Por Carlos Ramírez
El IFE o el caos

El cruce de información sobre el redivivo fraude electoral de 1988 y la ausencia de un compromiso del candidato presidencial perredista de respetar el resultado electoral que daría el IFE la noche del 2 de julio ha dibujado los contornos de la anulación de las elecciones.
El problema no es legal. El Código Electoral tipifica claramente las irregularidades electorales y establece los senderos legales de impugnación. Pero la crisis no llegaría por el camino judicial. El presidente del PRD, Leonel Cota, ha amenazado cuando menos en dos ocasiones con sacar a la gente a las calles por la desconfianza en el resultado electoral oficial.
El escenario del conflicto postelectoral descansa en dos posibilidades: crear un clima de desconfianza que impida la celebración de las elecciones o impugnar el proceso —no sólo el acto electoral en sí— para anular las elecciones en función de denuncias presentadas aunque no dictaminadas, en presunciones políticas y en declaraciones de desconfianza.
Lo malo es la conformación de un clima de desconfianza. Al final de cuentas, el proceso va a ser dictaminado en función de la relación entre las campañas y el día de la elección. El IFE ha logrado un control casi absoluto de las elecciones: funcionarios de casillas, instalación de urnas, padrón electoral y conteo de votos. El fraude tradicional descansaba en el hecho de que la elección era organizada por el gobierno, no por una institución autónoma y el encargado de la coordinación era el secretario de Gobernación.
Las denuncias contra Fox y Alejandro Encinas por elecciones de Estado se reducen al uso del cargo y de recursos públicos para beneficiar a los candidatos panistas y perredistas. Sin embargo, en ambos casos no existen pruebas documentales. Las campañas de propaganda sobre realizaciones de gobierno sí benefician a candidatos de ambas formaciones políticas pero no constituyen en sí mismas un fraude electoral.
En el pasado, López Obrador protestaba contra la estructura electoral del viejo régimen priista. Por eso bastaba presionar al presidente Carlos Salinas para obtener beneficios. Hoy las protestas deberían hacerse contra el IFE y contra el Tribunal Electoral, dos instituciones autónomas y ajenas al gobierno federal. Y hoy, además, existen reglas legales más estrictas como para sacar el conflicto a las calles.
El caos electoral y postelectoral tiene que ver específicamente con el día de la elección: robo y relleno de urnas, falsificación de actas, tráfico con boletas, presión sobre votantes y alteración del conteo. Todo ello ha sido erradicado del sistema electoral. Y en caso de presentarse irregularidades, existe un tribunal especial que ha demostrado no preferir a ningún partido o candidato.
Por tanto, el conflicto postelectoral estaría ajeno al resultado que dé a conocer el IFE la noche del 2 de julio. El desorden político responderá, en todo caso, a la negativa del candidato perredista López Obrador de aceptar los resultados oficiales y a su decisión de desconocer las instituciones del proceso electoral.
De ahí que el conflicto postelectoral y el caos político sólo puede evitarse otorgándole al IFE la autoridad política para conducir el proceso y aceptando sus resultados. El 2006 no es 1988, a pesar de que los operadores del fraude contra Cárdenas hace tres sexenios estén ahora con López Obrador: Manuel Bartlett, Manuel Camacho y Enrique González Pedrero.
No hay otro camino: el IFE o el caos. Así de simple.

Vía: Revista Vértigo