Por Viétnika Batres

Analista puntual de los medios de comunicación en México y una de las más respetadas observadoras de la política nacional, Denise Dresser toma en sus manos las reformas a la Ley de Radio y Televisión y que el Senado de la República aprobó el jueves pasado y sostiene que el Estado mexicano ha abdicado frente al poder de las televisoras.
Una vez más —dice—, presenciamos el hecho de que el gobierno mexicano, en sus diferentes instancias, no actúa como tal, no asume las responsabilidades para las cuales fue electo.
Y afirma también que una vez más constatamos que los legisladores "se niegan a asumir las responsabilidades para las cuales fueron electos, que es vigilar el interés público'.
—¡Qué hemos visto con la discusión del paquete de reformas a ley de telecomunicaciones y la ley de radio y televisión? —se pregunta la prestigiada politóloga, y vuelve a la carga.
"Que existen intereses privados en sectores económicos clave para el desarrollo del país, los cuales determinan las reglas del juego y mantienen un terreno desnivelado para sus competidores menores".
Para los habitantes de este país, alerta, esto significa "vivir situaciones monopólicas, iguales a las que padecimos con el priismo durante más de &) años".
Un retroceso, una vuelta al pasado.
"¡Qué producen los monopolios en cualquier sector, ya sea telefonía, telecomunicaciones o televisión? —cuestiona la propia Dresser.
Y ella misma responde: "Malos productos, malos precios, pocas ofertas, pocas opciones y la construcción de poderes fácticos que después se imponen sobre los poderes legítimamente constituidos, como el Congreso de la Unión".
En entrevista con emeequis, la profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), enumera las consecuencias más graves de la llamada Ley Televisa.
De entrada, Denise Dresser se refiere a la forma en que fueron aprobadas en la Cámara baja. "Resulta que las televisoras tienen un poder de convencimiento mayor al de cualquier presidente, logran sacar una legislación en siete minutos, con 325 votos a favor y ninguno en contra. Eso despierta sospechas. Y cuando se empieza a revisar la ley, queda claro por qué: provee de mayores privilegios a los grandes concesionarios de lo que es un espacio público, la radio y la televisión".
Pone de ejemplo dos beneficios:
1) Otorgar las nuevas concesiones al mejor postor, sin la intervención de una autoridad regulatoria que diga "no, no más a éste porque aumentaría la concentración".
2) El tránsito a la digitalización prácticamente sin gravamen alguno para megaempresas como Televisa, TV Azteca y Telmex.
En otros países la apertura del espectro radioeléctrico, apunta Dresser, ha generado ganancias multimillonarias para sus gobiernos: 28 mil millones de dólares en el caso de Gran Bretaña. Pero en el caso de México "los concesionarios no van a pagar ni un peso por ello".
—¡Cómo se explica que el Estado renuncie a obtener una ganancia legítima sobre este nuevo espacio?.
—Me lo explico en función de la abdicación del Estado mexicano frente al poder de las televisoras, que empezó no con esta ley, sino con la posición del gobierno de Vicente Fox y de su esposa.
"El origen de esta ley está en el decretazo, en esa famosa decisión impulsada por Marta Sahagún de eliminar el impuesto de 12.5 por ciento del tiempo de las televisoras. El gobierno federal mandó la señal de que en aras de obtener popularidad y salir en la pantalla estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso a ceder porciones de su capacidad y responsabilidad regulatoria".
Tras éste y otros incidentes similares —como la toma por TV Azteca de la antena de CNI Canal 40 en el cerro del Chiquihuite, ante el silencio y la inacción de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaria de Gobernación—, "las televisoras entendieron que tenían el campo abierto para empujar sus intereses".
Lo que está en juego, alerta Dresser, es muy importante: es la capacidad del Estado de regular un bien público en nombre del beneficio público.
"Eso es lo que estamos perdiendo con esta ley, la cual ha sido vendida como un avance, aunque sea incompleto.
"Quienes apoyan la ley dicen `pues es mejor esto que la discrecionalidad del presidente: Y si, hay que arrebatarle discrecionalidad al presidente y otorgarle capacidad regulatoria a un buen órgano regulador autónomo, independiente, pero no hay que arrebatarle poder de discrecionalidad al presidente ¡para dárselo a los concesionarios y que ellos definan los términos de su propia concesión! No deberían ser juez y parte.
Aun así, la politóloga considera que no se puede "satanizar" del todo a las televisoras. La responsabilidad primera, dice, es de los diputados y de los senadores "que claudicaron" porque su deber, como el de todo gobierno en cualquier parte del mundo, "es oponer resistencia a las demandas de empresarios privados, y anteponer el interés público, cosa a la que han renunciado".
El problema de fondo que subyace en la forma en que las televisoras operaron para que el Congreso aprobara una ley a modo, es el riesgo de que Televisa y TV Azteca se constituyan abiertamente en un poder político, más que económico.
La propia investigadora del ITAM menciona que el senador priista Manuel Bartlett —"y me resulta dificil reconocer públicamente que estoy de acuerdo con él en algo"— tiene razón "al decir que estamos creando un monstruo, que estamos creando un poder que se va a imponer por encima de los otros poderes'.
Y recrea lo que pasó con el ex gobernador mexiquense Arturo Montiel: "Un político que pagó miles de millones de pesos por spots y una campaña publicitaria en la televisión, y después fue expuesto en esas mismas pantallas donde compró la elección... El punto es que las reglas del juego las estén dictando quienes se benefician de las reglas del juego.

Vía: Revista Eme-Equis