tal volumen de votación podría determinar el resultado de los comicios, incluso respecto a si el sistema postal estaría en condiciones de enfrentar tal volumen de envíos electorales. La realidad resultó ser otra: al momento de escribir estas líneas apenas se han registrado dos mil ciudadanos mexicanos en el extranjero y no todos cumplen con los requisitos para ejercer el voto. No existe interés en la comunidad mexicana en las elecciones en México y, sobre todo, el costo de un correo certificado (unos 20 dólares) les parece excesivo para ejercer ese derecho. La fecha límite es el 15 de enero y entonces hay que comenzar a buscar culpables: en el Congreso, los partidos responsabilizaron al IFE. Dijeron que no estaba haciendo suficiente campaña de difusión, lo que no era verdad, y que el mecanismo adoptado era demasiado complicado. Luego responsabilizaron a los consulados, pero el hecho es que estos también están cumpliendo con su labor.En realidad, los responsables de este fracaso no es ni el IFE ni los consulados, son los propios partidos y sus legisladores. Ellos fueron los que aprobaron una reforma constitucional que no sabían cómo podrían implementar (y ni siquiera si era plenamente justa) y una ley reglamentaria para implementar ese derecho. Le colocaron todos los candados necesarios para que el proceso no se saliera de cauce porque sabían que de otra forma no habría posibilidad de controlarlo. Pero lo sucedido lo que demuestra, sobre todo, es que no era verdad que la comunidad mexicana en Estados Unidos tenía como objetivo central votar en México. Esa era la ambición de algunos de sus líderes, que incluso llegaron a proponer, apoyados por el PRD, que hubiera una circunscripción electoral completa para los electores en el extranjero, en particular en Estados Unidos. La gente del otro lado de la frontera tiene otras prioridades y necesidades, si no fuera así no se hubieran arriesgado a dejar su país y cruzar la frontera. Necesitan sobrevivir, muchos están ilegales o en una situación de legalidad precaria, necesitan trabajar y enviar dinero a sus familias. Votar en México es un objetivo político de ciertos líderes, no de la comunidad. E insistimos, si esos fueran líderes auténticos, lo que hubieran impulsado es exactamente lo contrario: una organización, una labor para legalizar al mayor número posible de mexicanos y buscar mecanismos para que pudieran participar en los procesos electorales de ese país, desde los más locales hasta los federales. Esa es la única forma de que la comunidad mexicana en Estados Unidos puede demostrar su fuerza y lograr que se respeten sus derechos. Lo contrario, colocar todos los esfuerzos para que voten en México, no sólo se ha demostrado alejado de sus deseos, sino que, además, termina siendo un boomerang que logra que sigan siendo vistos como un elemento extraño, como parte de esa invasión silenciosa que tanto temen personajes como Samuel Hungtinton.
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