Por Miguel Ángel Granados Chapa (30 10 2005).-
Los legisladores toman ahora decisiones que no estaban a su alcance. Importa saber, sin embargo, dónde se toman tales decisiones, que los diputados y senadores tal vez sólo formalizan. En San Lázaro se pretendió incrementar el impuesto al consumo de tabaco y se habían sumado voluntades a ese respecto. Estaban de acuerdo en aumentar 20 puntos porcentuales el gravamen respectivo (de 110 a 130 por ciento). Pero cuando la Comisión de Hacienda sometió el tema a votación la mayoría optó por dejarlo como estaba. A la diputada Malú Micher le han generado riesgos las pesquisas que realiza en torno de Construcciones Prácticas, una empresa que recibe contratos y adquiere bienes del gobierno. Un factor que mide el progreso de las averiguaciones es la reacción de Manuel Bribiesca Godoy, padre del sujeto principal de esa investigación
Apenas hace muy poco los legisladores federales tienen existencia propia. Hasta 1988, el PRI dominaba por completo el Congreso de la Unión, aun para aprobar reformas constitucionales, pues disponía de la mayoría calificada necesaria, dos tercios de los miembros presentes. En la agitada elección de aquel año, cuando se forzó el aparato no sólo para hacer aparecer como triunfador a Carlos Salinas sino para impedir que el porcentaje de su votación fuera menor que el 50 por ciento, el PRI dejó de tener esa mayoría calificada, pero la recuperó en las dos elecciones siguientes y contó además con la alianza de Salinas con el PAN, por lo que el Poder Legislativo cumplió su destino de mero reflejo de las decisiones presidenciales. Las peticiones y presiones en materia de legislación se presentaban en Los Pinos, donde con frecuencia se redactaban los dictámenes de las comisiones legislativas.
El panorama cambió enteramente en 1997. Desde entonces el PRI no cuenta siquiera con la mayoría relativa. Sus grupos parlamentarios siguen siendo los más numerosos, pero no llegan a la mitad del total de los miembros de las Cámaras. Y en 2000 ese partido perdió su principal motor, la Presidencia de la República, que al ser ganada por otro dejó de contar con algunas facultades metaconstitucionales, entre ellas la de ser legisladora suprema e irrebatible.
Tal resultado confirió un nuevo papel a senadores y diputados. Los hizo visibles, para empezar, más allá de la escena estereotipada que los presentaba dormidos o levantando la mano para aprobar determinaciones cuyo contenido ignoraban. Estas imágenes no quedaron desterradas por completo, y corresponden a realidades entercadas en permanecer. Pero los legisladores toman ahora decisiones que no estaban a su alcance. Importa saber, sin embargo, dónde se toman tales decisiones, que los diputados y senadores tal vez sólo formalizan. En San Lázaro, por ejemplo, se pretendió incrementar el impuesto al consumo de tabaco y se habían sumado voluntades a ese respecto. Estaban de acuerdo en aumentar 20 puntos porcentuales el gravamen respectivo (de 110 a 130 por ciento) los grupos del PRD, el PVEM y aun el del PAN, a sabiendas esta última bancada de la contradicción de su postura con la política del gobierno al respecto. Pero el martes pasado la fracción blanquiazul mudó de opinión, y lo hizo del peor modo posible: 83 diputados panistas no acudieron a la reunión de su grupo, para no exhibirse (aunque con su ausencia quedaron exhibidos), y dejaron la decisión en manos de los 68 legisladores restantes. Cuarenta votaron por no incrementar el impuesto y sólo 28 perseveraron en una posición muy sana para la sociedad y aun el gobierno foxista, pero contraria a los intereses de las empresas tabacaleras. Como la fracción priista estuvo siempre opuesta a agravar el gravamen, cuando la Comisión de Hacienda sometió el tema a votación la mayoría optó por dejarlo como estaba, como está.
El diputado verde Guillermo Velasco había hecho circular en la víspera información sobre los beneficios de incrementar el impuesto: "Recaudación (aprox) de 2,500 millones de pesos para el Fondo de enfermedades catastróficas (tratamiento de enfermedades derivadas del tabaquismo, entre otras).
"Recaudación de mil millones de pesos para los estados (podrán usarlos para sus servicios de salud y para labores de atención a los desastres naturales)
"Control del incremento exponencial de fumadores mexicanos (mayor en mujeres, jóvenes y niños). En México pasamos de 8.3 millones de fumadores en 1988 a un estimado de 20 millones para el 2006.
"Cabe destacar que anualmente mueren 54,000 personas debido a problemas relacionados con el tabaquismo, que se ha convertido en la primera causa de muerte prevenible en México.
"El impacto lo pueden absorber las tabacaleras sin incrementar precios, puesto que piensan retirarse de un convenio que tenían con la Secretaría de Salud de donar un peso por cajetilla. Elevar a 130 por ciento el impuesto cubre casi la totalidad del monto que pensaban donar (y que ya incluían en el precio).
"Dado el minúsculo impacto en el precio y la baja elasticidad de la demanda de los cigarros, ni el contrabando crecerá ni la producción nacional se verá afectada".
Esos razonamientos no fueron eficaces como en cambio lo fue la presión de las empresas tabacaleras y de la Secretaría de Salud, asociadas en el propósito de impedir el aumento al impuesto, pues su aprobación implicaría la anulación del convenio aludido por el diputado Velasco, y que está vigente hasta diciembre del año próximo. Por su parte, al denunciar el cabildeo de las tabacaleras (que invitaron a la Cámara a campesinos productores de la hoja, en cuyo perjuicio se incrementaría el gravamen, según su alegato no sustentado en los hechos porque el consumo disminuye poco tras una alza fiscal o de precio y luego retorna a su nivel normal y aun asciende), el diputado panista Miguel Ángel Toscano hizo una denuncia de la que después se arrepintió, o lo obligaron a guardar silencio.
Dijo que "la industria tabacalera se ha dedicado a corromper conciencias... corrompió a muchos legisladores de todos los partidos, no me atrevería a decir que muchos del PAN estén involucrados, yo creo que hay mucho más en el otro lado, en el PRI que en el PAN, pero por lo menos sí se que todo lo que han hecho Phillip Morris, British American Tobacco y Japan Tobacco en todo el mundo es lo mismo que han hecho en México" (Reforma, 26 de octubre).
Según Toscano, que ofreció detallar los nombres de los involucrados y luego desistió de hacerlo (lo que hizo a los diputados perredistas, todos favorables al incremento y por lo atento ajenos al intento de soborno denunciado por el panista, pedir que se disculpara con ellos), se ofreció a los diputados viajes al extranjero y ayuda para sus campañas políticas futuras (ya que al terminar su trienio en agosto próximo, o aun antes, muchos integrantes de esta legislatura buscarán ir al Senado o ser alcaldes y gobernadores). Utilizando un vulgarismo usual en la jerga política, Toscano dijo que los legisladores fueron "maiceados" por las tabacaleras. Puesto que eludió su compromiso de hacer saber quiénes fueron frágiles ante esas ofertas y no aportó pruebas de las mismas, generó el riesgo de que se desvanezca en el aire la evidencia del activismo de esas empresas. Pero la hay, inequívocamente.
El 31 de mayo pasado Reforma dio a conocer el convenio entre las tabacaleras y la Secretaría de Salud y en la "Plaza pública" del día siguiente abundé en su contenido. La información del diario incluyó la posición del director del Instituto Nacional de Salud Pública, Mauricio Hernández, quien desde dentro de ese sector administrativo estableció la inconveniencia del acuerdo, desde cualquier punto de vista. En el marco internacional, adujo, el convenio viola el Acuerdo marco para el control del tabaco, firmado por México en 2003. Allí se dispone que "a la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco", los gobiernos "actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados por la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional".
El acuerdo, según se leyó en este mismo lugar el 1o. de junio anterior, fue firmado por dos oficinas de la SS, el Consejo nacional contra las adicciones y la Comisión federal para la protección de los riesgos sanitarios, y por las sociedades anónimas British American Tobacco México, Phillips Morris México y La Tabacalera Mexicana. Signado el 18 de junio de 2004, el acuerdo que pacta la entrega en promedio de un peso por cajetilla, como una donación de la industria cigarrera, entró en vigor no de inmediato sino el 1o. de agosto siguiente. Pero las empresas aumentaron un peso al precio de sus productos dos días después de la firma del documento, con lo que obtuvieron un beneficio sustancial durante 43 días: ganaron más sin entregar la diferencia al gobierno.
Las cigarreras se comprometieron a realizar aportaciones al Fondo de protección contra gastos catastróficos de la siguiente manera: entre el 1o. de agosto de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2005, a razón de dos centavos y medio por cigarro vendido. Del 1o. de enero al 30 de septiembre del año próximo la aportación sería de 3.5 centavos y en el último trimestre de 2006, de cinco centavos. Se pactó, sin embargo, que esas donaciones cesarían si se incrementara el impuesto en curso entonces o se estableciera uno nuevo. De modo, pues, que el interés por no modificar la fiscalidad tabacalera era compartido por la Secretaría de Salud y los diputados susceptibles de ser disuadidos de incrementar la recaudación por ese concepto.
El único nombre ofrecido por Toscano fue el del presidente de la Comisión federal contra la protección de riesgos sanitarios (Cofepris), Ernesto Enríquez Rubio, uno de los firmantes del convenio que perdería vigencia de aprobarse la nueva legislación. Toscano ignoraba ese dato o se dejó engañar por ese funcionario, conocido por su versatilidad administrativa y por su tarea en los negocios de la familia Hank: "Yo hablé con Ernesto Enríquez Rubio y en una primera llamada me dijo que apoyaba la iniciativa al 100 por ciento, y luego en una segunda llamada alertó que se ponía en riesgo el convenio... y en una última conversación me dijo de plano que ya no la apoyaba". En el colmo de la ingenuidad todavía agregó Toscano: "Y luego me dicen que la vuelva a presentar que sí la apoyan, así que honestamente yo no sé si creerle a la Comisión" (Reforma, 27 de octubre).
No se sabe si anunciando un propósito o un mero deseo, Toscano (uno de los tres diputados panistas elegidos por mayoría en el Distrito Federal) dijo que "hay que investigar cualquier rastro de corrupción en la Secretaría de Salud y en la Cofepris, yo he recibido muchas denuncias de gente que me dice que no nada más son legisladores los que son sobornados". Salvo que la presión de su partido por quitar relevancia al tema lo haga detenerse de nuevo, deberá proponer que se cree una comisión investigadora a ese respecto, aun con las limitaciones que impone la legislación. Pero de proceder de ese modo ha de cuidar que las tareas que emprenda no le generen riesgos como ha ocurrido a la diputada Marta Lucía (Malú) Micher en las pesquisas que realiza en torno de Construcciones Prácticas, una empresa que recibe contratos y adquiere bienes del gobierno, presuntamente por la liga de su propietario, Miguel Khoury, con Manuel Bribiesca Sahagún, hijo mayor de la esposa del presidente de la República.
La comisión encabezada por la diputada Micher ya obtuvo resultados importantes. Uno sobresale entre todos: es la identificación de la empresa Kilate como el pivote de los negocios de Bribiesca Sahagún y Khoury. Según consta en la escritura constitutiva de Kilate, ambos son los socios de la misma. Así perdió eficacia la coartada de que no figurando el hijo de la primera dama en Construcciones Prácticas nada de lo que esta empresa realice le es imputable, sobre todo por la frecuencia con que Kilate resulta involucrada en otras operaciones donde el nombre de Bribiesca Sahagún no aparece.
Un factor que mide el progreso de las averiguaciones llevadas adelante por la diputada Micher (que son combatidas por otra integrante de la comisión, la diputada Elizabeth Yáñez, panista que representa a Celaya, distrito 12 de Guanajuato) es la reacción de Manuel Bribiesca Godoy, padre del sujeto principal de esa investigación. Con vulgaridad procaz pretendió descalificar a la diputada Micher como persona, en un ataque al que nadie responderá y menos en el talante machista con que se produjo, y que es un modo de acusar el golpe que su hijo ha recibido por el trabajo político de la legisladora. Algunos informantes que han aportado datos a la investigación, a su turno, ha sido amenazados para que se abstengan de seguir transmitiendo lo que se sabe sobre los negocios de Bribiesca Sahagún, que sólo interesan a la comisión en la medida en que hayan obedecido a su parentesco con la esposa del presidente de la República.
La denuncia de Toscano sobre las presiones tabacaleras, no obstante haberse truncado, puso el tema del cabildeo en la mesa de discusión, como una nueva realidad parlamentaria. Puesto que, como queda dicho párrafos arriba, ahora el Congreso toma decisiones, ha crecido el número de representantes de diversos intereses que establecen comunicación con los legisladores para informar y persuadir o disuadir respecto de temas que se abordan en las Cámaras. Aunque como parte de la modernización de la vida pública su tarea debe ser regulada, sería candoroso esperar de la fijación de normas que las conductas de los cabilderos (y de los intereses que encarnan) se realicen todas a la luz pública y mediante procedimientos civilizados. Seguirá procediéndose del modo en que se consiguió el aplazamiento, ad calendas graecas, de la discusión sobre la Ley del mercado de valores, ya aprobada por el Senado y que sin embargo fue frenada en San Lázaro en un ejemplo de la peor fórmula: legisladores frágiles y cabilderos potentes, que puede regir en el Congreso.

Periódico Reforma