Testimonio ante un juez de EU
Los hermanos de Marta, involucrados
Por J.Jesús Esquivel

De acuerdo con un testigo privilegiado, la corrupción por narcotráfico alcanzó en los años recientes altos niveles policíacos gubernamentales tanto en México como en Estados Unidos. En el caso de nuestro país, llegó al Ejército, la Marina y aun a la asa presidencial. En un explosivo testimonio rendido bajo juramento ante una corte migratoria estadounidense, el mexicano Guillermo Eduardo Ramírez Peyro –expolicía de caminos que e pasó a las filas del narco y se convirtió luego en informante infiltrado de las autoridades estadounidenses– asegura que el propio presidente Fox y los hermanos de Marta Sahagún han formado parte de los arreglos para proteger al cártel de Juárez, la organización criminal más poderosa del momento y la que menos sol' es bajas sufrió durante el actual sexenio.

WASHINGTON.- "Soy una bomba caminando..." Así se considera hoy Guillermo Eduardo Ramírez, Peyro, un mexicano de 35 años de edad que sirvió al gobierno de Estado' Unidos en la lucha antinarcóticos. Y no exagera...
No obstante su condición de indocumentado, Lalo, como le gusta que le llamen, fue reclutado como informante de la Agencia de Inmigración y Aduanas con el código secreto SA-913-EP, así como de la Agencia Federal Antidrogas, e infiltrado en la organización criminal de Vicente Carrillo Fuentes, que se asienta en Ciudad Juárez. Chihuahua, y desde la cual, asegura, atestiguó la corrupción que impera en los más altos niveles de los gobiernos de Estados Unidos y de México, fomentada por el narcotráfico.
"El cártel (de Juárez) ha tenido acuerdos con gente cercana al presidente (Vicente) Fox", declaró Ramírez Peyro ante el juez Joseph R. Dierkes durante el testimonio que rindió bajo juramento el 11 de agosto de 2005 en la Corte Federal de Migración, ubicada en un estado del medio oeste del país.
Su afirmación la hizo en respuesta a una pregunta de su abogada, Jody Goodwin, quien asiste a Lalo en el juicio mediante el cual el gobierno estadounidense intenta conseguir la autorización para deportarlo a México supuestamente por su condición de indocumentado.
De acuerdo con la transcripción de esa diligencia judicial, cuya copia obtuvo Proceso, Lalo afirmó frente al juez que los "altos mandos" del cártel de Juárez le explicaron "los arreglos que tenían e iban a conseguir con militares y funcionarios al nivel más alto del gobierno" de México.
Los señalamientos de Ramírez Peyro fueron ratificados y puntualizados en una entrevista que dio al corresponsal de Proceso, por mediación de su abogada, y que fueron entregadas por escrito, de su puño y letra.
Exagente de la Policía Federal de Caminos (PFC), mano derecha y operador de uno de los jefes del cártel de Juárez que encabeza Carrillo Fuentes, logró incrustarse a tal grado en las entrañas de esta organización criminal que llegó a ser protagonista clave en el caso de las narcofosas descubiertas por las autoridades mexicanas el 14 de enero de 2004: fungió incluso como "supervisor" de las torturas, ejecuciones y enterramientos de una parte de las 12 personas –en realidad fueron 13, "corrige" él mismo–, cuyos cuerpos fueron exhumados en terrenos de la casa marcada con el número 3633 de la calle Parsioneros, fraccionamiento Las Acequias, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En la diligencia de la Corte Federal de Migración, la abogada Goodwin insistió:
–Usted ha indicado que grabó algunas conversaciones con (Humberto) Santillán (número tres en el organigrama de mando del cártel de Juárez y quien, gracias a la información que proporcionó Lalo, fue detenido en enero de 2004 en El Paso, Texas), en las que él explica los arreglos que se hacían con los militares y políticos (mexicanos). ¿Qué (...) arreglos específicos le dijo que tenían con los políticos?
–"El cártel tenía arreglos con gente que estaba muy cercana al presidente Fox. Él (Santillán) me explicó que el presidente Fox tomó... tomó la posición de arreglar, consultar con el cártel de Juárez, lo que significa que él (Fox) iba a atacar a los cárteles enemigos, al de Tijuana y al del Golfo, para que el cártel de Juárez pudiera operar sin problemas con el gobierno –respondió el ex informante.
En sus declaraciones, Ramírez Peyro acusa al gobierno del presidente George W. Bush de usarlo como "chivo expiatorio" en el caso que se conoce aquí como House of Death, "la casa de la muerte" (donde se localizaron los 12 cuerpos en narcofosas).
Según la abogada del exinformante, quien no tiene la menor duda de que será asesinado en México si las autoridades estadounidenses lo deportan a su país, el gobierno de Bush se quiere "lavar las manos" y evitar que salga a la luz pública la magnitud de la corrupción existente en las corporaciones federales, entre ellas la propia Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), a la que sirvió de 2000 hasta julio de 2003.
Y es que Lalo asegura haber mantenido informada a la ICE, mediante grabaciones, de las atrocidades que se estaban cometiendo en la casa del fraccionamiento Las Acequias de Ciudad Juárez.
Goodwin dice que, con su testimonio y las grabaciones que entregó a la ICE sobre las operaciones del cártel de Juárez, las autoridades federales hubieran podido evitar la ejecución de varias de las personas cuyos cuerpos fueron hallados en la casa de la calle Parsioneros.
Como parte del mismo proceso judicial que se le sigue a Lalo, la ICE niega tener las grabaciones que supuestamente les entregó el exinformante, a quien ahora intentan implicar en los asesinatos.
De hecho, la presunta responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en estas muertes consta en una demanda judicial interpuesta por la familia de uno de los ejecutados. Luis Padilla. Esta familia acusa a agentes de la ICE, a funcionarios del Departamento de Justicia y al propio Ramírez Peyro de estar implicados en ese asesinato, ocurrido el 8 de enero de 2004.
En la audiencia de la Corte Federal de Migración, el fiscal representante del Departamento de Seguridad Interior del gobierno federal de Estados Unidos, Kevin Lashus, le preguntó a Lalo:
– ¿Informó usted a sus oficiales de ICE (Raúl Bencomo, entre otros) que sabía que el señor (Humberto) Santillán había ordenado la muerte de gente asociada con el cártel?
–Sí.
– ¿Les avisó (a los mismos oficiales) antes de que ocurrieran?
–Sí, en muchas ocasiones. Por ejemplo, en una ocasión (estando yo) en Chicago, Santillán me habla para pedirme que enviara al niño (sic) para que abriera la casa (de Parsioneros). Yo estaba en Chicago con los agentes de ICE y ellos sabían (todo) porque yo les autoricé que escucharan mi conversación telefónica (con Santillán). Y más que eso: les dije lo que estaba pasando, y en El Paso (en las oficinas de ICE) estaban escuchando mis conversaciones.
Lashus busca demostrar que Lalo, quien solicita asilo político en Estados Unidos o quedarse en este país como testigo protegido, o bien ser enviado a un tercer país no latinoamericano, no tiene sustento para pedir que no lo deporten a México.
Ramírez Peyro se siente traicionado por la ICE y las demás agencias a las que transmitió su información:
"Si me regresan a México me van a matar. Incluso si me dejan en libertad aquí en Estados Unidos también me van matar. Mi vida y la de mi familia están en peligro."
-¿No piensa usted que ICE trabaja con el gobierno de México? –le preguntó Lashus como parte de la diligencia.
–No, porque en ese momento no había comunicación con el gobierno mexicano.
– ¿Fue esa la primera ocasión (sic)?
-Durante los cuatro años que trabajé con ICE, cuando operaba yo en Estados Unidos y en México, nunca, nunca hicimos nada con el gobierno de México porque no confiábamos en ellos. Ni yo ni ICE.
– (...) ¿Vicente Fox está fingiendo una guerra contra las drogas? ¿Es esto falso o verdadero?
–Verdad.
-¿Cree usted que él (el presidente Fox) está fingiendo una guerra contra las drogas?
-Sí.
En otro momento de la diligencia, y en relación con las conversaciones que Ramírez dijo haber sostenido con Humberto Santillán, el número tres en la estructura del cártel de Juárez, la abogada Goodwin le preguntó a su cliente:
– ¿Esto es lo que le dijo Santillán?
Respondió Ramírez:
-Es una de las conversaciones que tuvimos. También, cuando yo fui a Colombia para hacer arreglos con los colombianos, el plan fue venimos por mar y que la Armada de México, los barcos (sic), ellos eran los que recogerían las drogas en el mar, en el muelle o en las fronteras marítimas del territorio nacional. Ellos, sí, ellos; se quedaban cerca de lo que ustedes llaman tierra firme. Después, la PGR (la Procuraduría General de la República), volando llevaba estas drogas a Juárez, a Ciudad de Juárez.
-¿Entonces, desde la fuente de las drogas hasta la distribución, todos estos arreglos se hacían con distintas (sic) partes del gobierno?
-Sí, ese es el propósito de hacer arreglos con ellos para que no tengamos ninguna pérdida. Por eso ellos (los narcotraficantes) los invitan para que formen parte del "vehículo" (es decir, la organización. el cártel) y de esa forma evitar una guerra. Luego, ellos (el gobierno) lo intentan y de esa forma se asegura el paso de la droga.
La abogada Goodwin ahondó:
-Y aparte de esos arreglos, ¿tuvo usted otra evidencia de que el gobierno favoreciera al cártel de Juárez? –le preguntó a su cliente.
-Definitivamente –respondió Lalo, y reveló enseguida algunos detalles que incriminan a más personajes del círculo presidencial:
Que le consta que policías mexicanos secuestran y asesinan a la gente, y que incluso hizo grabaciones de audio. En uno de esos casos, resultó que la persona implicada estaba metida en el tráfico de cigarros y trabajaba para el cártel de Juárez.
Esa persona –cuya identidad el testigo no reveló y sólo dijo que está bajo arresto en Ciudad Juárez– viajó a la Ciudad de México para hacer arreglos, a nombre de los capos del cártel con "hermanos de la esposa del presidente Fox".
Las autoridades mexicanas, puntualizó el testigo, conocieron ese testimonio que involucraba a los hermanos de Marta Sahagún y desecharon investigarlos.
Antes de que le pidieran más detalles, Lalo se escabulló: "todo esto es difícil de explicar porque pasó en un período de tres años, pero cuando esta información iba saliendo yo inmediatamente le pasaba un reporte a ICE con todos los datos".
"Quiero que el público se entere de cómo el gobierno (de Estados Unidos) y desafortunadamente la prensa han distorsionado toda la verdad", declara Guillermo Eduardo Ramírez Peyro en entrevista conjunta realizada por Proceso, el periódico estadounidense The Dallas Morning News y el semanario británico The Observer, efectuada en parte por escrito y en parte de manera verbal por conducto de su abogada Jody Goodwin, en un estado del medio oeste estadounidense el sábado 7 y el domingo 8 octubre.
Originalmente se había establecido con Goodwin que la entrevista con Lalo se realizaría en persona en la cárcel donde lo tiene oculto el gobierno federal con la finalidad de protegerlo. Sin embargo, unas semanas antes de la fecha establecida para el encuentro, el noticiario News 8, que transmite una emisora de televisión de Dallas, Texas, presentó "una entrevista" con Lalo que no fue autorizada por Ramírez ni por su abogada y sorprendió al gobierno de Estados Unidos, que había hecho todo lo posible por ocultar a su exinformante.
El viernes 6, un par de horas antes de la llegada de los tres entrevistadores al estado donde la ICE mantiene encerrado a Ramírez, Goodwin se enteró de que su cliente ya no estaba donde se supone que debería estar. "Lo movieron otra vez y ahora sin avisarme. Seguro que se enteraron de que lo iban a entrevistar. El gobierno tiene intervenido mi teléfono", comunicó a los reporteros la abogada través de un correo electrónico.
Después de hacer varias llamadas y averiguaciones, Goodwin, una rubia de marcado acento tejano, volvió a localizar a su cliente. La abogada no podía ocultar la rabia que le provocó lo que habían hecho con Ramírez. "Habrá entrevista. Escriban sus preguntas. Iré a ver a Lalo y les traeré las respuestas las veces que sea necesario. Tengo cuatro oportunidades de hacerlo en estos dos días".
En una celda de reclusión especial, Ramírez Peyro dormía sobre un catre cuando, en la madrugada del jueves 5, unos guardias con pasamontañas irrumpieron para llevárselo.
"Lo esposaron, le pusieron una chaleco antibalas y se lo llevaron a otra cárcel sin decirle por qué razón ni nada. Eso me dijo él", comenta a los reporteros la defensora.
El gobierno "sabe que están aquí y no quieren que Lalo hable con ustedes", añade sin dejar de culpar de ello al productor del reportaje especial que News 8 había transmitido sobre el "informante" de la ICE y la DEA un par de semanas antes.
Para Lalo esos repentinos traslados de una cárcel a otra y de un estado a otro no son cosa nueva. En los últimos meses, la ICE lo ha estado ocultando en por lo menos cinco cárceles en distintos puntos del país.
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Ramírez Peyro, quien como informante de Estados Unidos se hacía llamar "Jesús Contreras", sostiene que trabajó poco menos de un año en la Policía Federal de Caminos, en donde tuvo sus primeros roces con narcotraficantes porque en esa corporación, afirma, "todos eran corruptos". Sin embargo, no proporciona el dato alusivo al período en que dice haber trabajado en la corporación.
A mediados de los años noventa, se inició en el negocio del tráfico de drogas como encargado del almacenamiento y movimiento de cocaína en la ciudad de Guadalajara. Jalisco, para el cártel de Juárez.
A finales de 1999 o en enero de 2000, dice, leyó un anuncio en un diario estadounidense: el gobierno federal ofrecía dinero a quienes quisieran cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Decidió probar suerte. Así que en enero o febrero de 2000 –no recuerda la fecha exacta– llegó al Puente de las Américas, situado en la línea que divide al 'territorio mexicano del estadounidense a la altura de Ciudad Juárez y pidió a los agentes aduanales del otro país hablar con un agente de la DEA. Les dijo que tenía información importante que darle. Lo llevaron entonces ante Raúl Bencomo, agente especial de ICE, quien se encargó de reclutarlo asignándole el código SA-913-EP.
La misión que le asignaron tanto el ICE corno la DEA fue conseguir datos que condujeran al arresto y enjuiciamiento de los tres principales jefes del cártel de Juárez: Vicente Carrillo Fuentes. Humberto Portillo Madrid, alias Saddam, y Humberto Santillán Tabares, así como interferir y colaborar en la confiscación de los cargamentos de droga que entran vía México hacia territorio estadounidense.
– ¿Cómo eran sus días de trabajo como informante y como miembro del cártel? –se le pregunta a Lalo por medio de su abogada.
–Muy activos: tenía tres trabajos; como "criminal", como "policía" y 'a cargo de mis negocios (en El Paso, Texas): mi lote de coches, mi tienda de accesorios para teléfonos celulares y mi mueblería. Mis días eran muy largos.
Con el paso del tiempo, Lalo, quien es hijo de un matrimonio de ingenieros civiles y cuyos hermanos son todos profesionistas, se ganó la confianza de Santillán Tabares y se convirtió en su mano derecha, al grado de que el propio Eduardo alcanzó a ubicarse como el número cuatro en la estructura de mando del cártel.
Esta posición clave le permitió conocer detalles confidenciales de la organización de Carrillo Fuentes, de los contactos de ésta con el gobierno de México a todos los niveles: federal, estatal y municipal, así como identificar a policías y militares que trabajaban, para el cártel: por ejemplo, Miguel Ángel Loya, comandante de la Policía Judicial del estado de Chihuahua en ese tiempo --el gobierno de Patricio Martínez–, así como Arturo Chito Solís, procurador de Justicia en la misma administración de Martínez, entre otros.
Por lo que respecta a la parte estadounidense, Lalo tuvo conocimiento de que agentes aduanales y de otras agencias federales estadounidenses trabajaban para Carrillo Fuentes.
- ¿Quiénes son los militares, políticos o empresarios mexicanos que trabajan para el cártel?
-No voy a responder porque no quiero poner en peligro a la vida de nadie. Todos los nombres que debía entregar los tiene ICE, la DEA, el FBI, el Servicio Secreto y la ATF (entidad dependiente del Departamento del Tesoro encargada de controlar alcohol, tabaco y armas de fuego).
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En la audiencia del 11 de agosto de 2005 en la Corte Federal de Migración, Ramírez Peyro aseguró ante el juez Joseph R. Dierkes:
"El federal, estatal y municipal, los tres niveles gubernamentales de México, todos, todos están bajo el control del cártel."
Con este argumento, el exinformante de ICE y la DEA pretende demostrar al magistrado que debido al presunto control que el cártel de Juárez ejerce sobre el gobierno de México al más alto nivel, su vida y la de su familia están en peligro, razón por la cual si es deportado a territorio mexicano, esa organización lo mataría enseguida.
–Señor: ¿usted personalmente atestiguó cuando algún oficial de la policía mató a alguna persona? –le preguntó el juez Dierkes.
–Sí, y es más: grabé el homicidio que llevó a cabo la policía.
– ¿Por qué piensa que a usted lo asesinarían? –lo increpó a su vez la defensora Goodwin.
–No hay duda que afecté un poco los intereses del cártel. Más allá de que haya tomado drogas alucinógenas y que también hayan arrestado a algunas de sus gentes aquí en Estados Unidos por la información que di, fui testigo de la participación del gobierno (de México) con la gente del cártel. También ví la asistencia que les dio la policía del estado (de Chihuahua).
En otra parte del interrogatorio, el fiscal Kevin Lashus le preguntó:
–Alguien distinto al cártel... ¿quién más lo estaría buscando, ya sea aquí en Estados Unidos o en algún otro lugar del mundo?
-Bueno, el gobierno de mi país.
-Bien. ¿Y eso incluye al gobierno de Fox en su totalidad?
-Sí, y aun si Vicente Fox está listo para irse (de la Presidencia). Y si él se va, los militares y los policías se quedan en algún lugar.
-¿Por qué piensa que Vicente Fox lo estaría buscando?
-No, no. No el presidente, creo que él está muy ocupado, tiene muchas ocupaciones.
El fiscal rectificó:
-Estoy generalizando... ¿Por qué alguien de este gobierno quisiera hacerle daño?
-Sólo para demostrar y para demostrarle al resto de la gente que no deben presentar evidencias en contra del narcotráfico, y si usted o cualquiera lo hace acabará muerto.
-¿Piensa que el gobierno de México lo busca en represalia por la asistencia que proporcionó para el caso de SantiIlán (el fiscal se refiere a la posibilidad de que a las autoridades mexicanas pudiera haberles disgustado la colaboración de Lalo para que el capo Santillán fuera aprehendido en El Paso)?
-Por su puesto, sí.
-¿A qué miembros del gobierno de Estados Unidos les teme usted?
-ICE, porque ellos me deportarían, porque básicamente me estarían poniendo en las manos de las personas que me harían daño.
-Entonces no tiene miedo a que ICE le haga daño; tiene miedo de que lo entreguen a alguien que sí se lo haría...
-Exactamente.
-¿Sabe usted qué le paso al agente (Raúl) Bencomo (de ICE)?
-Creo que lo liberaron (sic).... no lo sé".
-¿Quedó liberado de ICE?
-Sí.
-¿Sabe usted si está bajo custodia criminal?
-No, no sé si está o no.
-¿Teme que le haga daño el agente especial Bencomo?
-No somos amigos, él es la persona que quiere hacerme daño.
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Con base en el cuestionario de Proceso. Lalo declara:
"Cada vez que me hablaba (Santillán Tabares) para avisarme que iba a haber una 'carne asada' (código del cártel de Juárez para designar a la tortura y el asesinato de personas), yo le informaba a ICE. Y cada vez, después de supervisar que se terminaran los entierros (en la casa de Parsioneros), me iba a las oficinas de ICE en El Paso para entregar las grabaciones de los asesinatos."
En dichas oficinas, según el exinformante, se instaló equipo especial para pasar a CD toda la información grabada por Lalo en casetes y transcribirla.
-¿Quiénes estaban presentes cuando usted regresaba a El Paso después de asistir a una "carne asada" en la casa de Parsioneros?
-Gente distinta, pero en su mayoría siempre estaba presente la gente del grupo que me controlaba: Raúl Bencomo (agente especial de ICE); Curtis Compton (agente especial supervisor de ICE), Todd Johnson y Luis Rico (agentes de ICE) y hasta Juanita Fiel-den (asistente de la Fiscalía Federal de Estados Unidos asignada al Grupo de la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Ley contra las Drogas y Crimen Organizado), JJ (sic), y otros que no me acuerdo su nombre, aunque siempre había gente de ICE, la DEA, el Servicio Secreto y de ATF (agencia dependiente del Departamento del Tesoro para el control del tráfico y venta de alcohol, tabaco y armas de fuego).
El 8 de enero de 2004, en la casa de Parsioneros fueron asesinados Luis Padilla (ciudadano estadounidense), Oscar Rodríguez y otro sujeto cuyo nombre Lalo no recuerda; ejecuciones de las que según el exinformante, ICE tenía conocimiento previo de que iban a llevarse a cabo, porque él le avisó de ello a Bencomo.
La familia de Padilla presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, específicamente contra los agentes de ICE asignados a la investigación del cártel de Juárez, funcionarios del Departamento de Justicia y propio Ramírez Peyro.
En la demanda civil número EP-05- CA-0478, los parientes de Padilla acusan al gobierno estadounidense de complicidad en el asesinato por el hecho de que sus agentes estaban enterados —a través de Lalo— de que en la casa de Parsioneros el cártel de Juárez llevaba a personas secuestradas para torturarlas y ejecutarlas.
Sin embargo, en una declaración que rindió ante el juez Frank Montalvo, de la Corte de Distrito de la División del Oeste de Texas en El Paso, el 18 de septiembre último, Raúl Bencomo niega haber estado al tanto de ello a través de su informante Ramírez:
"No estaba enterado de ninguno de los asesinatos descritos en las denuncias de la demanda, antes de que los eventos ocurrieran. Es más: de acuerdo a mi conocimiento, ninguno en ICE o en el Departamento de Justicia sabía de los asesinatos antes de que ocurrieran.
Pero Lalo y su abogada califican de "falsos" y de "fabricaciones" del Departamento de Justicia el testimonio de Bencomo, así como los de Compton y de Giovanni Gaudioso (subdirector de Misiones 1 de Apoyo de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior, del cual depende ICE, en Washington), quienes ante la corte que preside Montalvo presentaron bajo juramento una serie de testimonios, de los que Proceso tiene una copia.
En la entrevista, Lalo insiste: "Siempre estuve en contacto con Bencomo y otros agentes de ICE, y ellos sabían cuáles eran las consecuencias en las que íbamos a estar cuando me hablaba Santillán para decirme que abriera la casa y que preparara las cosas porque íbamos a tener una 'carne asada'. Están mintiendo".
La abogada Goodwin considera que el hecho de que cuando se destapó el escándalo de las narcofosas en Ciudad Juárez, el nombre de Guillermo Eduardo Ramírez Peyro fuera filtrado a la prensa por el gobierno de Estados Unidos, pudo ser una acción premeditada. La idea podría haber sido, dice, preparar el terreno a una defensa en caso de que se supiera lo que Lalo informaba con anticipación a Bencomo y a ICE.
Lo extraño de esta situación es que la DEA decidió prescindir de los servicios de Lalo como informante cuando éste grabó en audio la ejecución de Fernando Reyes Aguado en la casa de Parsioneros el 5 de agosto de 2003. Sin embargo, ICE lo siguió "utilizando".
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La suerte del expolicía mexicano se complicó el 25 de agosto de 2004 cuando, afuera del restaurante de comida rápida Whataburger, en El Paso, Texas, Abraham Guzmán, un pasador de droga (de los conocidos como "mulas" en el argot del narco) que trabajó para Lalo, fue asesinado por presuntos gatilleros de Carrillo Fuentes, quienes en realidad, dice, buscaban al informante para matarlo.
"Cuando estaba en San Antonio, Bencomo se comunicó conmigo para decirme que me fuera a El Paso a cooperar con ellos en otras operaciones. Me fui. El día que mataron a Guzmán, yo había arreglado lo de un cruce de drogas que ya se había pasado de Juárez a México, y se suponía que en la noche yo tenía que ir a cobrar un dinero por el pase. Era una operación arreglada, pero como yo tenía cosas qué hacer, mandé a Guzmán y los gatilleros de La Línea (otra manera de denominar al cártel de Juárez) lo confundieron conmigo y lo mataron".
Curtis R. Compton, agente especial a cargo de los agentes que supervisaban a Lalo, sostiene que "a Ramírez Peyro se le entregó una forma en español en la que se le indicaba que tenía prohibido participar en cualquier actividad ilegal", y que se le había advertido que debería quedarse en San Antonio bajo protección gubernamental.
A raíz del asesinato de Guzmán, el gobierno de Estados Unidos pretende deportar a Eduardo a México. Mientras tanto, lo mantiene alejado de los medios de comunicación y protegido ante el temor de que sicarios de Carrillo Fuentes u otros pistoleros lo ejecuten.
Según el exinformante, sus datos sirvieron a las autoridades para detener a "unos 50 narcotraficantes" -versión que fue corroborada con documentos oficiales del gobierno estadounidense en manos de Proceso-, entre ellos Santillán Tabares, y para confiscar varios cargamentos de droga en la frontera con México y en ciudades como Chicago, Búfalo, Los Ángeles y Nueva York, entre otras.
Ramírez Peyro dice que en su papel de informante no ganó mucho dinero. ICE sostiene que se le pagó un total de 224 mil 650 dólares por sus cuatro años de servicios, monto que está documentado en la nómina de esa agencia.
"Gané más que eso. Es más. ICE me debe unos 400 mil dólares de los otros pagos que todavía no me entregan", se queja el exinformante caído en desgracia.
Corrupción en agencias estadounidenses
WASHINGTON.- Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, alias "Jesús Contreras" o simplemente Lalo, sirvió corno informante de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la DEA en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en El Paso, Texas, hasta que funcionarios de la segunda dependencia descubrieron signos de corrupción en la otra agencia hermana, que de acuerdo con documentos clasificados y desclasificados, así como con declaraciones de Lalo presentadas ante jueces federales de Estados Unidos y la prensa, se enteró de ejecuciones cometidas por el cártel de Juárez incluso antes de que se llevaran a cabo, aunque nunca hizo nada para prevenirlas.
"El asunto aquí es saber por qué no ha habido una investigación para determinar si hubo mala conducta de parte de oficiales del gobierno de Estados Unidos. No se puede saber qué fue lo que pasó. Tenemos una idea de lo que pasó, pero eso tiene que ser corroborado por una investigación", dice en entrevista telefónica con Proceso Sandalio González, exagente especial a cargo de la división de la DEA en El Paso.
González fue el primer funcionario en denunciar el caso de Lalo y las sospechas de corrupción en ICE, lo cual lo obligó a renunciar a su puesto.
Lo que está en el centro de la polémica es si hubo o no una acción deliberada por parte del gobierno de Estados Unidos para ocultar la corrupción de ICE asociada al caso de Lalo y más de una docena de asesinatos cometidos por el cártel de Carrillo Fuentes en México y en territorio estadounidense.
Con la información que ha salido a la luz recientemente sobre el particular, el Congreso federal bien podría hacerse cargo del asunto, afirma González.
Los presuntos actos de corrupción de ICE y su negligencia para prevenir la tortura y ejecución de personas quedan al descubierto a partir de la información que Lalo les proporcionó a los agentes de esa agencia sobre los crímenes que policías judiciales del estado de Chihuahua, bajo las órdenes del comandante Miguel Ángel Loya Gallegos, cometieron por mandato directo de Carrillo Fuentes a través de uno de sus principales operadores, Humberto Santillán Tabares. Algunos de los asesinatos se ejecutaron en la casa ubicada en el número 3663 de la calle Parsioneros, en el fraccionamiento Las Acequias de Ciudad Juárez, en cuyos terrenos fueron enterradas las víctimas.
Lalo, quien se encuentra en la cárcel de un estado de la zona del medio oeste de Estados Unidos, bajo custodia de ICE y en espera de la decisión de un juez de inmigración, que determinará si será deportado a México o enviado como asilado político a otro país, considera que el gobierno estadounidense quiere librarse de una investigación a fondo usándolo a él como chivo expiatorio.
En la entrevista que, por medio de su abogada, Jody Goodwin, concedió a Proceso y otros dos medios informativos, Lalo hace un recuento de lo que ocurrió el 14 de enero de 2004 en la casa de Parsioneros.
"Padilla, Rodríguez y la otra persona, estos tres fueron 'levantados' en Juárez supuestamente porque sabían el nombre de un inspector corrupto (estadounidense) que permitía el cruce de los cargamentos de droga de Juárez a El Paso por uno de los puentes.
"Cuando los confrontó (Humberto) Santillán (el número tres en la estructura del cártel), les pidió que le dieran el nombre del agente corrupto y le dijeron que era John Brown. Santillán tomó el teléfono y llamó a su experto en agentes corruptos para corroborar el nombre: el experto era yo, que estaba en ese momento en El Paso. Me pidió que con mis contactos confirmara el nombre. Entonces yo le llamé a (Raúl) Bencomo (agente de ICE) para decirle que tenían a tres tipos en la casa y que habían dado el nombre de Brown. Bencomo me dijo que me llamaría, y a los cinco minutos lo hizo para decirme que no había ningún John Brown, que había un James Brown.
"Pero entiendan: en ese momento, Bencomo sabía que había tres personas en la casa de Parsioneros y que tenía que dar la información porque Santillán la pedía y que además a los tres les iban 'a dar piso' (matarlos). Yo se lo dije. Bencomo dijo: ok, que llamara a Santillán para decirle que no había un John Brown sino un James Brown.
"Cuando le hablé a Santillán, este básicamente dijo: Está bien, y colgó…
Más tarde, recibí otra llamada de Santillán diciéndome que los tres ya habían dado otros nombres, que los corroborara: los nombres eran Homer Glenn y René Ramírez.
"Llamé a Bencomo para darle los otros dos nombres y me colgó diciendo que me llamaría después. Como a los cinco minutos, me llamó Rico para decirme: 'Chingada madre, hijos de perra, esos son dos agentes de la DEA en Ciudad Juárez'."
Prosigue: "Lo chistoso es que después de que sacaron a los agentes de la DEA de Juárez, nadie nunca se me acercó para felicitarme por lo que había hecho. Por eso creo que los agentes de la DEA en Juárez usaban dos chalecos (sic).
"Otra de las razones por las que creo que los de la DEA trabajaban para el cártel es porque en una ocasión, cuando fue la boda de una hija de Amado Carrillo Fuentes, en la que Amado se suponía que iba a estar presente, la DEA realizó una redada, pero unos minutos antes de que se hiciera la redada Amado recibió una llamada en la que le dijeron: 'Vienen las tres letras (la DEA)'. Colgó y se fue (Lalo se rehúsa a señalar dónde y cuándo fue la boda de la hija de Amado).
"Yo entregué a ICE grabaciones de conversaciones de Santillán donde él habla de las conexiones del cártel con 'las tres letras' y que Vicente Carrillo Fuentes no tenia ninguna preocupación por la DEA. Yo creo que por estas grabaciones en las que ICE escuchó hablar a Santillán de sus conexiones con las tres letras, en ICE decidieron que no iban a compartir la información con la DEA", concluye Lalo.
A su vez, González dice que él no sabe si agentes de la DEA en El Paso trabajaban para el cártel, pero considera que el caso tiene que ser investigado por el gobierno estadounidense o por el Congreso federal. De hecho, el exagente de la DEA, después de su renuncia, viajó a Washington para denunciar personalmente la situación. Solicitó audiencia con los senadores Chuck Grassley, republicano del estado de lowa, y con Patrick Leahy, demócrata por Vermont. Lo recibieron los asistentes de ambos legisladores, y entre los asistentes se encontraba Robin Ashton, a la sazón funcionaria del
Departamento de Justicia.
Sin embargo, González dice que su denuncia no llegó a ningún lado, "no hubo interés". Él cree que Ashton fue la responsable de que los legisladores pensaran que el caso no tenía mucha importancia.
-¿Está dispuesto a reunirse nuevamente con miembros del Congreso? -le pregunta el reportero a González.
-Absolutamente, claro, si hay un interés en conocer la verdad de lo que pasó aquí. Yo considero todavía como un deber el hablar con el gobierno, ya sea con el Poder Ejecutivo o el Legislativo para tratar de aclarar esto porque es una cosa sumamente muy seria y en mi opinión el gobierno ha encubierto esto.
-¿Sabe si el caso ha llegado a niveles muy altos, al procurador general Alberto Gonzáles?
-Claro, claro que llegó. El procurador sabe. Se le notificó del asunto de Juárez cuando tuvimos que sacar de Juárez al personal de la DEA. Después de que la policía paró al agente que iba con su familia tuvimos que evacuar a la oficina completa. Todo eso se le reportó al procurador general.
-¿Cree que en la Casa Blanca sepan del asunto?
-Personalmente, creo que sí, pero no tengo prueba de eso.
-¿Sirvió Lalo como informante?
-Él sí dio buena información, según lo que yo tengo entendido. De él yo personalmente no tengo ninguna opinión. Simplemente cuando hay un informante, los datos que él provee a las autoridades hay que cotejarlos para determinar si sirven o no. Es un hecho que muchos informantes mienten y por eso es que la información que proporcionan hay que corroborarla lo más posible.

Vía: revista Proceso

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