Por José Antonio Crespo

México está lejos de ser un país democrático. ¿Qué nos define entonces en términos políticos? Hay diversas posibilidades, incluyendo la "mandilocracia", término insospechado pero posible en un país como el nuestro.
Mientras prevaleció el régimen priísta, se mantuvo un debate permanente sobre como debía tipificársele, algo nada sencillo dadas sus peculiaridades. Los priístas y sus ideólogos insistían en el carácter democrático del régimen, para de ahí derivar al menos un monto de legitimidad. Y de cierto al régimen priísta no se le podía catalogar como dictadura militar o personalista, y ni siquiera como de partido único (cosa que el PRI nunca fue). La oposición y la disidencia, en cambio, insistía en que el régimen priísta, pese a su formalidad democrática, era esencialmente autoritario pues no cumplía cabalmente con los requisitos de una democracia política.
Se podía ver entonces al "vaso medio vacío o medio lleno", según dónde estuviera uno ubicado (dentro a fuera del sistema, es decir, del vaso). Ese debate liege a su fin cuando se registró la alternancia y entonces los propios priístas, sin dejar de resaltar algunos elementos positivos del priísmo, terminaron reconociendo que lo que habíamos tenido era un sistema esencíalmente no democrática.
Ahora el debate ha tornado otros derroteros. ¿Que ha cambíado del régimen priísta y qué herencias prevalecen? Es indudable que todavía arrastramos muchos vestigios del pasado inmediato. Prevalecen algunos poderes formales o informales de corte autoritario que mantienen sus enormes privilegios, así como la capacidad de defenderlos eficazmente (como el gran capital, los sindicatos, los cacicazgos regíonales, los consorcios mediáticos y la jerarquía católica) a los que se les han agregado otros actores nuevos (los partidos antes de oposición, y la nueva clase política, incluida la propia familia presidencial). En virtud de todo lo cual cabe preguntar, hemos alcanzado la democracia?
Algunos dicen que sí, aunque hace falta profundízar en ella y, sobre todo, fortalecerla. A mí me parece en cambio que, si bien se democratizó significativamente uno de los elementos esenciales de la democracia, su acceso (a través de elecciones competitivas, libres y eficaces, e instituciones como el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), el ejercicio del poder está lejos de ser democrático. Por lo cual, sin ello no somos todavía una democracia (y no está claro que alguna vez lo lleguemos a ser).
¿Qué somos entonces, o hacia dónde vamos? Al menos en el balance del gobierno que termina surgen varias posibles definiciones de nuestro borroso régimen político, que pueden ser excluyentes o complementarias. Veamos algunas de ellas.
(1) Partidocracia.
El sistema de partido hegemónico ha sido sustituido por un sistema de la hegemonía de los partidos por encima de la sociedad civil. Los partidos protegen sus intereses en común contraviniendo los de la ciudadanía en general. Se atribuyen enorme financiamiento, no toman en cuenta la opinión pública ni les importa tener un nivel de credibilidad menor que la de la policía. Los legisladores atienden a sus dirigencias, no a sus electores, y evitan la rendición personal de cuentas al impedir la reelección parlamentaria (una aberración en el mundo democrático). No le dan importancia al creciente abstencionismo y siguen haciendo de las suyas como si nada, con gran cinismo y mezquindad. Es difícil para la sociedad civil ese círculo vicioso y altamente pernicioso para la democracia.
(2) Plutocrada.
El gran capital mantiene el poder suficiente para doblegar a las instituciones políticas, imponer su propia agenda, obstruir leyes e impulsar otras, colocar a sus hombres en puestos clave y, sobre todo, preservar sus privilegios e impunidades. Pueden comprar gobiernos estatales, legisladores y jueces. Una variante de ello es la "mediocracia", la enorme influencia de los consorcios mediáticos para amedrentar y someter a diversos actores políticos; partidos, Congreso y al mismisimo Presidente, so pena de promover linchamientos mediáticos que políticamente pueden ser sumamente gravosos para sus víctimas.
(3) Ineptocracia.
Particularmente en este gobierno, la llegada de la oposición vino desafortunadamente acompañada de un equipo en su mayoría inexperto, falto de pericia y sensibilidad política (aunque no de ambiciones y proclividad a la corrupción). Y como además este gobierno no hizo gran cosa por combatir la impunidad e impulsar la rendición de cuentas, la alternancia no se vía traducida en un avance significativo en eficacia y responsabilidad en el ejercicio del poder. Muchos funcionarios del actual gobierno han incurrido en corruptelas y decisiones desafortunadas, sin rendir cuentas políticas o legales, según el caso. Varios secretarios de Estado dieron elementos de sobra para ser removidos, y no lo fueron. Su jefe, el Presidente, prefería antes asumir directamente el costa. En otros casos, funcionarios menores fueron removidos pero no se les aplicó pena legal, aunque sus trapacerías lo ameritaban.
(4) Neocorporativismo.
El viejo corporativismo priísta goza de cabal salud. Aunque con variantes. Antes estaba sometido jethrquicamente a la cúpula del PRI y, en última instancia, al Presidente. Hoy, en cambio, los líderes cobraron autonomía de unos y otros, pero su autoritarismo interno ha quedado intacto. Al gobierno democrático le temblaron las piernas ante el reto de desmantelar esa obsoleta estructura de privilegios y complicidades, atentatoria de los derechos laborales y sindicales básicos, y prefirió pactar con ellos la conservación de sus privilegios, así como garantizar su impunidad a cambio de que no hicieran alas en el ámbito laboral. Algún resquebrajamiento ha sufrido el antiguo corporativismo, pero esencialmente continúa funcionando perfectamente. Además, ahora posee un mayor margen para negociar en libertad sus lealtades y respaldos políticos.
(5) Feudalismo estatal.
La búsqueda desordenada de un auténtico federalismo se ha traducido en los hechos en un régimen de feudalismo estatal, dónde los gobernadores han cobrado autonomía respecto del gobierno federal, pero al tiempo de imponer su voluntad en su respectivo feudo (o estado). Suelen someter a las instancias internas a su voluntad. Muchos gobernadores son nuevos caciques, algunos de horca y cuchillo, que hacen y deshacen a su gusto. Roban a placer, ceden ante el dinero de los poderosos, se vinculan con el narcotráfico, y hasta cometen asesinatos directamente sin que el gobierno federal haga nada al respecto (bajo el argumento de respetar la autonomía estatal).
(6) Mandilocrada.
En los momentos de mayor protagonismo de la primera dama, cuando su omnipresencia opacaba de plano a la figura presidencial, se llegó a hablar de esta peculiar forma de gobierno en pareja. Su antecedente más claro se halla en el II Imperio, dónde Carlota, regenta de la Ciudad, cogobernaba con Maximiliano, que más bien prefería otro tipo de entretenimientos muy ajenos a los de gobernar (como cazar mariposas, observar lagartijas y cortejar a muchachas de buen ver). Se ha hablado de muchas decisiones en distintos ámbitos del gobierno que provinieron de la primera dama. Y lo peor: eso parece haberse traducido en ilícitas triangulaciones de dinero favorables a la Fundación Vamos México que preside Sahagún, y en tráfico de influencias para favorecer económicamente a algunos familiares directos de la primera dama.
Está de más aclarar que todas estas formas de gobierno tienen una característica en común: la impunidad de los actores respectivos (partidos, empresarios, legisladores, líderes corporativos, familia presidencial, gobernadores o prelados eclesiásticos), lo que, evidentemente, contraviene la esencia de la democracia, consistente en una rendición eficaz de cuentas, la cual está prácticamente ausente de nuestra vida política.

Revista: Día Siete