Elena:

En la edición del diario La Jornada (página 8) del 10 de septiembre aparece una nota encabezada “Marcos y Cárdenas no apoyaron a AMLO por envidia”, en la cual se te atribuye, entrecomillada, la siguiente expresión: “Si estos tres personajes [en el texto de la nota se agrega a Patricia Mercado] se hubieran sumado, si no se hubieran echado para atrás, no habría la menor duda del triunfo de López Obrador, pero no lo hicieron por envidia”.
No me corresponde hablar de las razones de Patricia Mercado ni del subcomandante Marcos para haber adoptado las posiciones que adoptaron frente al proceso electoral reciente, pero puedo asegurarte que no fue la envidia lo que los motivó a actuar como lo hicieron, sino que, entre otras cosas, sólo ejercieron su derecho a pensar diferente.
En lo que a mí respecta, tu talento y trayectoria me obligan a darte una respuesta, obligadamente larga, de porqué no participé en la campaña de la coalición Por el Bien de Todos ni participo en la Convención Nacional Democrática, que empieza por decirte que la envidia no ha tenido lugar hasta ahora en mi conducta, ni pública ni privada, y que nunca me he echado para atrás frente a los compromisos que he asumido a lo largo de una ya larga vida.
Con Andrés Manuel he compartido por años propósitos y episodios importantes de la lucha por la democracia en nuestro país. Nunca exigimos incondicionalidad ni subordinación en nuestra relación. El trato en los muchos encuentros de los dos, puedo decirte, ha sido cordial y respetuoso.
Mis desacuerdos o desencuentros con él no son de carácter personal. Las diferencias que existen entre ambos son relativas a las formas de hacer y entender la política y sobre algunos aspectos programáticos, acentuadas, ciertamente, cuando se trata como hoy de los destinos del país y a partir de que se iniciara el proceso que debía conducir a la pasada elección del 2 de julio y respecto al cual ambos definimos con anticipación y públicamente nuestras posiciones frente al país y a la ciudadanía, él a través de sus “20 puntos”, sus “50 puntos” y del libro Un proyecto alternativo de nación, yo mediante la publicación de Un México para todos, de autoría colectiva. Aun con esas diferencias, mi voto fue por todos los candidatos de la Coalición, como en su momento lo hice público.
Una de las discrepancias que resaltaría de esas publicaciones es con relación al juicio que hace, sin mencionar nombres, de la digna y firme defensa del principio de no intervención y de la paz que hizo Adolfo Aguilar Zinser como miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Al respecto, Andrés Manuel escribió: “Después del triunfo de Vicente Fox, nuestra política exterior se ha conducido con desmesura. El resultado más notorio ha sido la afanosa intervención en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en la práctica sólo vino a complicar aún más nuestra situación internacional”, lo que me lleva necesariamente a preguntar si la política exterior de México debe plegarse incondicionalmente a la de Estados Unidos con el fin de no complicarse y olvidarse entonces de la defensa de los principios, de tomar decisiones soberanas en función de los intereses del país y de la dignidad misma de la nación, que gobierno y ciudadanos estamos obligados a respetar y a hacer valer.
Se dice también en ese proyecto: “Los sueños de ver a México como gran protagonista en el concierto de las naciones son sólo eso: espejismos protagónicos para alimentar ambiciones personales que nada tienen que ver con el país real”, lo que me lleva a pensar que se quieren desconocer los logros de la política exterior mexicana como, entre otros, la aprobación por amplísima mayoría de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, el reconocimiento del derecho de los Estados a su mar patrimonial o la participación en el Grupo Contadora para lograr la pacificación de Centroamérica, que implicaron el despliegue de una gran actividad —y si se quiere llamar protagonismo— de la diplomacia mexicana.
Encuentro como una grave omisión de un candidato presidencial no tomar posiciones claras y públicas respecto a cuestiones importantes, tanto del momento como con consecuencias hacia adelante.
Puedo citarte los casos siguientes respecto a los cuales Andrés Manuel no se pronuncia todavía y que quienes consideramos prioritaria la lucha por el rescate y ejercicio pleno de la soberanía y por la cabal vigencia de un Estado de Derecho estimamos fundamentales: no ha habido una toma de posición en relación a los contratos de servicios múltiples de Petróleos Mexicanos; tampoco respecto a la ilegal prisión y la extradición hace unas cuantas semanas de seis ciudadanos vascos.
Sobre la iniciativa Sensenbrenner, que de llevarse a la práctica vulnerará los derechos de miles o millones de mexicanos en exilio forzado en Estados Unidos; la mayor y excesiva militarización de la frontera común del lado norteamericano, que constituye, sin lugar a dudas, un acto inamistoso hacia México; la iniciativa del Área de libre comercio de las Américas del presidente Bush y la propuesta alternativa de promover un acuerdo continental de desarrollo.
La iniciativa de ley de sociedades de convivencia, bloqueada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en los primeros tiempos de su gestión; la falta de tacto y de oficio diplomático en las relaciones del gobierno mexicano con los gobiernos y Jefes de Estado de Cuba, Venezuela, Argentina y Bolivia.
Reconocerás que en el círculo de colaboradores cercanos de Andrés Manuel se encuentran algunos de los que instrumentaron el fraude electoral y la imposición en 1988 desde el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional, la Cámara de Diputados y la Comisión Federal Electoral, que impuso la banda presidencial a Carlos Salinas el 1 de diciembre de 1988.
Además, el que instrumentó la privatización del Canal 13 de la televisión; el que ha declarado que el proyecto económico de Andrés Manuel es el mismo que el de Carlos Salinas; el que pretendió promover la reelección de éste. Pero a ninguno, que se sepa, ha pedido Andrés Manuel explicación sobre su cambio de piel política y ninguno la ha dado públicamente.
Este mismo grupo es el que ahora, con algunas adiciones, acompaña a Andrés Manuel en sus nuevos proyectos y el de quienes podría pensarse que formarían parte de su gobierno, que no sería por sus antecedentes y falta de deslindes, un gobierno identificado con los principios y las luchas del PRD y de manera más amplia con aquellos de la izquierda mexicana.
Sólo para argumentar sobre uno de los casos: de seguirse la política económica del salinato, se proseguiría con la enajenación del patrimonio estratégico de la nación y con el desmantelamiento de la planta productiva, se pondría en práctica una política entreguista en lo económico y de subordinación en lo político, se profundizaría el desastre productivo y social del campo mexicano, se mantendría acrecentado el flujo migratorio masivo hacia Estados Unidos y se haría cada vez más agudo el proceso de concentración de la riqueza en pocas manos.
Por otra parte, no se podrá decir que no manifesté oportuna y públicamente mi desacuerdo con la postulación por parte de la coalición Por el Bien de Todos, de la que el Partido de la Revolución Democrática fue el eje, de candidatos con posiciones públicas contrarias a los principios del PRD, que nunca se deslindaron de sus pasados políticos ni han explicado las razones de su traslado al PRD o cómo concilian un pasado antagónico con los principios del PRD al haber aceptado una candidatura de éste, que no los representa por sus trayectorias y posiciones políticas públicas.
Ahí están, como muestra, algunos que fueron candidatos y otros que ya son legisladores en funciones. En este caso, voces como la mía y las de muchos otros que sólo demandaban congruencia, fueron simplemente ignoradas.
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En los últimos días de mayo hice público un documento a través del diario La Jornada denominado “Viendo hacia adelante: un camino democrático y progresista para México”, en el cual planteaba algunas cuestiones que me parece fundamental que se lleven a la práctica en el próximo sexenio, que pudieran ser consideradas por los candidatos entonces en campaña.
No merecieron la mínima observación, ni en sentido negativo ni en positivo, por parte del candidato de la coalición y la misma actitud de ignorar críticas, discrepancias e incluso planteamientos coincidentes con su línea política recibieron muchos de aquellos que por largo tiempo han militado en el campo progresista.
Digo en ese documento —y te lo reitero ahora— que al no haberse dado relevancia a la presentación y discusión de propuestas y compromisos por parte de los candidatos a lo largo de los meses de campaña, se hace necesario insistir en pensar y discutir el país que queremos, por encima de todo y antes que nada, así como en cambiar radicalmente la forma de hacer política, subordinándola a un proyecto de país y no a la simple ambición de poder o a la toma coyuntural de decisiones.
Entre las cuestiones básicas que no se discutieron en el ir y venir de las campañas estuvo la continuidad de la reforma electoral, que después del 2 de julio y ante los serios cuestionamientos que se han venido haciendo a la calidad del proceso electoral se ve aún más urgente, ya que a pesar de los muchos cambios que ha sufrido la legislación correspondiente, continúa inconclusa.
La gente reclama reducir y transparentar los gastos de las campañas; reclama que se llame a las cosas por su nombre, empezando porque las supuestas precampañas se reconozcan como campañas en la ley y en los cómputos de gastos y tiempos electorales; reclama abrir la posibilidad de candidaturas ciudadanas que no tengan que pasar necesariamente por la aprobación y gestión de los partidos políticos.
Además, facilitar el registro de nuevos partidos políticos, sin que el registro represente acceso automático a la asignación de dineros públicos; restituir en la ley la figura de las candidaturas comunes; reunir en no más de dos momentos dentro de un sexenio, los procesos electorales federales, estatales y municipales; y establecer las dos vueltas en las elecciones, tanto presidenciales como legislativas.
En materia de reforma electoral, la medida más efectiva, aquella donde se encuentra la principal respuesta a las exigencias populares, la reforma más de fondo es hacer equitativos los tiempos en los que partidos y candidatos tengan acceso a los medios electrónicos de comunicación, así como acotar los periodos en los que pueda hacerse propaganda dirigida al público, prohibiéndose a partidos, candidatos y particulares comprar tiempos en los medios electrónicos —televisión y radio comerciales— y que éstos sean asignados por la autoridad electoral de manera equitativa.
Lo anterior para que no sea el gasto mayor o menor en la compra de tiempos lo que determine la mayor o menor presencia de las alternativas electorales que se ofrezcan a la ciudadanía al través de esos medios. Así se tendrían campañas equitativas y se lograría una reducción sustancial de los tiempos y las erogaciones públicas —y en su caso privadas— en las campañas electorales.
Por otro lado, y también en relación con la cuestión electoral, debe legislarse para prohibir que en la publicidad que se hacen las dependencias oficiales al través de los medios de información —televisión, radio, prensa escrita— aparezcan imágenes y nombres de funcionarios, que si bien pudieron haber participado en la promoción o ejecución de algún programa o proyecto público, no hicieron sino cumplir con su obligación y en su caso, con un mandato ciudadano, pues fue irritante y ofensivo en las precampañas, como creo te consta, ver cómo candidatos o precandidatos de los tres partidos de mayor presencia nacional, despilfarraron a lo largo del sexenio y hasta que dejaron sus cargos, dineros públicos para su personal promoción político-electoral.
Es necesario comprometerse con reformar la reciente y vergonzosamente aprobada Ley de Radio y Televisión, recuperando para el Ejecutivo la capacidad de normar la operación de los medios de información electrónicos con sentido de servicio público y de equidad, abriendo las posibilidades, a partir de los avances tecnológicos en la materia, de otorgar nuevas concesiones a instituciones de educación superior, gobiernos estatales y municipales, organizaciones culturales y comunitarias y sociedades comerciales sin vínculos con los medios ya en operación.
Es ya oportuno también convocar a la revisión, con sentido y procedimientos democráticos, de las bases y los términos de nuestro pacto federal.
De esa revisión habrá de surgir la nueva Constitución que contenga la estructura y competencias de la Federación, los estados, los municipios y de los tres poderes de la Unión, que considere los derechos ya ganados por los mexicanos, sus nuevos derechos y los procedimientos para que el ciudadano o las colectividades hagan exigible su ejercicio frente al Estado.
Una que esté concebida visualizando la presencia de nuestro país en el mundo globalizado, que establezca los cauces para el tránsito de una democracia representativa plena, aún por alcanzarse, a una democracia de amplia participación social, así como los mecanismos de consulta ciudadana, iniciativa popular y de revocación de los mandatos, entre otras cuestiones.
Lo que hasta aquí te he expuesto son algunas de las razones que a mi juicio determinaron el número de votos que obtuvo Andrés Manuel el 2 de julio. Por estas mismas razones no creo, contra lo que tú has declarado, que mi ausencia de los actos públicos de la campaña haya provocado una dramática disminución de las preferencias electorales a favor de la coalición. Seguir argumentando más sobre estas cuestiones, sería entrar a un terreno estéril de especulaciones.
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Yendo a otros temas, me preocupa profundamente la intolerancia y satanización, la actitud dogmática que priva en el entorno de Andrés Manuel para quienes no aceptamos incondicionalmente sus propuestas y cuestionamos sus puntos de vista y sus decisiones, pues con ello se contradicen principios fundamentales de la democracia, como son el respeto a las opiniones de los demás y la disposición al diálogo.
Me preocupa, asimismo, que esas actitudes se estén dando dentro del PRD y en sus cuadros dirigentes, pues se inhibe el análisis y la discusión de ideas, propuestas y alternativas entre compañeros, más allá de que esa cerrazón se extiende también a lo que pueda llegar de afuera del partido; que la conducción política y las decisiones tomadas después del 2 de julio, como el bloqueo de Madero, Juárez y el Paseo de la Reforma —excluyo la ocupación de la plancha del Zócalo— se estén traduciendo en pérdidas y desgaste del movimiento democrático en lo general y del PRD en lo particular.
Me preocupan los cambios contradictorios de línea política: a un medio de información norteamericano Andrés Manuel le declaró no ser de izquierda, cuando había declarado serlo a lo largo de precampaña y campaña. Por otro lado, el 10 de agosto pasado se publicó en La Jornada una entrevista que hiciste a Andrés Manuel en la que preguntaste: “Si llegaras a la Presidencia, ¿tendrías que moderarte?”.
A lo que respondió: “Si, la institución te lo exige, yo lo haría. Es más, durante la campaña y hasta ahora no he dicho cosas que pienso sobre mi país, porque me he autolimitado, porque mi rol es hasta ahora uno. Una vez que se resuelva este asunto [el conflicto poselectoral], ya veremos.
Pero muchas cosas me las guardé porque uno tiene que actuar de una manera cuando es candidato y, desde luego, actuar de otra manera cuando se es Presidente, y de otra manera como dirigente de resistencia social. Pero en cualquier circunstancia uno tiene que mantener sus principios. Es nada más un asunto de matices, de moderación”.
¿Por qué entonces guardarse de fijar posiciones y hacer propuestas, cuando era precisamente en su calidad de candidato a la Presidencia cuando se tenían que hacer definiciones que atrajeran con lealtad y orientaran con rectitud el voto de la ciudadanía? ¿No es principio básico de un comportamiento leal y democrático actuar con transparencia y hablar con la verdad? ¿Cómo lo explicas tú?
En reciente documento suscrito por Andrés Manuel se plantea que la convención que él ha convocado para celebrarse el 16 de septiembre “decida si el órgano de gobierno y quien lo represente, se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el primero de diciembre de 2006”.
Aquí me surge la siguiente pregunta: si se considera que el gobierno actual ha quebrantado ya el orden constitucional ¿para qué esperar al 20 de noviembre o al 1 de diciembre, por qué no empezar por desconocer a la administración en funciones, como sucedió cuando el movimiento constitucionalista encabezado por el Primer Jefe Venustiano Carranza desconoció al gobierno usurpador de Huerta, a los poderes Legislativo y Judicial y a los gobiernos estatales que no acataran el Plan de Guadalupe?
No pienso que así deba procederse. Hacerlo sería un craso error, de altísimo costo para el PRD y para el movimiento democrático en su conjunto. Por el contrario, estoy de acuerdo con la sensatez y sabiduría de Luis Villoro, que en un artículo reciente dice que la discusión de un proyecto nuevo de nación requiere de tiempo para su debate y no puede aprobarse en un acto declaratorio en el Zócalo, al calor de un discurso, pues haría falta por lo menos la consulta y la anuencia de delegados de toda la República.
Es decir, agrego yo, de un amplio proceso de análisis y discusión, que en función de un proyecto de nación construido colectivamente en la pluralidad y mediante procedimientos democráticos, desemboque en la elaboración de una nueva norma constitucional.
Villoro expresa también que “muchos no podemos estar de acuerdo con nombrar un nuevo presidente en rebeldía. Esto rompería, aunque sólo fuera simbólicamente, el orden constitucional. Para sostener una amplia y permanente oposición lo que menos necesitamos son actos provocadores.
Lo que sí es necesario, pienso yo con muchos conciudadanos, es caminar hacia la paulatina realización de un nuevo proyecto de nación para el porvenir cercano… Un proyecto de oposición podría seguir ciertas ideas regulativas: una nueva ley electoral; una nueva legislación sobre los derechos de los pueblos indígenas; resistencia contra la privatización de los recursos naturales; lucha contra la corrupción; ampliación de la educación en todos sus niveles; lucha para disminuir radicalmente la desigualdades económicas y sociales. Una izquierda nueva podría aglutinarse, sin perder diferencias, en las líneas de un proyecto semejante”.
Como ves, con esta larga carta lo que hago es defender el derecho a disentir, a pensar diferente, a pensar que cuando se ha impedido ha conducido a dictaduras, opresión, represión, sectarismos e intolerancia, que estoy cierto, ni tú ni yo queremos ver en nuestro país.

Muy atentamente
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
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