Por Dulce Colín, Antimio Cruz, Arturo Mendoza
Faltó contundencia, reconoce Dolores Béistegui, directora del Instituto Mexicano de la Radio (liner), al analizar el papel de los medios públicos ante la Ley de Radio y Televisión.
Al reflexionar sobre las acciones que podrían haber cambiado el rumbo de la ley de la discordia mediática, asegura, mientras firma varias cartas que dirigirá a todos los senadores: "Nuestra agenda, como medios públicos, no está en manos de nadie, la agenda de los medios comerciales está en manos muy poderosas y hábiles, que tienen una planeación estratégica clarísima y siempre han tenido gente clave en el Senado y con los diputados. Hay mucha gente que trabaja para que esa agenda se fortalezca", advierte Béistegui y enumera a tales operadores.
Javier Orozco, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, diputado por el Verde Ecologista.
Héctor Osuna Jaime, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, senador por el PAN.
Emilio Gamboa Patrón, senador por el PRI.
"Todos ellos trabajan en coordinación con Javier Tejado Donde, en-cargado del área jurídica de Televisa" afirma; "él es quien ha hecho el cabildeo y ha hecho todo esto porque tiene equipos muy grandes de trabajo".
¿Y nosotros?, se pregunta la funcionaria. Quién va a representar los intereses de los medios públicos en el siguiente Congreso. ¿Quién? Ahora, admite, tendrán que ir diputado por diputado para convencerlos de la necesidad de modernizar e invertir en los medios públicos.
Ante el debate y la polémica que se ha suscitado en los últimos días, Béistegui se muestra optimista, porque gracias a la protesta ciudadana queda en claro que los senadores sabrán que su decisión tendrá un costo político muy fuerte y que la opinión pública está dispuesta a exigir cuentas.
"Tendrán que asumir las consecuencias"; remata. "Que quede claro: Nosotros no queremos limosnas ni una política asistencialista" estalla, "quiero derechos".
"Queremos otra opción de televisión y de radio, más plural y más diversa. Queremos desarrollar un modelo de servicio público fortalecido y con derechos y obligaciones marcadas con mandato de ley: qué tipo de revisión de cuenta tenemos, qué tipo de promoción, quién evalúa los contenidos, quién dice que sí y que no, bajo qué criterios. Los radioescuchas tienen el derecho de saber cómo se toman las decisiones".
En ese sentido, el director de Canal 11, Julio Di Bella, apunta que los senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Raymundo Cárdenas se han mantenido en una misma postura, fueron personas que mantuvieron un diálogo sumamente abierto, sumamente honesto y no han variado su postura.
"Yo no podría señalar a ninguno que haya cambiado de parecer, al menos en los diálogos sostenidos con Canal 11", explica. "Con todos los senadores con que se platicó, todos han mantenido su postura, positiva o negativa, pero todos se han mantenido".
Lo que es cierto, reitera Béistegui, es que es tiempo de acabar con "la arrogancia y una insuficiencia insoportable" que han demostrado varios concesionarios ante tales criticas, y también es tiempo de poner fin a que las radios y televisoras públicas se conformen con una relación paternalista y asistencialista donde el gobierno dé la limosna. Pero para eso se necesita otra ley, dinero y paciencia.
Se amplió el círculo rojo.
Rabia. Eso fue lo que sintió Dolores Béistegui, directora del Imer cuando descubrió que los senadores no cambiaron ni una coma de la Ley de Radio y Televisión.
Su decepción fue compartida por Ernesto Vázquez Briseño, director General de TV-UNAM y Presidente de la Red de Radiodifusores y Televisoras Educativas y Culturales de México, que integra a 38 sistemas en 26 estados, porque durante los últimos cien días ambos probaron al Senado las imperfecciones de la minuta de reforma que aprobaron los diputados.
"Ese cabildeo se inició desde diciembre", dijo Vázquez Briseño. "Participamos como oradores en dos foros públicos y como oyentes en otros dos —tales reuniones se realizaron el 8, I5, 22 y 28 de febrero—, además, nos reunimos con el pleno de los senadores del PRD, que fijaron su postura en contra, así como con diferentes senadores del PRI y PAN que han comprendido nuestra postura".
Pero los senadores desoyeron esos señalamientos. Por eso Béistegui tomó un decisión radical y brutal, reconoce en entrevista. Desde las primeras horas del pasado miércoles, a través de las 16 frecuencias del Imer, se transmitió la misma canción durante 24 horas.
Ella sólo avisó a Rubén Aguilar, vocero de la Presidencia, de la decisión. No pidió permiso a nadie. Ni a Vicente Fox. Ni a Carlos Abascal, porque, sostiene, los tiempos políticos han cambiado y el Imer, con su audiencia cifrada en un millón 397 mil escuchas, tiene una línea editorial independiente del gobierno. El mismo Aguilar reconoció tal autonomía esa mañana de miércoles.
Frente a la medida, la respuesta del auditorio del Imer, que recibe un presupuesto de 120 millones de pesos, le confirmó a Béistegui que el círculo rojo no lo integran sólo periodistas y académicos, porque varios ciudadanos no dudaron en sumarse a la protesta para que la ley en realidad establezca un marco jurídico que permita planear el crecimiento de la radio y televisoras universitarias, estatales, indigenistas y comunitarias para competir en equidad de circunstancias con los medios concesionados.
"La respuesta de nuestro auditorio me hizo ver que el circulo rojo, el del talante crítico, cambió y se incremento por las miles de llamadas y correos electrónicos que recibimos, tres mil y dos mil respectivamente", explicó. "Esa respuesta ciudadana, con todas sus opiniones y nombres, la grabamos en un disco compacto que hicimos llegar a todos los senadores para que reconsideraran su decisión a la hora de la votación'.
Di Bella tiene otra postura. De entrada, "no descalificamos del todo la ley, porque cree que cualquier iniciativa debe contener elementos que pueden ser positivos.
"Creo que estos tiempos de ganar todo y perder todo ya no existen", afirma. "Nuestra molestia es que los medios públicos no están considerados y de que habremos de buscar para los medios públicos las soluciones que a nuestro interés convengan. Un marco jurídico, de un análisis de contenidos y será el camino que tengamos que construir'.
Pierden los medios públicos Empero, el panorama no es halagüeño. Los riesgos que enfrentan los medios públicos con la aprobación, sin cambios, de esta ley son múltiples. Vázquez Briseño enumera varios de ellos.
"La minuta de reforma no contiene garantías para que los medios públicos hagan frente a la conversión tecnológica", explica. Sin recursos económicos para emigrar de las tecnologías análogas a las digitales, difícilmente podremos sobrevivir a la competencia. El artículo 28, que se refiere a la conversión tecnológica, sólo habla de los concesionarios y no de los permisionarios —régimen con el que funcionan las emisoras públicas—, lo que limita las posibilidades que tendríamos para que las nuevas tecnologías de telecomunicaciones se usen para fines educativos, culturales o de desarrollo comunitario".
Tomar en cuenta a esos públicos es muy importante porque, apunta Di Bella, no son pocos. La red de radios y televisoras públicas está conformada por 49 medios, 259 frecuencias con un público potencial de 77 millones de televidencia y radioescuchas en el pais. No es cosa menor, apunta el guanajuatense.
"Ellos están muy pendientes del rumbo de esta ley. Depende mucho de la sensibilidad de sus congresos locales y gobernadores para saber qué acciones seguir. No todos los medios locales gozan de la autonomía de los medios grandes en el DF. Y ellos son los más afectados porque aquellos que no alcancen su convergencia tecnológica en el primer plazo que contempla la ley, en 2010 y 2012, desaparecerán".
Vázquez Briseño advierte que hay otro apartado donde se propone que las emisoras dediquen al menos diez por ciento de su programación a producciones independientes para así aumentar el tiempo de comercialización.
Aunque nunca se define qué es una producción independiente y esta indefinición propicia que se tenga más negocio simulando una producción independiente: Otro punto grave está en la concentración de medios. Si bien se establece que se evitará la discrecionalidad, en realidad las nuevas concesiones se entregarán mediante subastas, lo que significa que no se tomará en cuenta la propuesta de contenidos, sino la oferta económica. No es cierto que asi se beneficie a toda la población, apunta el director de TV UNAM, cuya señal se transmite a través de 400 sistemas de cable.
Y anuncia las medidas de resistencia que entablará la red que representa en caso de que la ley sea aprobada: "Los 49 sistemas de radio y televisión públicas, que llevamos señal a más de 25 millones de mexicanos, vamos a insistir en la necesidad de que esta reforma no entre en vigor. Utilizaremos todos los recursos legales existentes para demostrar los aspectos anticonstitucionales de la minuta, apoyaremos una posible controversia constitucional y también buscaremos la manera de ampararnos contra la medida. Todos los sistemas de radio y televisión pública estamos actuando con unidad. Atentar contra los medios de comunicación pública es similar a atentar contra una escuela o un hospital".
Vía: Revista Eme-Equis
Faltó contundencia, reconoce Dolores Béistegui, directora del Instituto Mexicano de la Radio (liner), al analizar el papel de los medios públicos ante la Ley de Radio y Televisión.
Al reflexionar sobre las acciones que podrían haber cambiado el rumbo de la ley de la discordia mediática, asegura, mientras firma varias cartas que dirigirá a todos los senadores: "Nuestra agenda, como medios públicos, no está en manos de nadie, la agenda de los medios comerciales está en manos muy poderosas y hábiles, que tienen una planeación estratégica clarísima y siempre han tenido gente clave en el Senado y con los diputados. Hay mucha gente que trabaja para que esa agenda se fortalezca", advierte Béistegui y enumera a tales operadores.
Javier Orozco, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, diputado por el Verde Ecologista.
Héctor Osuna Jaime, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, senador por el PAN.
Emilio Gamboa Patrón, senador por el PRI.
"Todos ellos trabajan en coordinación con Javier Tejado Donde, en-cargado del área jurídica de Televisa" afirma; "él es quien ha hecho el cabildeo y ha hecho todo esto porque tiene equipos muy grandes de trabajo".
¿Y nosotros?, se pregunta la funcionaria. Quién va a representar los intereses de los medios públicos en el siguiente Congreso. ¿Quién? Ahora, admite, tendrán que ir diputado por diputado para convencerlos de la necesidad de modernizar e invertir en los medios públicos.
Ante el debate y la polémica que se ha suscitado en los últimos días, Béistegui se muestra optimista, porque gracias a la protesta ciudadana queda en claro que los senadores sabrán que su decisión tendrá un costo político muy fuerte y que la opinión pública está dispuesta a exigir cuentas.
"Tendrán que asumir las consecuencias"; remata. "Que quede claro: Nosotros no queremos limosnas ni una política asistencialista" estalla, "quiero derechos".
"Queremos otra opción de televisión y de radio, más plural y más diversa. Queremos desarrollar un modelo de servicio público fortalecido y con derechos y obligaciones marcadas con mandato de ley: qué tipo de revisión de cuenta tenemos, qué tipo de promoción, quién evalúa los contenidos, quién dice que sí y que no, bajo qué criterios. Los radioescuchas tienen el derecho de saber cómo se toman las decisiones".
En ese sentido, el director de Canal 11, Julio Di Bella, apunta que los senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Raymundo Cárdenas se han mantenido en una misma postura, fueron personas que mantuvieron un diálogo sumamente abierto, sumamente honesto y no han variado su postura.
"Yo no podría señalar a ninguno que haya cambiado de parecer, al menos en los diálogos sostenidos con Canal 11", explica. "Con todos los senadores con que se platicó, todos han mantenido su postura, positiva o negativa, pero todos se han mantenido".
Lo que es cierto, reitera Béistegui, es que es tiempo de acabar con "la arrogancia y una insuficiencia insoportable" que han demostrado varios concesionarios ante tales criticas, y también es tiempo de poner fin a que las radios y televisoras públicas se conformen con una relación paternalista y asistencialista donde el gobierno dé la limosna. Pero para eso se necesita otra ley, dinero y paciencia.
Se amplió el círculo rojo.
Rabia. Eso fue lo que sintió Dolores Béistegui, directora del Imer cuando descubrió que los senadores no cambiaron ni una coma de la Ley de Radio y Televisión.
Su decepción fue compartida por Ernesto Vázquez Briseño, director General de TV-UNAM y Presidente de la Red de Radiodifusores y Televisoras Educativas y Culturales de México, que integra a 38 sistemas en 26 estados, porque durante los últimos cien días ambos probaron al Senado las imperfecciones de la minuta de reforma que aprobaron los diputados.
"Ese cabildeo se inició desde diciembre", dijo Vázquez Briseño. "Participamos como oradores en dos foros públicos y como oyentes en otros dos —tales reuniones se realizaron el 8, I5, 22 y 28 de febrero—, además, nos reunimos con el pleno de los senadores del PRD, que fijaron su postura en contra, así como con diferentes senadores del PRI y PAN que han comprendido nuestra postura".
Pero los senadores desoyeron esos señalamientos. Por eso Béistegui tomó un decisión radical y brutal, reconoce en entrevista. Desde las primeras horas del pasado miércoles, a través de las 16 frecuencias del Imer, se transmitió la misma canción durante 24 horas.
Ella sólo avisó a Rubén Aguilar, vocero de la Presidencia, de la decisión. No pidió permiso a nadie. Ni a Vicente Fox. Ni a Carlos Abascal, porque, sostiene, los tiempos políticos han cambiado y el Imer, con su audiencia cifrada en un millón 397 mil escuchas, tiene una línea editorial independiente del gobierno. El mismo Aguilar reconoció tal autonomía esa mañana de miércoles.
Frente a la medida, la respuesta del auditorio del Imer, que recibe un presupuesto de 120 millones de pesos, le confirmó a Béistegui que el círculo rojo no lo integran sólo periodistas y académicos, porque varios ciudadanos no dudaron en sumarse a la protesta para que la ley en realidad establezca un marco jurídico que permita planear el crecimiento de la radio y televisoras universitarias, estatales, indigenistas y comunitarias para competir en equidad de circunstancias con los medios concesionados.
"La respuesta de nuestro auditorio me hizo ver que el circulo rojo, el del talante crítico, cambió y se incremento por las miles de llamadas y correos electrónicos que recibimos, tres mil y dos mil respectivamente", explicó. "Esa respuesta ciudadana, con todas sus opiniones y nombres, la grabamos en un disco compacto que hicimos llegar a todos los senadores para que reconsideraran su decisión a la hora de la votación'.
Di Bella tiene otra postura. De entrada, "no descalificamos del todo la ley, porque cree que cualquier iniciativa debe contener elementos que pueden ser positivos.
"Creo que estos tiempos de ganar todo y perder todo ya no existen", afirma. "Nuestra molestia es que los medios públicos no están considerados y de que habremos de buscar para los medios públicos las soluciones que a nuestro interés convengan. Un marco jurídico, de un análisis de contenidos y será el camino que tengamos que construir'.
Pierden los medios públicos Empero, el panorama no es halagüeño. Los riesgos que enfrentan los medios públicos con la aprobación, sin cambios, de esta ley son múltiples. Vázquez Briseño enumera varios de ellos.
"La minuta de reforma no contiene garantías para que los medios públicos hagan frente a la conversión tecnológica", explica. Sin recursos económicos para emigrar de las tecnologías análogas a las digitales, difícilmente podremos sobrevivir a la competencia. El artículo 28, que se refiere a la conversión tecnológica, sólo habla de los concesionarios y no de los permisionarios —régimen con el que funcionan las emisoras públicas—, lo que limita las posibilidades que tendríamos para que las nuevas tecnologías de telecomunicaciones se usen para fines educativos, culturales o de desarrollo comunitario".
Tomar en cuenta a esos públicos es muy importante porque, apunta Di Bella, no son pocos. La red de radios y televisoras públicas está conformada por 49 medios, 259 frecuencias con un público potencial de 77 millones de televidencia y radioescuchas en el pais. No es cosa menor, apunta el guanajuatense.
"Ellos están muy pendientes del rumbo de esta ley. Depende mucho de la sensibilidad de sus congresos locales y gobernadores para saber qué acciones seguir. No todos los medios locales gozan de la autonomía de los medios grandes en el DF. Y ellos son los más afectados porque aquellos que no alcancen su convergencia tecnológica en el primer plazo que contempla la ley, en 2010 y 2012, desaparecerán".
Vázquez Briseño advierte que hay otro apartado donde se propone que las emisoras dediquen al menos diez por ciento de su programación a producciones independientes para así aumentar el tiempo de comercialización.
Aunque nunca se define qué es una producción independiente y esta indefinición propicia que se tenga más negocio simulando una producción independiente: Otro punto grave está en la concentración de medios. Si bien se establece que se evitará la discrecionalidad, en realidad las nuevas concesiones se entregarán mediante subastas, lo que significa que no se tomará en cuenta la propuesta de contenidos, sino la oferta económica. No es cierto que asi se beneficie a toda la población, apunta el director de TV UNAM, cuya señal se transmite a través de 400 sistemas de cable.
Y anuncia las medidas de resistencia que entablará la red que representa en caso de que la ley sea aprobada: "Los 49 sistemas de radio y televisión públicas, que llevamos señal a más de 25 millones de mexicanos, vamos a insistir en la necesidad de que esta reforma no entre en vigor. Utilizaremos todos los recursos legales existentes para demostrar los aspectos anticonstitucionales de la minuta, apoyaremos una posible controversia constitucional y también buscaremos la manera de ampararnos contra la medida. Todos los sistemas de radio y televisión pública estamos actuando con unidad. Atentar contra los medios de comunicación pública es similar a atentar contra una escuela o un hospital".
Vía: Revista Eme-Equis
0 Respuestas a “"Nos faltó contundencia"”
Publicar un comentario