Lecciones de una crisis innecesaria

Por Carlos Ramírez
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cramirez@lacrisis.com

A pesar de sus múltiples aristas el conflicto político en la ciudad de Oaxaca se convirtió en la evidencia —una más— del agotamiento del viejo sistema político priista. Y fue, también, la prueba de que la ausencia de un nuevo sistema político usualmente deriva en un colapso institucional generalizado.
La crisis en Oaxaca no se va a resolver con la caída del gobernador Ulises Ruiz, aunque el mandatario está imposibilitado para gobernar ahora y después. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca desvirtuó su sentido político al escalar la fase de la insurgencia popular revolucionaria. La Sección 22 quedó anulada por la revelación de los privilegios oficiales y secretos a la dirigencia y la conversión de los maestros en guerrilleros destructores. Y el pri local quedó exhibido como un partido ajeno a la política y en manos de una élite sin intereses sociales.
Oaxaca podría asumirse como una crisis innecesaria que fue producto de la incapacidad política de la clase gobernante: comenzó con la tradicional protesta magisterial en mayo y el plantón cotidiano, siguió con el error garrafal del gobierno estatal al fracasar en el desalojo policiaco; de ese problema nació la appo, la appo se articuló a la Sección 22, la ausencia de gobierno y autoridad permitió que el liderazgo guerrillero fijara la agenda de la lucha insurgente, el gobernador decidió por la pasividad y a la espera de la intervención federal; el gobierno federal reconoció a la appo/22 al negociar con ellos. El gobernador se ocultó durante semanas, las pugnas entre las familias del poder aprovecharon la debilidad de Ulises Ruiz y el vacío de poder consolidó la crisis.
Lo grave de todo radicó en la certeza de que la impericia política escaló el conflicto al nivel de crisis y permitió que la ciudad de Oaxaca quedara secuestrada por grupos radicales de organizaciones guerrilleras. La de Oaxaca es una crisis en las élites. No hay preocupación por la pobreza, ni por los indígenas ni por la migración hacia Estados Unidos ni por el empleo. La appo/22 exige la renuncia de Ulises Ruiz y el gobernador quiere que la policía limpie la ciudad de barricadas con una incursión violenta.
Visto así el problema, Oaxaca no vive una crisis política sino un choque entre poderes: uno callejero y otro institucional. La agenda de la appo/22 carece de profundidad social y el gobernador no ofrece nada más que seguir igual en el poder. Lo malo, sin embargo, es que el conflicto rompió acuerdos sociales, liberó la exigencia de organizaciones ciudadanas y puso en la mesa de las discusiones la urgencia de un nuevo contrato social. Ahí precisamente se localiza el centro de la crisis política de Oaxaca: la appo/22 y el gobernador Ruiz son vistos socialmente como parte del problema y por tanto tienen que disolverse e irse.
La gran oportunidad de la crisis radica en un nuevo acuerdo social plural que democratice la vida política de Oaxaca, hasta ahora dominada por el peso arbitrario y represivo de los cacicazgos políticos y por la hegemonía de las familias del poder político. Por tanto, la solución política del caso Oaxaca podría ser el ejemplo de una transición a un sistema realmente democrático a través de la liquidación del viejo orden político. Porque es ésta solución, o la represión brutal que afectará a todos.
En Oaxaca, pues, se verán las posibilidades de la transición o los efectos negativos de una ruptura social e institucional.

Vía: revista Vértigo
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