Por Eduardo Santisteban
PUEBLA.- El pasado 15 de enero, el licenciado Mario Marín Torres, gobernador de Puebla, presentó su I Informe de Gobierno ante la LVI Legislatura.
El jefe del Ejecutivo poblano detalló lo que su gobierno ha emprendido en materia de justicia competitividad, política social y combate a la pobreza.
A continuación, una síntesis del Informe de Gobierno en esos rubros.
Estado de derecho y justicia
Para consolidar el estado de derecho en Puebla, se actualiza permanentemente el marco legal y se vigila la estricta observancia y aplicación de la ley sin privilegios ni excepciones, respetando en todo momento la autonomía municipal, los derechos humanos y las garantías individuales.
Acciones y progreso
— Se avanzó en la cultura de la legalidad y la transparencia al otorgarse 9 mil 853 audiencias a organizaciones políticas y sociales, así como a ciudadanos, atendiendo sus demandas y encauzando la solución, sin privilegios ni excepciones.
— Se realizaron mil 601 visitas de funcionarios públicos a las localidades más apartadas de la capital y se efectuaron 35 jornadas de atención ciudadana, trasladando así la capacidad institucional del gobierno a los lugares donde se generan las demandas.
— Se realizó el convenio para la homologación de horarios para la venta de bebidas alcohólicas, a fin de proteger la integridad física de la juventud poblana y de la ciudadanía en general.
— Se creó el Patronato de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, para prevenir las conductas antisociales al seno de las familias poblanas.
— Se crearon 15 Juzgados del Registro del Estado Civil de las Personas, con el fin de acercar estos servicios a los lugares más apartados del Estado.
— Se redujo el índice delictivo de los principales delitos que comparativamente con el año anterior presentaron una disminución de 30% en homicidio intencional, 29% en robo a interior de vehículo, 29% en plagio y secuestro, 12% en violación y 6% en robo de vehículo.
— Se instalaron 78 Comités Ciudadanos de Prevención del Delito capacitados en Programas de Cultura de la Denuncia, Prevención del Delito y Cultura de la Legalidad.
— Con la finalidad de vigilar que sean respetados los derechos de las personas de origen indígena, se supervisaron 275 procesos penales, 414 averiguaciones previas y 64 visitas a los centros de reclusión para constatar el trato que reciben los internos.
— Por primera vez en 12 años de funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos, el número de mujeres atendidas por presuntas violaciones a sus derechos fue superior al de los hombres resultado que refleja un progreso en cuanto al conocimiento y reclamo de los derechos de la mujer poblana.
— En el año 2004 Puebla ocupaba el 10 lugar a nivel nacional en relación al índice delictivo hoy en día se ubica entre los 8 estados más seguros.
— Para lograr un combate más efectivo a la delincuencia y fomentar una mayor cooperación en la prevención e investigación de delitos, se firmó un convenio de cooperación en materia de prevención y combate a la delincuencia, con los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, y Tlaxcala así como entre el Estado y sus 217 Municipios.
— Puebla es un Estado pionero en la República, en conformar un grupo especializado de policía científica para combatir frontalmente a la delincuencia organizada, misma que constituye una Unidad Modelo de Investigación Policial (UMIP), cuyos integrantes cuentan con estudios universitarios los cuales fueron capacitados por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
— En respuesta a la solicitud de la industria textil se decomisaron más de 90 toneladas de mercancía ilegal entre las que destacan tela y ropa lo que constituye un fuerte golpe al contrabando en la entidad.

Revista Siempre

Ensayo
Carlos Castresana Fernández *
Cuando estas páginas vean la luz, un nuevo acto de solidaridad con las mujeres de Ciudad Juárez habrá tenido lugar: un concierto musical en el Zócalo de la Ciudad de México. Será después de que la feria estadística criminal nos haya informado de que en el año 2005 que acaba de terminar, otras 35 jóvenes han muerto asesinadas en esa ciudad fronteriza, últimas de una lista escandalosamente larga que no deja de engrosarse desde hace más de una década, víctimas de una espiral de violencia irracional que las autoridades locales no pueden o no quieren detener.
La violencia de género es aquella que padecen las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Es una violencia que lleva implícita la discriminación por razón de sexo; una violencia instrumental, que busca perpetuar una situación de sumisión, y que castiga a las mujeres que pretenden escapar de ese papel subordinado que quiere imponerles la cultura tradicional predominantemente masculina. Conforme más libertad personal, social, política y económica alcanzan las mujeres, menor es la discriminación que padecen, pero mayor es el riesgo de violencia que enfrentan por parte de hombres que pretenden devolverlas a la situación anterior de sometimiento.
La característica más marcada de los feminicidios en Ciudad Juárez es la falta de respuesta de las instituciones. Tres cuartas partes de los crímenes constituyen manifestaciones de violencia familiar. Las mujeres mueren a manos de quienes tienen más cerca: sus maridos, amantes o novios, sus padres, u otros varones de su entorno. La característica fundamental de la violencia intrafamiliar es que es esencialmente evitable. En la mayor parte de los casos, se trata de muertes anunciadas. El feminicidio es sólo el último eslabón de una cadena de violencia que conoce y hace públicas múltiples manifestaciones e incidentes anteriores, que permiten anticipar y prevenir el fatal resultado final. La incapacidad de las instituciones para evitar esta clase de crímenes no es, pues, fruto de errores accidentales ni de disfunciones esporádicas, sino síntoma de las carencias de un Estado incapaz de dar cumplimiento a los compromisos esenciales del contrato social, sobre cuya base se construyen los estados de derecho. El adecuado funcionamiento y coordinación de los diferentes servicios públicos, policiales, judiciales y de asistencia social puede prevenir y reducir drásticamente la violencia intrafamiliar.
Por el contrario, la violencia extrafamiliar con motivación sexual, que en Ciudad Juárez constituye una cuarta parte de los casos, y es la que produce mayor alarma social por el gran número de víctimas, pero sobre todo por la particular abyección demostrada por los criminales, que secuestran, violan y asesinan con crueldad extrema a sus jóvenes víctimas para abandonar luego sus cuerpos torturados en los baldíos, es esencialmente aleatoria. La elección de la víctima se realiza con criterios genéricos: se trata de mujeres, son jóvenes, trabajadoras o estudiantes de condición humilde, y carecen por todo ello de protección social, política o institucional. Esas coordenadas abstractas convierten en víctimas potenciales a miles de mujeres que se encuadran en ellas sin saberlo ni pretenderlo.En estos casos, la adopción de medidas preventivas generales puede ayudar, pero el único remedio realmente eficaz es la represión penal: investigar, procesar y castigar a los culpables.
Los feminicidios de Ciudad Juárez no son los más numerosos ni los más graves de una violencia de género que afecta a muchos otros lugares, y en algunos de manera aun más grave. ¿Por qué son, entonces, paradigmáticos?: por la incapacidad demostrada por las autoridades para impedirlos y para castigarlos. Son muestra de una desviación de poder endémica, regular, de un verdadero colapso institucional.
Esta corrupción del sistema no se erradica persiguiendo comportamientos individuales (aunque la persecución efectiva de los corruptos ayudaría mucho, obviamente), sino eliminando las condiciones en las que generalmente se produce. El remedio fundamental es la transparencia: es necesario abrir las puertas y ventanas de los tribunales de justicia, para que la sociedad vea y sepa lo que los policías, los fiscales y los tribunales están haciendo. Cuando los ciudadanos dispongan de antemano de la misma información de que disponen los jueces al resolver, la decisión de estos será muy previsible; les será más difícil, entonces, justificar decisiones que no respondan a las expectativas razonables de la sociedad.
Para resolver los feminicidios, es imprescindible el acercamiento entre la administración de justicia y la sociedad. Las instituciones deben ofrecer resultados efectivos en plazos razonables. Sólo de esa manera podrán recuperar la confianza perdida. Para conseguirlo, tienen que abordar de manera seria y sistemática las investigaciones de las torturas y detenciones ilegales alegadas por los detenidos, con todas las consecuencias; y tienen que rechazar de oficio por falta de legitimidad cualquier prueba de cargo obtenida de manera ilícita, con violación de la integridad física y otros derechos fundamentales de los inculpados o testigos. El castigo de los funcionarios responsables es igualmente imprescindible.
Las sociedades atemorizadas -y Ciudad Juárez, capital de uno de los grupos más poderosos del crimen organizado en todo el mundo, lo es- estigmatizan a las víctimas. Los ciudadanos se apartan de ellas para demostrar su sumisión al agresor, haciendo patente su decisión de no inmiscuirse, y para sentir una efímera seguridad. Separándose, creen que aquello que le pasó a la víctima no puede pasarles a ellos o a sus familias, porque ellos son diferentes. Por eso, se sienten tranquilizados cuando las autoridades etiquetan a las víctimas como personas de conducta dudosa. Como si eso, cierto o no, justificara su asesinato.
En Ciudad Juárez, el Estado no demuestra la presencia ni desarrolla la actividad que requerirían las circunstancias. Su ausencia es colmada por la presencia alternativa de otros poderes que coexisten en esa tierra de nadie: junto al debilitado poder institucional, el poder económico de la industria doméstica y las compañías multinacionales, y el poder omnipresente del cártel de Juárez.
Sabemos quiénes están detrás de los casos de violencia intrafamiliar; sabemos que son evitables, y sabemos también que la actuación de las instituciones puede y debe ser mejorada para prevenirlos y, llegado el caso, castigarlos.
No sabemos, por el contrario, quién está detrás de la violencia sexual extrafamiliar en Ciudad Juárez, por más que la reiteración de patrones de conducta en muchos de los crímenes nos permita avanzar algunas hipótesis. Podemos dar por hecho, según nos enseña la experiencia, que cuando las instituciones son incapaces, año tras año, de resolver crímenes de esta gravedad y persistencia, la única explicación razonable es que detrás de aquellos se encuentra un poder alternativo tan o más poderoso que el institucional, capaz de impedir a éste cumplir con sus obligaciones.
Quien esto escribe participó en 2003 como uno de los expertos enviados por la Organización de Naciones Unidas en una misión que tenía por objeto investigar las carencias del sistema procesal de Chihuahua que estaban propiciando la impunidad. Se han atendido las recomendaciones más técnicas, las menos relevantes. En los dos últimos años, han seguido produciéndose reformas institucionales, y las personas y organismos encargados de las investigaciones han ido cambiando, pero no cabe apreciar resultados sustanciales. El fondo del problema, la estructura y funcionamiento de las instituciones encargadas de la tramitación de los procesos penales permanecen más o menos iguales.
Los tribunales de justicia deberían ser las columnas inamovibles sobre las que descansa el principio de legalidad, inmunes a las presiones, independientes e imparciales. Con demasiada frecuencia, sin embargo, se muestran muy poderosos con los débiles, y demasiado débiles con los poderosos. La sociedad civil mexicana -y no sólo las mujeres: los hombres también- debe recuperar y hacer suyas a las víctimas de Ciudad Juárez, cualquiera que fuera su origen y condición, y reivindicarlas. Sólo cuando la opinión pública y los medios de comunicación sean capaces de articular frente a los crímenes una demanda de justicia que sea al menos tan poderosa como la demanda de impunidad que protege a los culpables, las fuerzas estarán equilibradas y los jueces encontrarán por fin las condiciones para empezar a cumplir con su obligación.

* Fiscal del Tribunal Supremo de España.

Revista Proceso

Por Juan Pablo Proal
PUEBLA, PUE.- Hasta noviembre pasado, Mario Plutarco Marín Torres, gobernador de esta entidad, era considerado como un mandatario sereno y hábil para la negociación, fama que se ganó al fungir como mediador en el prolongado conflicto que protagonizaron Elba Esther Gordillo y Roberto Madrazo Pintado.
Sin embargo, esa aura pacificadora empezó a desaparecer en diciembre pasado, a raíz de la aprehensión de la periodista Lydia Cacho Ribeiro por elementos de la Policía Judicial del Estado, pues varios reporteros y dirigentes de los partidos de oposición señalan que, en realidad, Marín Torres ha mantenido oprimida a la prensa local con un comportamiento autoritario.
Los periodistas que trabajan en esta entidad comentan ahora, cada vez con más frecuencia, los casos de censura y represión que han conocido, y aunque están seguros de que casi todos los medios locales han sido víctimas de estas prácticas, dicen desconocer el número de periodistas que enfrentan procesos penales en su contra.
Saben que hay denuncias por calumnia contra integrantes de su gremio, y que en las empresas informativas se están produciendo remociones y despidos injustificados de periodistas que no son del agrado del gobernador. Pero muy pocos se atreven a denunciar públicamente sus casos, debido a la complicidad de los dueños de las empresas informativas con el gobierno.
Los únicos periodistas que no dudan en exhibir el autoritarismo del jefe del Ejecutivo poblano son los corresponsales de medios nacionales radicados en el estado, aunque el enrarecimiento del ambiente ha propiciado que tanto ellos como los reporteros de la entidad comiencen a unirse para promover un amparo general contra posibles órdenes de aprehensión que podrían llegar en cascada en los próximos meses.
Historias de intoleranciaEn septiembre de 2004, cuando el discípulo del senador Manuel Bartlett Díaz hacía proselitismo en busca de la gubernatura, ocurrió un episodio que marcaría la pauta de su relación con la prensa.
La ira del candidato Marín Torres se desató el día 24, al arremeter contra los periódicos locales por haber destacado una declaración en la que se autodefinía como "instrumento de Dios". Reprochó a la prensa el tratamiento dado al encuentro que sostuvo con integrantes de la Alianza de Líderes y Pastores de Puebla, y definió a los reporteros que publicaron sus palabras como "insanos, incultos y hasta inmorales".Al inicio de su mandato, en febrero del año pasado, Mario Marín advirtió a los empresarios de la comunicación: "Hay crítica que solamente confunde y destruye. Ésa, pues vamos a procurar que desaparezca, porque ésa no contribuye a nada bueno, solamente a que la gente tenga más desconfianza, que no crea en nadie".Y ha cumplido su palabra.
Por publicar como nota principal el 10 de febrero de 2005 que de la Casa Puebla -la residencia del gobernador- un jefe de seguridad había sustraído cinco cajas de whisky y una sala, el reportero Julio Martínez Rivera, del periódico Síntesis y colaborador de la agencia de noticias Reuters, fue acusado de calumnias por el entonces jefe de seguridad, Alberto Ángeles Moreno, a instancias del jefe del Ejecutivo, quien de inmediato reprendió así al periódico:"Esto es una verdadera vacilada, es un chiste, lamento mucho que el periodismo en Puebla no avance, que tengamos todavía algunos reporteros que hagan de un chisme de lavadero una noticia principal (...) ¡Es una total falta de ética, una total irresponsabilidad, y yo diría que una total perversidad! No se vale que un periódico que yo pensaba que era serio se convierta en un pasquín de quinta categoría.
"Gracias a la llamada de un colega, Martínez Rivera se enteró de que sería acusado judicialmente, y ese mismo día se presentó ante la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur para solicitar que, en caso de que hubiera una denuncia en su contra, se le hiciera comparecer provisto de un polígrafo para que sus resultados se anexaran a la investigación.
El 14 de febrero, Martínez Rivera presentó su declaración ministerial como parte de la averiguación previa número 84/2005, que hasta la fecha se sigue en su contra por el presunto delito de calumnia. Y aunque ignora la evolución de su caso, en entrevista con este reportero revela ahora que, muchas veces, agentes de la Policía Judicial del Estado han merodeado su casa, y no duda en responsabilizar de ello al gobernador, ya que, dijo, "la política de Mario Marín es tener el control absoluto de la prensa".
Cinco meses después de que había detonado este caso, sonó el teléfono celular de la periodista Karla Blázquez Díaz, entonces reportera del programa radiofónico Al Portador. La llamaba su jefe, Alejandro Mondragón, quien también es propietario de la revista digital Status.
Cuenta ella que el empresario, "con ofensas e improperios", la reprendió por haber difundido una denuncia que interpusieron padres de familia del Círculo Infantil de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) -institución regida por Enrique Agüera, sucesor del actual presidente municipal priista Enrique Doger Guerrero- por un abuso que, en contra de cuatro niñas, presuntamente cometió un estudiante de nivel superior.El titular de Al Portador dijo a la reportera que ese tema "no era importante", y aunque ella trató de explicarle las repercusiones de la noticia, su jefe continuó increpándola, hasta que decidió renunciar.Ahora, como corresponsal de Imagen Informativa, refiere que aquel suceso tenía un antecedente. Meses antes, la misma empresa había decidido removerla, "sin explicación de por medio", de la fuente gubernamental.Pero Blázquez Díaz sí conoce las razones.Recuerda que en una ocasión se averió el vehículo oficial que transportaba a la prensa durante una gira del gobernador. La periodista narró al aire ésta y otras fallas de logística ocurridas en aquella ocasión, por lo que las autoridades estatales pidieron "su cabeza", de acuerdo con lo que le contaron más tarde sus colegas."Este es un ejemplo de la represión. Nos controlan las entrevistas con el gobernador, y en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) es lo mismo. La complicidad de los directivos de los medios (con las autoridades) es un asunto económico. No le pueden pegar a la mano que les da de comer", sentencia.Algo parecido ocurrió en agosto del año pasado, cuando la reportera Renata Vázquez García fue despedida por el empresario radiofónico Enrique Montero Ponce, padre del presidente estatal del PRI en Puebla, Mario Montero Serrano. Como en otros casos, la explicación que se le dio fue que su trabajo ya no se adecuaba al "estilo" de la compañía mediática.Pero Vázquez García tiene muy claro que su despido fue gestionado por personal de la UAP. La corresponsal del Grupo Radio Mil había difundido informaciones críticas sobre el rector Enrique Agüera Ibáñez, político vinculado al gobernador Mario Marín Torres.Un día de agosto, los directivos de Tribuna Comunicaciones le dijeron que "ya no les gustaba su trabajo", y fue liquidada, aunque horas más tarde un diputado local le confió que su despido se debió a que estaba afectando los intereses de Agüera Ibáñez.
Las amenazas también son parte del estilo estatal. Algunos periodistas que prefieren reservar sus nombres cuentan que, en una ocasión, durante un encuentro entre el gobernador Marín Torres y el secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, la corresponsal del periódico Reforma, Clara Ramírez, reprochó al gobernante su reticencia a conceder entrevistas. Dicen las fuentes que, minutos después, Javier Luna, jefe de Prensa del gobierno, amedrentó a la reportera: "¡A ver cuánto duras en Reforma!".
Periodistas, al amparo
El pasado 3 de enero, Alejandro Mondragón, titular de la página de internet Status Puebla, publicó una lista de periodistas que, al parecer, han sido sometidos a procesos judiciales, como Fernando Alberto Crisanto, director del diario Milenio Puebla; Mario Alberto Mejía, director del periódico Cambio; Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del periódico digital Econsulta; Fermín Alejandro García, jefe de información de La Jornada de Oriente; y los columnistas Enrique Núñez, Valentín Varillas y Arturo Luna.
Aunque algunos de ellos dijeron ignorar la existencia de denuncias en su contra, la mayoría aceptó haber escuchado versiones de que podrían estar sujetos a investigación.
Como sea, la detención de la investigadora Lydia Cacho Ribeiro, el pasado 16 de diciembre; el caso del periodista Julio Martínez y las declaraciones de Marín Torres han puesto en estado de alerta al gremio.
Por eso Martín Hernández Alcántara, del periódico La Jornada de Oriente, está organizando a los periodistas con el fin de presentar un amparo conjunto en las próximas semanas como medida preventiva ante posibles órdenes de aprehensión contra periodistas. El también catedrático de la Universidad Iberoamericana asegura que a la convocatoria se han sumado dos decenas de reporteros.Entrevistado sobre la crisis que enfrenta el ejercicio de la libertad de expresión en Puebla, el líder moral del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Francisco Fraile García, opina: "La historia de Mario Marín proviene de cuatro gobiernos anteriores; aprendió bien ese proceso de control, que no se ha perdido y que sigue vigente, en el cual se muestra al gobernador prácticamente como un dios, que no tiene errores ni desaciertos".
Fraile García, quien perdió ante Marín en las elecciones por la gubernatura, enfatiza que en la entidad las investigaciones periodísticas son continuamente censuradas cuando tocan los intereses del gobierno. Y sobre la falta de apoyo de las empresas informativas a los periodistas, el senador apunta: "El reportero es censurado y a veces corrido de su propio trabajo por emitir una expresión contraria al gobierno".
Sin embargo, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos la persecución contra los reporteros no existe. El presidente del organismo, Manuel Flores Mendoza -quien fue condiscípulo de Marín Torres en la licenciatura de derecho en la UAP-, sostiene: "En Puebla sí hay libertad de expresión".
A su vez, el vocero del gobierno estatal, Valentín Meneses Rojas, afirma que la administración priista respeta la libertad de expresión y la autonomía informativa de las empresas de comunicación. Niega que el gobierno tenga injerencia en despidos o remociones de reporteros.
Y asegura: "El gobierno del licenciado Mario Marín no ha demandado a ningún periodista ni tiene ninguna recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos".
Sobre el caso de Julio Martínez, Meneses Rojas considera que el periodista agravió a un trabajador del servicio público debido a su "falta de probidad" al informar del presunto robo cometido en Casa Puebla. "Aquí en Puebla se publica a favor y en contra del gobernador, y no pasa nada, y nosotros seguimos trabajando en los programas del gobernador. Cada medio es totalmente autónomo e independiente para marcar su línea editorial, y de nosotros dependerá si contratamos publicidad."

Revista Proceso

Por Jesús Cantú
En relación con los delitos contra el honor, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó, desde el 9 de marzo de 1964, que el denunciante está obligado a probar "no sólo la falsedad de la información publicada, sino también la real malicia del autor de la publicación, esto es, el conocimiento de que la información era falsa, y la intención de publicar la falsedad para perjudicar". A partir de entonces se instauró la denominada "doctrina de la real malicia".Así mismo, desde hace por lo menos cuatro décadas son claros, a nivel internacional, dos criterios. Uno: que en materia de delitos contra el honor, la obligación de probar la falsedad de la afirmación corresponde al denunciante, es decir, al presuntamente ofendido; y dos: para que dicha acción se sancione no sólo tiene que demostrarse la falsedad de la información, sino además la existencia de dolo y mala fe.Y desde 1994 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostró su preocupación por el hecho de que la difamación se castigue con penas de reclusión. En enero de 1996, en el Seminario de las Naciones Unidas/UNESCO sobre el fomento de los medios de difusión árabes independientes y pluralistas, se estableció "que los litigios en los que intervengan profesionales de los medios de comunicación en el ejercicio de su profesión deberán juzgarse en las instancias civiles, y no en las penales".Si estos criterios, aceptados y avalados por los tribunales internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos), prevalecieran en la legislación o en los tribunales mexicanos, el juicio y la detención de Lydia Cacho Ribeiro jamás hubiesen tenido lugar.No obstante las disposiciones de diversos tratados internacionales y de recomendaciones específicas, como la de la Comisión de los Derechos de la ONU, que en resolución del 27 de julio de 1999 deploró la existencia en México de la ofensa de difamación de Estado y llamó a su abolición, el país mantiene una normatividad obsoleta.Desde 1999, los relatores especiales para la libertad de expresión e información de la ONU, la OEA y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa emiten una declaración conjunta sobre diversos temas concernientes a la libertad de expresión. En las declaraciones de noviembre de 1999, noviembre de 2000 y diciembre de 2002 llamaron a los países miembros de tales organismos a revocar las leyes de difamación penal. En la de 2002, textualmente señalan: "La difamación penal no es una restricción justificable a la libertad de expresión; todas las leyes de difamación penal deben ser abolidas y reemplazadas, donde sea necesario, por leyes adecuadas de difamación civil".Abid Hussain, relator especial de la ONU, en su informe de 2000, establece: "Las leyes por las que se sanciona la difamación representan en potencia una amenaza grave a la libertad de expresión por la severidad de las sanciones de que la acompaña el fallo inculpatorio. Cabe recordar que una serie de órganos internacionales han condenado la amenaza que representan las penas de reclusión, ya se apliquen específicamente a las afirmaciones difamatorias o más en general a la expresión pacífica de puntos de vista".Y más adelante enfatiza: Es fundamental sensibilizar a la opinión pública a fin de que las leyes sobre difamación no se utilicen para acallar el debate público y abierto de cuestiones de interés general o específico. Una vez más, como mínimo debe entenderse lo siguiente:-Deben derogarse las leyes penales sobre difamación en favor de la vía civil, ya que ésta brinda medios suficientes para proteger la reputación de los interesados;-Las sanciones por difamación no deben ser tan graves que coarten la libertad de opinión y expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir información; no deben imponerse jamás sanciones penales, en particular la reclusión, ni tampoco reparaciones por daños y perjuicios que no sean estrictamente proporcionales al daño real causado;-Los órganos gubernamentales y las autoridades públicas no deben estar facultados para entablar demandas por difamación; las leyes sobre difamación, calumnia e injurias deben tener por único objeto proteger reputaciones, y no evitar críticas al gobierno, y ni siquiera mantener el orden público, para lo cual ya existen leyes específicas;-En las leyes sobre difamación deben tenerse en cuenta la importancia del debate abierto sobre las cuestiones de interés público y el principio de que las personas públicas han de tolerar un grado de crítica más elevado que los ciudadanos particulares;-En relación con publicaciones referentes a asuntos de interés público, resulta excesiva la exigencia de veracidad; ha de bastar con que se haga un esfuerzo razonable para determinar la verdad;-Por lo que se refiere a las opiniones, sólo han de considerarse difamatorios los puntos de vista claramente no razonables; no ha de exigirse nunca a los demandados que demuestren la veracidad de una opinión o juicio de valor;-La carga de la prueba de todos los elementos del pleito han de recaer en quien sostenga haber sido difamado, y no en el demandado;-En los pleitos por difamación deben arbitrarse, además de los daños y perjuicios, otros recursos posibles, como la petición de disculpa o la rectificación.Respecto a la despenalización de los delitos contra el honor, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Sergio García Ramírez, expresó en un voto razonado al resolver el 2 de julio de 2004 el caso de Herrera Ulloa contra Costa Rica: "Despenalización no significa ni autorización ni impunidad. Esta forma de enfrentar la ilicitud parece especialmente adecuada en el supuesto de (algunas o todas las) afectaciones al honor, la buena fama, el prestigio de los particulares. Esto así, porque a través de la vía civil se obtienen los resultados que se querría derivar de la vía penal, sin los riesgos y desventajas que ésta presenta. En efecto, la sentencia civil condenatoria constituye, de suyo, una declaración de ilicitud no menos enfática y eficaz que la condena penal: señala, bajo un título jurídico diferente, lo mismo que se espera de ésta, a saber, que el demandado incurrió en un comportamiento injusto en agravio del demandante, a quien le asiste el derecho y la razón. Por otra parte, la misma sentencia civil puede condenar al pago de ciertas prestaciones correspondientes al daño moral y, en su caso, material, causado a la persona a quien se difamó. Así las cosas, una resolución civil provee las dos especies de reparación que revisten mayor interés para el sujeto agraviado, y además entraña, para satisfacción social, el reproche jurídico que merece una conducta ilícita".Sin embargo, los legisladores mexicanos no escuchan ninguna de estas voces, pues perseveran en la penalización de los delitos contra el honor, e incluso en la llamada difamación de Estado y contra los símbolos patrios.En el caso de la legislación del estado de Puebla, que es donde se dictó el pasado 23 de diciembre el auto de formal prisión contra Lydia Cacho, el artículo 357 del Código de Defensa Social estipula: "La difamación consiste en comunicar a una o más personas la imputación que se hace a otra, física o jurídica, de un hecho cierto o falso, que cause deshonra, descrédito, perjuicio o lo exponga al desprestigio de alguien".El artículo 358 establece la pena de prisión de seis meses a cuatro años, y el 359 prevé: Al acusado de difamación no se le admitirá prueba alguna para acreditar la verdad de su imputación, sino en los siguientes casos:I.- Cuando aquélla se haya hecho a un depositario o agente de la autoridad, o a cualquier otra persona que haya obrado con carácter público, si la imputación fuere relativa al ejercicio de sus funciones; y,II.- Cuando el hecho imputado esté declarado cierto por sentencia irrevocable y el acusado obre por motivo de interés público o por interés privado, pero legítimo, y sin ánimo de dañar.En estos casos se librará de toda sanción el acusado, si probare su imputación.Es evidente que esta legislación va en contra de todas las recomendaciones y resoluciones de los organismos internacionales, pues establece la vía penal para dirimir la difamación y la sanción de prisión; deja la carga de la prueba de la veracidad en el demandado -y sólo en algunas circunstancias- y, finalmente, se olvida de señalar que en los casos de interés público no sólo es importante demostrar la falsedad de la afirmación, sino el ánimo de dañar o perjudicar.El caso de calumnia incluido en el artículo 362 es muy similar, salvo que tiene que ser un hecho "determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa".Como muchas otras disposiciones de los tratados internacionales que México suscribe, la despenalización de los delitos contra el honor no parece interesar a las autoridades mexicanas. De nada sirve la reiteración que el nuevo relator especial de la ONU, Ambeyi Ligabo, hace en el reporte de 2005, en el punto 69: "Para adaptarse a las normas internacionales, la legislación nacional debería disponer que los casos de difamación y calumnia queden comprendidos en la jurisdicción civil".

Revista Proceso

Por Rodrigo Vera
Debido a que los delitos de difamación y calumnia ya se han convertido en “sofisticados mecanismos de coerción” con los que se intenta acallar a los periodistas mexicanos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acaban de presentarse dos iniciativas para despenalizarlos, expone Proceso en su edición de este domingo 22 de enero..En los primeros días de este año, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada Cristina Portillo Ayala, del PRD, presentó una propuesta para que, en el artículo séptimo constitucional, se estipule que no debe restringirse la difusión de información de interés público con el argumento de que atenta contra la privacidad de las personas.Mientras que, en la ALDF, el legislador Carlos Reyes Gámiz, también perredista, presentó una iniciativa para que las figuras de “difamación” y de “calumnia”, previstas como “tipos penales” en el Distrito Federal, “sean sustituidas por una ley especial” que “despenalice” estos delitos. Y así puso a consideración de sus pares la aprobación de la “Ley del Honor”, que consta de 42 artículos. Ambas propuestas surgieron a raíz de las demandas que se han interpuesto contra periodistas o medios informativos, como la demanda de Marta Sahagún contra la periodista argentina Olga Wornat y el semanario Proceso, o, más recientemente, como la denuncia por difamación del empresario textil Kamel Nacif contra la periodista Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del edén; el poder que protege a la pornografía infantil, destaca el reportaje que aparece este domingo 22 de enero en Proceso.

Revista Proceso

Por Marcela Gómez Zalce
Partycrashers
El objeto de la ley, mi estimado, es impedir que los fuertes se salgan siempre con la suya. En el PRI, el cobro de divertidas facturas apenas comienza, con el banderazo de salida en la inclusión de los miembros del simpático Tucom que hoy es... Todos Unidos con Madrazo (para no vivir estúpidamente en el error), demostrando un pragmatismo que raya en el cinismo, después de haber despotricado contra el tabasqueño por sus conocidas y abominables marrullerías. Hoy, Enrique Jackson, Tomás Yarrington, Manuel Angel Núñez Soto, Enrique Martínez, Francisco Labastida, Diódoro Carrasco, Natividad González Parás y una interminable lista de personajes que se cansaron de hablar mal en público y en privado del ex líder tricolor, al cual calificaron de gandalla y con quien no irían ni a la esquina, hoy son sus más entusiasmados fans. Y como sorpresas te da la vida, con la pena compadre, pero Roberto es un tipazo, honesto, creíble y ni pintado para ayudarnos a recuperar Los Pinos. Además de que goza de todas nuestras confianzas, por lo que vamos cerrando filas... con nuestras respectivas solicitudes, por supuesto.Esta extraña actitud inclinada de los priistas, my friend, demuestra por un lado la suma de todos sus miedos y por el otro, que son tan mentirosos, farsantes y simuladores como su candidato presidencial. ¿Por qué? Sencillo.Hace algunos meses todos se encargaron de vociferar que ellos querían ser presidentes de la República y que no estaban en el baile para terminar aceptando una roñosa curul, faltaba más. Pero como más pronto cae un hablador que un cojo, y un pequeño desatino resulta agradable de vez en cuando, mi Roberto ¡you're the man and u rock! Todo parece ir sobre ruedas, aunque para el defensor de los derechos de las ratas, Arturo Montiel Rojas, el panorama luce un poquito más, digamos, complicadón. Los otros integrantes del Tucom están encantados de haber nacido y ya se ven en Xicoténcatl del 2006 al 2012. Well, we hate to be the enemy of fun. Es muy probable, amable lector, que aquí no habrá final feliz, por la simple razón de que al tabasqueño no le alcanzan las fichas legislativas para cumplir su bola de compromisos, por lo que habrá alguna entretenida y temeraria purga para quitarles las ganas de quedarse en la foto.Y hablando de peligrosas imágenes, en Puebla el gobernador Mario Marín Torres ha demostrado el tamaño de su alianza con el rey de la mezclilla whatever, Camel Nacif Borge, señalado en el libro Los demonios del Edén, de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, como miembro de una poderosa red de personajes involucrados en escandalosos hechos de acoso sexual y abuso de menores. Lydia, querido lector, documentó ampliamente, con testimonios de las víctimas. Por ello fue acusada de difamación, secuestrada ilegalmente en Quintana Roo y encarcelada en Puebla, con la aberrante complicidad y la protección que, desde el poder, el despótico gobernador Marín Torres le proporcionó a su cuate acusado además de machista (poor thing) Nacif Borge, quien ha tenido ilustrísimas declaraciones llamando a la periodista llorona y exigiéndole que sea hombrecito... como se dará cuenta, este circo de afirmaciones es digno para un script de Animal Planet.Así se las gastan estos execrables personajes, mientras la noticia sobre la violación a la libertad de expresión y de los derechos humanos da rápidamente la vuelta al mundo, provocando una cadena de airadas reacciones.En este caso, my friend, la fiesta tampoco tendrá un final feliz, con todo y las amenazas, las malas caras y los ocurrentes mensajes que, desde la impunidad que da el dinero y el descomunal poder, envíen esta bola de personajes pasados de lanza que tarde o temprano... pasarán a la báscula.

Revista Cambio

Es difícil dividir a la comunidad de Polanco, en el DF, sin dividir a la comunidad judía. Y esa hazaña ha sido lograda por los excesos de la campaña de Amlo, iniciada desde el Gobierno del DF con una serie de arreglos por demás opacos, muy favorables para poderosos miembros de esa comunidad, del ramo inmobiliario, pero muy desfavorables para los moradores de Polanco, con importante densidad de población judía. Sus remitentes solicitan que sus nombres no sean mencionados, tanto para evitar represalias de las escuadras perredistas como para no ahondar la división de su comunidad, pero cada día se agregan nuevos mensajes de indignación por las autorizaciones de construcción y cambios de uso del suelo, por encima de la ley, que están alterando el paisaje y la vida de Polanco, y que no se explican más que en función de arreglos, de erogaciones extraordinarias destinadas a la campaña presidencial de Amlo, como lo sugiere día con día, sin respuesta de las autoridades, Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula. El problema es que, para tratar de compensar la frecuente expresión de los temores que despierta Amlo entre la mayor parte del empresariado, fueron los organizadores del acto de proselitismo realizado con motivo del registro de la candidatura, en el IFE, el domingo 8 de enero, quienes difundieron los nombres de los empresarios que sí lo apoyan. Entre ellos figuran, obviamente, los constructores (por adjudicación directa, sin concurso y sin rendición de cuentas sobre costos directos e indirectos) de los segundos pisos del Periférico y del Distribuidor Vial de San Antonio: José María Riobóo y David Serur Edid. O Alejandro Soberón Kuri y José Manuel Álvarez, de Ocesa, la compañía de espectáculos al servicio del programa “Dfiesta”, de eficaz promoción de la precandidatura de Amlo, pero con cuentas ocultas en un fideicomiso hasta ahora inescrutable. Pero la lista de empresarios promotores, ya, de la candidatura presidencial de Amlo, entregada por los organizadores del acto de proselitismo del domingo antepasado, incluyó poco más de media docena de empresarios del ramo inmobiliario de la comunidad judía. A la cabeza de ellos figura David Daniel Cavas, presidente del Grupo Danhos, que maneja el controvertido proyecto Reforma 222, el principal desarrollo de vivienda en esa sensible zona, quien además obtuvo el apoyo del gobierno de Amlo para la construcción de los centros comerciales Parque Delta y Parque Alameda, de acuerdo con la investigación de Víctor Fuentes, publicada en Reforma el martes 10 de enero. El mismo reportero documenta los negocios, alentados por el gobierno de Amlo, de los demás empresarios de la comunidad judía incluidos en la lista de promotores del voto dada a conocer por su propio comité de campaña: los hermanos Abraham y Elías Cababie, que desarrollaron los proyectos City Santa Fe, Residencial Lomas II y Arcos Bosques; los hermanos José, Gregorio y Ariel Bromberg, que construyeron la Torre Reforma 115; Siahou Sitton Guindi, del Sheraton Centro Histórico; Marcos Shabot, del TecnoParque Industrial de Azcapotzalco… “Total”, dice uno de los mensajes recibidos, “en el estilo clientelar de gobierno del DF, que sigue bajo control de López Obrador, no hay más forma de hacer negocios en nuestra capital que erogar para su campaña y aparecer en sus listas de promotores y asistir a sus actos de proselitismo…”. “Pero —continúa el mismo mensaje— sobre los compromisos políticos para promover el voto del abanderado del PRD, a cambio de verse favorecidos en sus negocios, hay algo que no puede checar para los miembros de la Comunidad Judía. Y es que ese mismo PRD, por decisión de ese mismo candidato presidencial, lleva entre sus candidatos al Senado de la República al líder del Sindicato del Seguro Social, Roberto Vega Galina, quien en sus movilizaciones de octubre prohijó, o al menos no se deslindó, como tampoco se deslindó López Obrador, de las expresiones antisemitas que allí se produjeron”. Benjamín Speckman, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México; Mauricio Lulka, director general del Comité Central de la Comunidad Judía de México; Marcos Metta Cohén, presidente de Tribuna Israelita, y René Dayán-Shabot, directora de Tribuna Israelita, enviaron a este espacio un agradecimiento por los comentarios aquí vertidos “respecto a las pintas antisemitas realizadas en el IMSS”. Y un reconocimiento por el llamado de alerta que hizo esta agenda, “ante los riesgos de intolerancia”, afirmaron los líderes de la Comunidad Judía, en referencia al registro que hizo la columna publicada el pasado 17 de octubre, no sólo de la renuencia de Amlo a condenar terminantemente aquella expresión racista, sino de su virtual justificación a quienes la perpetraron por representar a trabajadores a los que “se ha satanizado”.

Medio: La Crónica de Hoy

Centro Histórico de la Ciudad de México
Por Nayeli Roldán
Intercambio político. Tradición histórica. Vida desordenada. Monstruo. Una manera de ganarse la vida. Delincuencia. Éstas son algunas definiciones del comercio ambulante o informal. A pesar de la reprobación social, dicha actividad se ha convertido en parte del paisaje urbano y cultivo de variables sociales cada vez más complejas que lejos de solucionarse se incrementan. La muestra más visible es el Centro Histórico de la Ciudad de MéxicoRecientemente el presidente Vicente Fox anunció que emitirá un decreto para regularizar a los 11 millones de personas dedicadas al comercio informal, que representan 27 por ciento de la población, mediante una cuota de pago bimestral. Esto significaría “abrir las puertas de la economía de par en par”.El ambulantaje no es un tema nuevo si bien es cierto que ha aumentado a causa de crisis económicas en el país, y que están integrados en un “círculo perverso” entre desempleo e ilegalidad, también obedece al manejo indebido de un gran número de personas que responden como instrumento de acción política.Según el doctor Héctor Castillo Bertier, investigador de la UNAM, el ambulantaje creció exponencialmente gracias al “hambre de políticas clientelares”, pues tiene relación directa con la anuencia, justificación y legitimación que dan las autoridades. Además en momentos electorales “se apapacha para no quitarle votos al partido”.Si hay un “partido nuevo en el poder”, debe cumplir los compromisos adquiridos con ciertas agrupaciones. “Es muy fácil darles permisos dentro de la lógica del clientelismo político, que tienen el sello de la impunidad política y manejo perverso de las clientelas”, argumenta el doctor Castillo.Institucionales y tolerantesLa Asociación de Comerciantes en Pequeño Benito Juárez AC, agrupa a más de 700 integrantes de los cuales, 400 ocupan la Plaza Comercial Pino Suárez y el resto trabajan en las calles de 5 de Febrero, República de El Salvador, 16 de Septiembre, Bolívar, Pino Suárez, entre otras. En palabras de su secretaria general, Esther Mata Chavarría, “se manejan institucionalmente”.La organización ha cabildeado con administraciones encabezadas por el PRI y el PRD pero por el momento tiene inclinación con la fracción perredista porque “coinciden con su ideología”.La asociación por su parte corresponde, “asistimos a los eventos (del partido) que nos invitan”, dice Mata Chavarría, tomando en cuenta la opinión de los agremiados, para “hacerles ver cuál es el fin de esta lucha y tener una visión de a qué vamos, que al final es para su beneficio”.La líder de los comerciantes de Plaza Pino Suárez asegura que la saturación es evidente, “en la Delegación Cuauhtémoc ya no hay espacio para vender”. A pesar de ser simpatizante perredista, Esther Mata reconoce que “el crecimiento ha sido desde que entró este gobierno —PRD— Entendemos que sea un gobierno democrático pero eso no quiere decir que estén dando manga suelta a todo, porque implica un riesgo muy grande”.“Ni en los mejores años del PRI, las calles del Centro Histórico estaban como ahora”, sostiene la líder. Ellos reconocen la actuación fundamental que ha tenido la autoridad capitalina para el crecimiento del comercio en vía pública.El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de México de la UNAM y el Centro Francés de Estudios Mexicanos, realizó un compendio de investigaciones relacionados con el ambulantaje, donde participó Héctor Castillo Bertier.En él apunta: “El ambulantaje se trata de un sistema de intermediación e intercambios político y económico, donde los primeros ganan protección y los segundos apoyos políticos populares —tan caros hoy en día—; todos obtienen amplios beneficios económicos que retroalimentan su poder y extienden redes de corrupción”.Para Víctor Cisneros, presidente de la Unión de Comerciantes de la Ciudad de México, el comercio en vía pública parte de una situación de “complicidad, donde unos abusan y otros toleran, convirtiéndose en la ley de la gandaya”. A su parecer, la autoridad otorga facilidades a los comerciantes porque “les resultan un gran respaldo a la hora de accionar, engrosan más las marchas”.Procesos electoralesDe cara a los proximos comicios para elegir al nuevo presidente de la República y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante estos meses que dura el proceso la situación se puede congelar creando mayor impunidad.Para el investigador de la UNAM, Héctor Castillo, el papel del gobierno saliente “es apapachar, no crear conflictos, no quitarle votos al posibles al partido”. Además asegura que “el peor momento de accionar es este —electoral— porque ninguna autoridad va a querer dar el golpe. Vivimos esa inercia gubernamental de cambio de gobierno”.Para Esther Mata durante el proceso electoral la lógica de la autoridad es no provocar problemas con los comerciantes, “no los pueden quitar porque entonces, ¿quién apoya?”. Sin embargo, la líder asegura que los acuerdos entre autoridades con algunos dirigentes de la vía pública son “entendimientos entre ellos, que ponen en riesgo a todo el sector de comerciantes”.En un año, dice, ya habrá otro presidente de la República y otro jefe de Gobierno y sin importar su fracción partidista, tiene que tomar una decisión en cuestión al ambulantaje porque las calles ya no pueden seguir como están”.Cifras imprecisasNo hay consenso en cuanto al número de vendedores ambulantes que existen, tan sólo, en el Centro Histórico. Autoridades del gobierno del Distrito Federal afirman que de acuerdo con sus estadísticas el ambulantaje en el corazón de la ciudad ha disminuido en los últimos dos años, llegando a casi 10 mil; sin embargo, según censos de la Unión de Comerciantes de la Ciudad de México, existen 35 mil ambulantes.Durante la gestión de Rocío González Rocío González, directora general de Programas Delegaciones y Reordenamiento de la Vía Pública en el Distrito Federal, durante tres años hubo una disminución de 24 mil comerciantes a 10 mil. La disminución obedece, asienta, a la remodelación de 34 manzanas y a que los comerciantes “se han incorporado en otras zonas de la ciudad o se han quedado en su lugar de origen que es el Estado de México”.En tanto, el presidente de la Unión de Comerciantes de la Ciudad de México, Víctor Cisneros Taja, revela que según el último censo realizado en diciembre de 2004, avalado por la Cámara de Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), son 35 mil comerciantes informales que “toman las calles” del Centro Histórico, y Guillermo Gazal, explica que según informes de Comerciantes Unidos para la Protección del Centro Histórico (Procenthrico), en 1994 eran 200 mil y ahora son 600 mil ambulantes en las 16 delegaciones del Distrito Federal; mientras que a nivel nacional son 13 millones 800 mil.Caldo de cultivoA pesar de la reprobación social, el comercio ambulante se ha convertido en parte del paisaje urbano, y la única opción para quienes sólo pueden comprar productos económicos, pero al mismo tiempo ha resultado un cultivo de variables sociales cada vez más complejas que lejos de solucionarse parecen incrementar.Víctor Cisneros denuncia que “el grado de violencia en esta zona es terrible, lacerante; y las autoridades no hacen nada. Sólo hay policías en las calles recuperadas. En los puestos se están vendiendo droga, pero cuando se los exponemos a las autoridades quieren que nosotros les hagamos su chamba y les digamos quién es y dónde se distribuye la droga”.La piratería es otro aspecto de preocupación para las autoridades y parece que no hay manera de acabar con ella. Además se requiere de una buena comunicación entre autoridades federales y locales, “porque si bien es competencia federal debería estar vinculado, no sólo es el que vende 80 discos en la calles, más bien el que debe interesar es quien los produce. La piratería no llega al centro de la ciudad más que por las fronteras y ahí la administración local no tiene ninguna injerencia”.Esther Mata argumenta que la piratería de discos o películas no está en un puesto de un metro de largo porque “para mí, la piratería es una bodega con muchos aparatos y que está armando cientos de compactos y que las autoridades saben en dónde están pero se ensañan con un comerciante en vía pública que tiene 50 compactos”.Magdalena Acuña, en su posición de líder no puede impedir la venta de piratería; además de que el número de productos son mínimos y otro factor que incrementa la piratería es porque “si la gente no tiene para comprar un disco o película de más de 150 pesos, pues no tiene otra opción que los piratas de diez pesos, ése es el círculo”.Liderazgo, un buen negocioTan sólo en el Centro Histórico existen más de 50 liderazgos; la venta de espacios es de 30 mil a 60 mil pesos. La ex directora Rocío González dialogó durante su gestión con esos líderes por lo que asegura que ellos “ejercen una autoridad no sólo moral sino económica sobre los ambulantes. Se creen herederos de las calles por lo que nadie puede vender en el Centro si no pertenece a algún gremio”.El investigador de la UNAM Castillo Bertier sostiene que “el mejor trabajo es ser líder de ambulante”, y coincide con Guillermo Gazal en que son grandes cantidades de dinero que obtienen de las cuotas de sus agremiados (la aportación es de 50 a 100 pesos por puesto) y que probablemente una parte sea entregada a autoridades medias de la delegación para continuar con la impunidad.Además una gran parte de líderes tienen vínculo familiar de orden matriarcal. El 60 por ciento de vendedores ambulantes son mujeres y 40 por ciento hombres. Un ejemplo de ello es la pública disputa de espacios por dos lideresas: María Rosette y Alejandra Barrios.Solución integralLas plazas comerciales sugieren una opción para controlar el crecimiento del ambulantaje. Un ejemplo exitoso es Plaza Meave ubicada en el Eje Central. Nació precisamente con la idea de reubicar a los comerciantes que se encontraban en esa zona, no obstante llegaron otros más a ocupar los lugares en la calle.Entonces, dice el doctor Castillo no significó la desaparición del ambulantaje porque “no existe el criterio de la preservación del espacio público como tal. En la calle transitan personas que tienen derechos y obligaciones. Éstos son los vacíos legales que tiene el Estado que no ha podido aplicar”.Cabe mencionar que fueron retirados los ambulantes de las 34 manzanas remodeladas del Centro Histórico, sin embargo, están “toreando” para seguir vendiendo. Esto porque “las autoridades no tienen una política de mediano y largo plazo de los sitios que se van recuperando y puedan ser respetados”, refiere el investigador.Efectivamente los comerciantes intentan trabajar en esas calles porque “no les ofrecieron reubicación, u optan por irse a las calles donde sí hay tolerancia, por eso el Eje Central está como está. Lo que hacen con esas actitudes es que benefician a algunas organizaciones porque se vuelven más numerosas. Luego de los desplazamientos se provoca peleas entre los comerciantes por un espacio”, explica la líder de Pino Suárez.Otro intento que parece fallido son las nuevas plazas comerciales porque según los comerciantes están en completa disposición, “siempre y cuando la autoridad nos muestre el diseño de las plazas comerciales; además, jamás nos va a convenir una plaza donde los locales sean a renta, sino que sea concesión o venta”.Magdalena Acuña asegura que una plaza comercial no es la solución pues “no se vende igual y el comerciante busca la manera de subsistir pero no tendría capital suficiente para invertir en la compra de un local y además surtirlo”.Para Esther Mata los problemas son generados por el crecimiento desproporcionado de vendedores, pues algunos líderes llenaron los espacios con tal de ganar más dinero. Por eso apuesta por la autorregulación, de lo contrario llegará un momento en que no habrá compradores sino sólo vendedores.La solución para erradicar el comercio informal según expresa el doctor Castillo Bertier es el “ejercicio de la ley. Porque los comerciantes no van a renunciar a lucrar, comprar y vender sin regulación, sólo con una cuota a un líder; ahí se necesita fuerza pública, imposición del Estado, donde haga valer el uso de los espacios públicos”.Quien gobierne debe plantear desde el primer año de gestión una propuesta concreta.Se requiere una estrategia de mediano y largo plazos y un plan de desarrollo para regularizar. “Y seguramente se enfrentará dos o tres años con manifestaciones, mentadas de madre, bloqueos, hasta que limpie las zonas”.

Revista Milenio Semanal

La pasión de los ángeles
Por Javier Cercas
Con su libro El Estado popular de Hitler. Robo, guerra racial y socialismo nacional, el historiador Götz Aly acaba de desencadenar una polémica considerable en una Alemania que a lo largo del año 2005 conmemoraba el 60o. aniversario de la caída del Ill Reich en medio de una avalancha de publicaciones en torno a la enigmática naturaleza del régimen nazi y sus resultados catastróficos. Lo que Aly sostiene es que la explicación de que uno de los países más civilizados de la tierra aceptara ser gobernado por una pandilla de oligofrénicos sin escrúpulos que instauró un régimen político de barbarie y lo condujo a una guerra incomparablemente devastadora y al exterminio de seis millones de judíos no debe buscarse sólo donde suele buscarse: en el hecho de que, rotos interiormente por la derrota en la I Guerra Mundial, devorados por la crisis económica y las condiciones salvajes impuestas por los vencedores en Versalles, y hechizados por una propaganda abrumadora, los alemanes se dejaran embaucar, como en una inconcebible borrachera multitudinaria, por las subyugantes promesas paradisiacas que surgían de la boca carismática del Führer. Aly arguye que esas razones no bastan; la verdadera explicación, afirma, no es ideológica: es económica. Según ella, los alemanes fueron sometidos a una suerte de soborno masivo: a cambio de su colaboración con el régimen -de su apoyo a la guerra, la barbarie y el exterminio-, los ciudadanos de Alemania obtuvieron abundantes beneficios sociales y económicos, resultado del expolio sistemático e indiscriminado del patrimonio de los judíos asesinados y del de los países ocupados por la Wehrmacht. Aly documenta ampliamente el expolio: también, las ventajas que de él se derivaron para la vida cotidiana de los alemanes. Así que, a pesar de los reproches de algunos historiadores solventes (que lo acusan de practicar un materialismo estrecho de miras), no queda más remedio que concluir que en parte Aly tiene razón.Pero sólo en parte. Ni siquiera Aly puede dejar de reconocer que también hubo borrachera y líder carismático y delirios antisemitas de pureza racial y promesas de Paraíso, y que, en el contexto de una depresión colectiva, es fácil dejarse seducir por las promesas de Paraíso. En ese contexto y, para mucha gente, en cualquier otro, porque, como dice Javier Mina en su libro El ojo del cíclope, la del Paraíso en la tierra es "la metáfora fundante del totalitarismo": la perversa fascinación de éste radica precisamente en que nos promete librarnos de la contradictoria y dolorosa complejidad de lo real para entregarnos al ilusorio sosiego feliz de un lugar que no existe más que en los delirios enfermos de un Führer. Ahora bien, lo que llama de veras la atención en las reacciones que han suscitado las tesis de Aly es que para muchos resulte más escandaloso el hecho de que los alemanes apoyaran a los nazis llevados por móviles económicos que el hecho de que lo hicieran llevados por móviles ideológicos. Porque lo cierto es que la guerra y el exterminio no son menos abyectos si se cometen (o se apoyan) por idealismo que si se cometen (o se apoyan) por dinero. Es más: los grandes asesinos actúan casi siempre movidos por buenas razones. convencidos de que están obrando por el bien de la humanidad, o al menos por el bien de los suyos. Naturalmente, esta evidencia tremenda no es fácil de aceptar, porque equivale a aceptar que nuestro enemigo -incluso el enemigo de cualquier forma de comportamiento civilizado- puede ser alguien saturado de bondad y altruismo, pero el hecho es que es válida tanto para los regímenes totalitarios (de ayer y de hoy como para los terroristas (de hoy y de ayer). Oímos decir a menudo que el terrorismo no tiene razones. Pero una cosa es decir que el terrorismo no tiene razón, y otra, que no tiene razones. Por supuesto que las tiene, y siempre o casi siempre -para quien lo practica- esas razones son las mejores. ¿O es que alguien se imagina que los jihadistas que tumbaron las Torres Gemelas y volaron por los aires los trenes de Madrid y los vagones de metro y los autobuses de Londres actuaron guiados por motivos rastreros? No: lo hicieron por idealismo, por altruismo, convencidos de obrar en favor de un mundo mejor, de que con sus crímenes iban a traer el Paraíso a la tierra. No eran fanáticos enloquecidos, sino actores perfectamente racionales. Eran ángeles; ángeles exterminadores, desde luego, pero ángeles. Sobra decir que esto los hace mucho más peligrosos, porque no basta con impedirles que actúen: además hay que eliminar el idealismo desaforado y perverso que les impulsó a actuar, hay que quitarles no sólo la razón, sino las razones, porque son ellas -tan atroces corno radiantemente seductoras- las que van a seguir impulsando a actuar a tantos otros como ellos.Así que ojalá Götz Aly tuviera razón: ojalá los alemanes que apoyaron a Hitler hubieran actuado sólo por codicia. La codicia es una pasión humana, tangible, relativamente controlable también. Hay otras -más antiguas que la codicia, como la pasión por el Paraíso- que no lo son. No son las pasiones de los hombres, sino las de los ángeles. Y por eso son también mucho más peligrosas.

Revista El País Semanal