Por Juan Pablo Proal
PUEBLA, PUE.- Hasta noviembre pasado, Mario Plutarco Marín Torres, gobernador de esta entidad, era considerado como un mandatario sereno y hábil para la negociación, fama que se ganó al fungir como mediador en el prolongado conflicto que protagonizaron Elba Esther Gordillo y Roberto Madrazo Pintado.
Sin embargo, esa aura pacificadora empezó a desaparecer en diciembre pasado, a raíz de la aprehensión de la periodista Lydia Cacho Ribeiro por elementos de la Policía Judicial del Estado, pues varios reporteros y dirigentes de los partidos de oposición señalan que, en realidad, Marín Torres ha mantenido oprimida a la prensa local con un comportamiento autoritario.
Los periodistas que trabajan en esta entidad comentan ahora, cada vez con más frecuencia, los casos de censura y represión que han conocido, y aunque están seguros de que casi todos los medios locales han sido víctimas de estas prácticas, dicen desconocer el número de periodistas que enfrentan procesos penales en su contra.
Saben que hay denuncias por calumnia contra integrantes de su gremio, y que en las empresas informativas se están produciendo remociones y despidos injustificados de periodistas que no son del agrado del gobernador. Pero muy pocos se atreven a denunciar públicamente sus casos, debido a la complicidad de los dueños de las empresas informativas con el gobierno.
Los únicos periodistas que no dudan en exhibir el autoritarismo del jefe del Ejecutivo poblano son los corresponsales de medios nacionales radicados en el estado, aunque el enrarecimiento del ambiente ha propiciado que tanto ellos como los reporteros de la entidad comiencen a unirse para promover un amparo general contra posibles órdenes de aprehensión que podrían llegar en cascada en los próximos meses.
Historias de intoleranciaEn septiembre de 2004, cuando el discípulo del senador Manuel Bartlett Díaz hacía proselitismo en busca de la gubernatura, ocurrió un episodio que marcaría la pauta de su relación con la prensa.
La ira del candidato Marín Torres se desató el día 24, al arremeter contra los periódicos locales por haber destacado una declaración en la que se autodefinía como "instrumento de Dios". Reprochó a la prensa el tratamiento dado al encuentro que sostuvo con integrantes de la Alianza de Líderes y Pastores de Puebla, y definió a los reporteros que publicaron sus palabras como "insanos, incultos y hasta inmorales".Al inicio de su mandato, en febrero del año pasado, Mario Marín advirtió a los empresarios de la comunicación: "Hay crítica que solamente confunde y destruye. Ésa, pues vamos a procurar que desaparezca, porque ésa no contribuye a nada bueno, solamente a que la gente tenga más desconfianza, que no crea en nadie".Y ha cumplido su palabra.
Por publicar como nota principal el 10 de febrero de 2005 que de la Casa Puebla -la residencia del gobernador- un jefe de seguridad había sustraído cinco cajas de whisky y una sala, el reportero Julio Martínez Rivera, del periódico Síntesis y colaborador de la agencia de noticias Reuters, fue acusado de calumnias por el entonces jefe de seguridad, Alberto Ángeles Moreno, a instancias del jefe del Ejecutivo, quien de inmediato reprendió así al periódico:"Esto es una verdadera vacilada, es un chiste, lamento mucho que el periodismo en Puebla no avance, que tengamos todavía algunos reporteros que hagan de un chisme de lavadero una noticia principal (...) ¡Es una total falta de ética, una total irresponsabilidad, y yo diría que una total perversidad! No se vale que un periódico que yo pensaba que era serio se convierta en un pasquín de quinta categoría.
"Gracias a la llamada de un colega, Martínez Rivera se enteró de que sería acusado judicialmente, y ese mismo día se presentó ante la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur para solicitar que, en caso de que hubiera una denuncia en su contra, se le hiciera comparecer provisto de un polígrafo para que sus resultados se anexaran a la investigación.
El 14 de febrero, Martínez Rivera presentó su declaración ministerial como parte de la averiguación previa número 84/2005, que hasta la fecha se sigue en su contra por el presunto delito de calumnia. Y aunque ignora la evolución de su caso, en entrevista con este reportero revela ahora que, muchas veces, agentes de la Policía Judicial del Estado han merodeado su casa, y no duda en responsabilizar de ello al gobernador, ya que, dijo, "la política de Mario Marín es tener el control absoluto de la prensa".
Cinco meses después de que había detonado este caso, sonó el teléfono celular de la periodista Karla Blázquez Díaz, entonces reportera del programa radiofónico Al Portador. La llamaba su jefe, Alejandro Mondragón, quien también es propietario de la revista digital Status.
Cuenta ella que el empresario, "con ofensas e improperios", la reprendió por haber difundido una denuncia que interpusieron padres de familia del Círculo Infantil de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) -institución regida por Enrique Agüera, sucesor del actual presidente municipal priista Enrique Doger Guerrero- por un abuso que, en contra de cuatro niñas, presuntamente cometió un estudiante de nivel superior.El titular de Al Portador dijo a la reportera que ese tema "no era importante", y aunque ella trató de explicarle las repercusiones de la noticia, su jefe continuó increpándola, hasta que decidió renunciar.Ahora, como corresponsal de Imagen Informativa, refiere que aquel suceso tenía un antecedente. Meses antes, la misma empresa había decidido removerla, "sin explicación de por medio", de la fuente gubernamental.Pero Blázquez Díaz sí conoce las razones.Recuerda que en una ocasión se averió el vehículo oficial que transportaba a la prensa durante una gira del gobernador. La periodista narró al aire ésta y otras fallas de logística ocurridas en aquella ocasión, por lo que las autoridades estatales pidieron "su cabeza", de acuerdo con lo que le contaron más tarde sus colegas."Este es un ejemplo de la represión. Nos controlan las entrevistas con el gobernador, y en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) es lo mismo. La complicidad de los directivos de los medios (con las autoridades) es un asunto económico. No le pueden pegar a la mano que les da de comer", sentencia.Algo parecido ocurrió en agosto del año pasado, cuando la reportera Renata Vázquez García fue despedida por el empresario radiofónico Enrique Montero Ponce, padre del presidente estatal del PRI en Puebla, Mario Montero Serrano. Como en otros casos, la explicación que se le dio fue que su trabajo ya no se adecuaba al "estilo" de la compañía mediática.Pero Vázquez García tiene muy claro que su despido fue gestionado por personal de la UAP. La corresponsal del Grupo Radio Mil había difundido informaciones críticas sobre el rector Enrique Agüera Ibáñez, político vinculado al gobernador Mario Marín Torres.Un día de agosto, los directivos de Tribuna Comunicaciones le dijeron que "ya no les gustaba su trabajo", y fue liquidada, aunque horas más tarde un diputado local le confió que su despido se debió a que estaba afectando los intereses de Agüera Ibáñez.
Las amenazas también son parte del estilo estatal. Algunos periodistas que prefieren reservar sus nombres cuentan que, en una ocasión, durante un encuentro entre el gobernador Marín Torres y el secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, la corresponsal del periódico Reforma, Clara Ramírez, reprochó al gobernante su reticencia a conceder entrevistas. Dicen las fuentes que, minutos después, Javier Luna, jefe de Prensa del gobierno, amedrentó a la reportera: "¡A ver cuánto duras en Reforma!".
Periodistas, al amparo
El pasado 3 de enero, Alejandro Mondragón, titular de la página de internet Status Puebla, publicó una lista de periodistas que, al parecer, han sido sometidos a procesos judiciales, como Fernando Alberto Crisanto, director del diario Milenio Puebla; Mario Alberto Mejía, director del periódico Cambio; Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del periódico digital Econsulta; Fermín Alejandro García, jefe de información de La Jornada de Oriente; y los columnistas Enrique Núñez, Valentín Varillas y Arturo Luna.
Aunque algunos de ellos dijeron ignorar la existencia de denuncias en su contra, la mayoría aceptó haber escuchado versiones de que podrían estar sujetos a investigación.
Como sea, la detención de la investigadora Lydia Cacho Ribeiro, el pasado 16 de diciembre; el caso del periodista Julio Martínez y las declaraciones de Marín Torres han puesto en estado de alerta al gremio.
Por eso Martín Hernández Alcántara, del periódico La Jornada de Oriente, está organizando a los periodistas con el fin de presentar un amparo conjunto en las próximas semanas como medida preventiva ante posibles órdenes de aprehensión contra periodistas. El también catedrático de la Universidad Iberoamericana asegura que a la convocatoria se han sumado dos decenas de reporteros.Entrevistado sobre la crisis que enfrenta el ejercicio de la libertad de expresión en Puebla, el líder moral del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Francisco Fraile García, opina: "La historia de Mario Marín proviene de cuatro gobiernos anteriores; aprendió bien ese proceso de control, que no se ha perdido y que sigue vigente, en el cual se muestra al gobernador prácticamente como un dios, que no tiene errores ni desaciertos".
Fraile García, quien perdió ante Marín en las elecciones por la gubernatura, enfatiza que en la entidad las investigaciones periodísticas son continuamente censuradas cuando tocan los intereses del gobierno. Y sobre la falta de apoyo de las empresas informativas a los periodistas, el senador apunta: "El reportero es censurado y a veces corrido de su propio trabajo por emitir una expresión contraria al gobierno".
Sin embargo, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos la persecución contra los reporteros no existe. El presidente del organismo, Manuel Flores Mendoza -quien fue condiscípulo de Marín Torres en la licenciatura de derecho en la UAP-, sostiene: "En Puebla sí hay libertad de expresión".
A su vez, el vocero del gobierno estatal, Valentín Meneses Rojas, afirma que la administración priista respeta la libertad de expresión y la autonomía informativa de las empresas de comunicación. Niega que el gobierno tenga injerencia en despidos o remociones de reporteros.
Y asegura: "El gobierno del licenciado Mario Marín no ha demandado a ningún periodista ni tiene ninguna recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos".
Sobre el caso de Julio Martínez, Meneses Rojas considera que el periodista agravió a un trabajador del servicio público debido a su "falta de probidad" al informar del presunto robo cometido en Casa Puebla. "Aquí en Puebla se publica a favor y en contra del gobernador, y no pasa nada, y nosotros seguimos trabajando en los programas del gobernador. Cada medio es totalmente autónomo e independiente para marcar su línea editorial, y de nosotros dependerá si contratamos publicidad."

Revista Proceso